El fiscal Iván Rodríguez estaba a días de convertirse en Procurador Penitenciario Adjunto de la provincia de Córdoba. La Legislatura lo había designado el 30 de diciembre de 2025 y la ceremonia de jura estaba prevista para comienzos de junio. El femicidio de Agostina Vega lo cambió todo.

Cuando trascendió que Rodríguez había sido el fiscal que, en mayo de 2025, liberó a Claudio Barrelier tras apenas 20 días de detención en una causa por privación ilegítima de la libertad, la jura quedó suspendida de manera indefinida. La Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba analiza si avanza con un proceso de remoción en su contra. El cargo, que lo hubiera colocado en la cúspide del sistema de control carcelario provincial, permanece vacante.

Una fianza de cinco millones y una vida truncada

Los hechos que hoy persiguen a Rodríguez se remontan a mayo de 2025. Una joven de 20 años logró escapar atada y semidesnuda de una vivienda del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, y denunció a Barrelier por privarla de su libertad bajo amenazas. A pesar de la gravedad de la denuncia y de las pruebas presentadas por la víctima, el fiscal dispuso la excarcelación del imputado tras el pago de una fianza de cinco millones de pesos.

Barrelier estuvo detenido apenas 20 días. La propia denunciante salió a hablar públicamente después del asesinato de Agostina Vega y lo expresó sin rodeos: «Pude haber sido yo». El femicidio de la adolescente de 14 años, hallada sin vida el 30 de mayo de 2026 en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, fue cometido bajo una modalidad similar a la denunciada el año anterior, en el mismo domicilio del acusado.

Además, la familia de Agostina manifestó públicamente que la causa no registró avances durante un año. La denuncia de abandono institucional se suma a las críticas que ya pesaban sobre el accionar fiscal.

Tres pedidos de jury y una oposición unida

Legisladores opositores de Córdoba confirmaron que se formalizaron pedidos de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Rodríguez y Garzón por negligencia grave, mal desempeño y morosidad. El primer escrito fue presentado el lunes 8 de junio ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial por representantes de nueve bloques de la oposición, entre ellos el radicalismo, el PRO, el Frente Cívico, el juecismo, el vecinalismo, La Libertad Avanza y otros espacios.

El documento solicitó la apertura del proceso, la suspensión preventiva de ambos funcionarios y sus eventuales destituciones. A la primera presentación se sumaron luego dos más, impulsadas de manera independiente por el Frente Cívico, la Izquierda Socialista y el diputado nacional Rodrigo de Loredo. Así, ya son tres los pedidos formales acumulados contra los dos fiscales.

Las críticas a Garzón, por su parte, apuntan a decisiones adoptadas durante la investigación por la desaparición de Agostina: la demora en la recepción de la denuncia de la familia, la activación tardía del protocolo Alerta Sofía, los retrasos en los allanamientos y en la detención de Barrelier, y el tono polémico de la conferencia de prensa que encabezó tras confirmarse el hallazgo del cuerpo.

Un ascenso institucional que se volvió políticamente explosivo

El momento en que se conoció la inminente jura de Rodríguez generó un cimbronazo político en la provincia. El fiscal había sido promovido por la conducción judicial para integrar la flamante Procuración Penitenciaria de Córdoba, un organismo creado por la Legislatura provincial como parte de lo que se presentó como una modernización del sistema de control carcelario. Había asumido como fiscal de Instrucción en 2020 y acumulaba respaldo institucional. La foto de su ascenso, en plena conmoción pública por el caso Agostina, resultó políticamente insostenible.

Las autoridades suspendieron la ceremonia sin fecha de reanudación. El jefe de bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, resumió el estado de ánimo opositor en diálogo con la prensa cordobesa: «Estos dos fiscales han tenido y tienen participación en casos que incomodan, incomodaron o preocupan al gobierno provincial. Esperamos y exigimos que investiguen a fondo estos dos casos».

La Comisión de Jurado de Enjuiciamiento deberá definir si avanza o no con el proceso. Mientras tanto, el cargo para el que Rodríguez fue elegido por la Unicameral sigue sin cubrirse, y la justicia cordobesa enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad institucional de los últimos años.

Puntos clave

• El fiscal Iván Rodríguez liberó a Barrelier en mayo de 2025, diez meses antes del femicidio de Agostina Vega, tras solo 20 días de detención y mediante el pago de una fianza de cinco millones de pesos.
• La Legislatura de Córdoba lo había designado Procurador Penitenciario Adjunto el 30 de diciembre de 2025; la jura, prevista para comienzos de junio, quedó suspendida sin fecha.
• Ya son tres los pedidos formales de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Rodríguez y Garzón, por negligencia grave, mal desempeño y morosidad.
• El primer escrito fue presentado el 8 de junio por representantes de nueve bloques opositores en la Legislatura provincial.
• La Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba analiza si avanza con el proceso de remoción de ambos funcionarios.