Energía
El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas
Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.
El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.
Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado
Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.
El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.
El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado
En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.
Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.
Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica
Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.
No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.
Una red envejecida y sin obligación de inversión
El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.
La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.
La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA
La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.
El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.
Puntos clave
- El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
- La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
- Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
- Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
- La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
Geopolítica 🌎
Tras llamar “inútil” a la ONU, Milei ahora se ampara en el organismo para defender Malvinas
Cancillería rechazó las críticas británicas al arbitraje contra el proyecto petrolero Sea Lion y se amparó en la Resolución 2065 de la ONU, el mismo organismo que Milei calificó de “organización inútil” hace apenas una semana. Londres, mientras tanto, renovó por cinco años las licencias del yacimiento.
Si el Reino Unido está convencido de que perforar en la Cuenca Malvinas Norte se ajusta al derecho internacional, que lo defienda ante árbitros independientes. Ese fue el núcleo del mensaje que el Gobierno argentino le envió este jueves a Londres, en respuesta a las críticas británicas contra el procedimiento arbitral que la Argentina decidió iniciar para frenar la explotación de hidrocarburos en el área en disputa.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce el canciller Pablo Quirno cuestionó que el Reino Unido presentara el recurso argentino al arbitraje, previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como un intento de “socavar” derechos. “Nada más alejado de la realidad”, respondió el Palacio San Martín, y agregó que someter una disputa a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.
Sea Lion, el yacimiento en el centro de la disputa
El pronunciamiento llegó después de que Londres objetara la decisión argentina de recurrir al arbitraje para intentar impedir el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum a unos 220 kilómetros al norte de las islas. El Gobierno había instruido el 28 de septiembre a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a avanzar por esa vía.
El emprendimiento, con una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares, prevé comenzar a extraer petróleo en marzo de 2028. Las licencias otorgadas por las autoridades de las islas fueron renovadas el pasado 22 de septiembre por otros cinco años, en plena escalada diplomática entre ambos países.
Los argumentos del Palacio San Martín
En su respuesta, la Cancillería recordó que tanto la Argentina como el Reino Unido son Estados parte de la CONVEMAR y que, al ratificarla, ambos aceptaron los mecanismos que ese tratado establece para dirimir diferencias entre países. “El recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”, sostuvo el comunicado.
El texto también apuntó contra la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió las actividades hidrocarburíferas en el área. La Argentina replicó que, si el Reino Unido considera que esas operaciones respetan el derecho internacional, podrá defender su posición ante los árbitros independientes que intervengan en el procedimiento.
La Cancillería recordó además que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instó a ambos países a negociar una solución pacífica. Para el Gobierno, la exploración y explotación unilateral de recursos en el área en disputa constituye una modificación unilateral de la situación, algo que la Argentina objeta por canales diplomáticos.
El comunicado rechazó también el uso británico del principio de libre determinación de los pueblos para el caso de los habitantes de las islas, y señaló que las Naciones Unidas nunca aplicaron ese criterio a la cuestión Malvinas. “La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”, concluyó el Palacio San Martín, que aseguró que seguirá defendiendo sus derechos mediante “el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional”.
Londres no mueve un centímetro
La posición británica no muestra fisuras. El 18 de septiembre, Kumaran calificó de “inaceptables” las medidas impulsadas desde Buenos Aires contra las empresas vinculadas a la actividad petrolera y afirmó que “las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado”. Días después, el primer ministro Andy Burnham aseguró ante la Asamblea General de la ONU que el Reino Unido se mantendrá “firme” frente a las amenazas a las islas, a lo que Quirno respondió que el archipiélago está “ilegalmente ocupado”.
Tras el discurso de Milei en Nueva York, la representación británica ante Naciones Unidas difundió un comunicado en el que afirmó que el Reino Unido “no tiene ninguna duda” sobre su soberanía en las islas y sus espacios marítimos, y consideró legítimo el desarrollo de hidrocarburos en la zona.
Las contradicciones de la diplomacia libertaria
El reclamo es legítimo y atraviesa a todo el arco político argentino, pero la estrategia oficial arrastra contradicciones difíciles de disimular. Hace apenas una semana, en la Asamblea General, Javier Milei calificó a la ONU de “organización inútil” por no lograr que se respete su resolución histórica sobre Malvinas. Hoy su propia Cancillería se aferra a esa misma resolución y a una convención de Naciones Unidas como principal escudo jurídico frente a Londres.
El giro también contrasta con la trayectoria del propio mandatario, que durante la campaña de 2023 elogió públicamente a Margaret Thatcher y que hasta hace pocos meses sostenía un tono moderado sobre la cuestión. Incluso el vocero presidencial, Adrián Ravier, llegó a admitir en el programa Nada Personal, del canal de streaming de El Cronista, que el Gobierno había dado luz verde a una fase de estudio: “Lo que se habilitó, y esto lo he conversado con el Canciller, es a algunas empresas a investigar si hay petróleo en Malvinas”.
A eso se suma que uno de los dos socios de Sea Lion es una petrolera israelí, de un país al que Milei considera uno de sus aliados estratégicos centrales. Sectores de la oposición sostienen que el Presidente reavivó la disputa para reforzar su apoyo interno en un momento de desgaste de su gestión. La defensa de la soberanía exige una política de Estado sostenida en el tiempo, no un recurso de ocasión que cambia de tono según la conveniencia política del momento.
Lo que tenés que saber:
- La Cancillería rechazó las críticas británicas al arbitraje que la Argentina iniciará en el marco de la CONVEMAR por la explotación de hidrocarburos en Malvinas.
- El objetivo es frenar el proyecto Sea Lion, de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que prevé extraer petróleo desde marzo de 2028.
- Las licencias del yacimiento fueron renovadas el 22 de septiembre por cinco años más.
- El Gobierno invocó la Resolución 2065 de la ONU una semana después de que Milei calificara al organismo de “organización inútil”.
- La Argentina reafirmó su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales por la soberanía de las islas.
-
DDHH5 díasDemocracia ¿en riesgo?: Corte de EEUU le dio luz verde a Trump para revisar la ciudadanía de los votantes
-
Buenos Aires4 díasCaminata a Luján 2026: todo lo que tenés que llevar (y lo que no) para llegar sano a la Basílica
-
CABA7 díasLe dijeron no al GCBA: la Justicia frenó el cobro de Ingresos Brutos a una empresa porteña
-
Fútbol & Goles!2 díasPlatense dio el golpe ante Estudiantes y quedó entre los cuatro mejores de la Copa Argentina
-
Espectáculos 🎭6 díasMasterChef Celebrity 2026: a qué hora empieza hoy, quiénes participan y cómo verlo en vivo
-
Espectáculos 🎭7 díasEster Expósito habló sobre los rumores de crisis con Kylian Mbappé: “No puedo pasarme la vida desmintiendo todo”
-
Judiciales ⚖️6 díasCaso D’Agostino: la violación denunciada sigue sin imputación tras cinco meses
-
Goles! ⚽4 díasCristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal y advirtió: “A su debido tiempo contaré la verdad”
