Judiciales ⚖️
La lanzaron al vacío sin cuerdas: tres instructores presos por la muerte de María Eduarda en Brasil
Un juez de São Paulo decretó la prisión preventiva de los tres instructores acusados de homicidio con dolo eventual por el deceso de la joven de 21 años que cayó desde 40 metros en el Puente del Esqueleto de Limeira. Las empresas organizadoras eliminaron sus perfiles en redes sociales tras la tragedia.
El juez Paulo Henrique Stahlberg Natal ordenó la prisión preventiva de Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, los tres instructores detenidos el sábado 13 de junio tras la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que cayó desde una altura aproximada de 40 metros durante una actividad de rope jumping en el conocido Puente del Esqueleto (Ponte do Esqueleto), ubicado en la ciudad de Limeira, en el interior del estado de São Paulo. Los imputados fueron acusados formalmente de homicidio con dolo eventual, figura jurídica que se aplica cuando una persona asume conscientemente el riesgo de causar la muerte de otro, aunque no exista la intención directa de hacerlo.
Sin cuerdas y sin habilitación municipal
Según la resolución judicial, María Eduarda fue lanzada al vacío en la modalidad conocida como «avioncito» sin que las cuerdas de seguridad estuvieran correctamente conectadas a su arnés. La secuencia quedó registrada en videos tomados por testigos presenciales. Las autoridades confirmaron que la actividad fue organizada por las empresas privadas Entre Cordas e Ih Voei, las cuales operaban el sitio sin ningún tipo de habilitación municipal, según señaló el propio Ayuntamiento de Limeira. Tras la tragedia, ambas firmas eliminaron sus perfiles en redes sociales.
El evento contó con alrededor de 100 participantes. La víctima, graduada en Educación Física y Gestión Deportiva y residente del municipio de Jandira, en la región metropolitana de São Paulo, había viajado aproximadamente 150 kilómetros hasta Limeira para participar de la jornada. Horas antes del salto, publicó en sus redes sociales una fotografía del puente junto al texto: «¿Quién fue la loca que me dejó venir a saltar desde un puente?». El personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) llegó al lugar pero solo pudo certificar su fallecimiento por la gravedad de las heridas. Su prometido, que presenció la caída, sufrió una crisis nerviosa y debió recibir atención médica.
Fuga y operativo policial
El juez fundamentó la prisión preventiva en los indicios de que los acusados intentaron abandonar el lugar del accidente y podrían interferir en las investigaciones. Testigos señalaron que, tras la caída de la joven, los instructores se cambiaron de ropa y se internaron en una zona de vegetación cercana. Dos de ellos fueron localizados mediante un operativo policial apoyado por un helicóptero. En total, la Policía Civil detuvo a seis personas vinculadas a la organización, aunque la prisión preventiva solo alcanzó a los tres que intervinieron directamente en el salto.
Al declarar ante la justicia, dos de los instructores dijeron ser responsables de atar las cuerdas pero afirmaron haber «sufrido un desmayo» en ese momento, por lo que no recordarían dónde ni cuándo ocurrió el fallo. El tercero aseguró haber sido convocado únicamente para sostener las piernas de la víctima durante el lanzamiento. El juez desestimó implícitamente esas versiones al confirmar que existía riesgo de reiteración de conductas peligrosas, dado que los imputados realizaban este tipo de actividades de manera habitual y sin ningún tipo de formalización.
El municipio demanda al Estado federal
El Ayuntamiento de Limeira anunció que iniciará acciones legales contra el Gobierno federal brasileño por negligencia en la fiscalización del Puente del Esqueleto. Según informó la propia administración municipal, desde principios de 2025 venía adoptando medidas administrativas y exigiendo la actuación de los organismos federales competentes ante el uso irregular del puente para actividades de aventura sin control. La tragedia del sábado, señalaron desde el municipio, evidenció que esa omisión fue «insostenible e inaceptable».
El caso reavivó el debate en Brasil sobre la ausencia de regulación efectiva en el sector del turismo aventura y los deportes de alto riesgo. El Puente del Esqueleto es una estructura de uso público que se convirtió en destino habitual para empresas que ofrecían saltos extremos sin las habilitaciones, controles de equipos ni protocolos de seguridad exigibles. La muerte de María Eduarda no fue el resultado de un accidente imprevisible, sino la consecuencia de una cadena de omisiones documentadas que el propio municipio venía denunciando desde hacía más de un año.
Puntos clave
- El juez Paulo Henrique Stahlberg Natal dispuso la prisión preventiva de tres instructores por homicidio con dolo eventual tras la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, el 13 de junio de 2026.
- La joven fue lanzada al vacío desde 40 metros en el Puente del Esqueleto de Limeira sin que las cuerdas de seguridad estuvieran conectadas a su arnés.
- Las empresas organizadoras, Entre Cordas e Ih Voei, operaban sin habilitación municipal y eliminaron sus perfiles en redes sociales tras la tragedia.
- Dos instructores alegaron haber sufrido un «desmayo» que les impidió recordar el error; el juez igual decretó su detención por riesgo de fuga e interferencia en la investigación.
- El Ayuntamiento de Limeira demandará al Gobierno federal por negligencia en la fiscalización del puente, señalando que alertó a las autoridades nacionales desde principios de 2025.
Energía
El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas
Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.
El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.
Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado
Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.
El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.
El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado
En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.
Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.
Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica
Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.
No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.
Una red envejecida y sin obligación de inversión
El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.
La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.
La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA
La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.
El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.
Puntos clave
- El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
- La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
- Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
- Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
- La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
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