Judiciales ⚖️
$Libra: la causa que investiga a Milei acumula obstáculos mientras la ruta del dinero sigue sin trazarse
La causa judicial que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $Libra acumula trabas que impiden trazar la ruta de millones de dólares vinculados al entorno presidencial: un organismo especializado que dice carecer de herramientas, testigos que no son citados y una pericia clave cuya nulidad sigue pendiente de resolución.
Ocho meses de silencio, nulidades pendientes y testigos sin citar: el mapa de los obstáculos en la causa $Libra
La investigación judicial sobre el lanzamiento del criptoactivo $Libra, que involucra directamente al presidente Javier Milei y a su entorno más cercano, atraviesa una fase de acumulación sistemática de obstáculos que ralentizan el avance de la causa. Falta de licencias tecnológicas en el organismo especializado, testigos propuestos por las querellas que nunca fueron citados y una solicitud de nulidad sobre el peritaje más sensible del expediente configuran un escenario que, para los querellantes y sectores opositores, responde a una lógica deliberada de dilación.
La UFECI dijo que no puede: ocho meses para una carilla
El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación delegada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, había solicitado a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que conduce el fiscal Horacio Azzolin, que profundizara el análisis de las transferencias realizadas por el empresario Hayden Davis, promotor del token $Libra, los días 3 y 13 de febrero de 2025. Esas operaciones, que suman aproximadamente 4,78 millones de dólares, resultan cruciales para determinar quiénes fueron los destinatarios finales de los fondos volcados en el esquema.
La respuesta de la UFECI llegó a mediados de abril de 2026, ocho meses después de formulado el pedido. En un escrito de apenas una carilla, el organismo reconoció que no cuenta con las licencias tecnológicas necesarias para realizar el análisis de trazabilidad en blockchain solicitado, y se comprometió a notificar a la fiscalía cuando las obtuviera. La situación resulta llamativa porque esa misma unidad había tenido un rol protagónico en etapas anteriores de la investigación: con una versión de prueba del software especializado, logró identificar 74 billeteras virtuales que adquirieron el activo de manera masiva, por más de 13 millones de dólares, apenas 22 segundos antes de que Milei publicara su posteo promocional en la red social X, el 14 de febrero de 2025.
La ruta del dinero: jubilados, financistas y billeteras anónimas
Lo que la UFECI logró reconstruir antes de quedar sin herramientas ya es revelador. Entre las transferencias identificadas figura una operación de 499.000 dólares que partió desde una billetera vinculada a Hayden Davis a las 14 horas del 30 de enero de 2025, el mismo día en que el empresario se reunió con el presidente Milei en la Casa Rosada. Al cierre de esa jornada, otros dos giros por más de un millón de dólares fueron enviados a la cuenta del jubilado Orlando Mellino, de Tigre, según pudo reconstruir la Justicia.
A su vez, los traders Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy recibieron de Davis más de 730.000 dólares en activos digitales entre enero y febrero de 2025, según surge del expediente. Sin embargo, queda una cantidad significativa de cuentas con actividad relevante cuyos titulares aún no fueron identificados. Es precisamente esa brecha la que la UFECI ya no puede cerrar. Ante ese límite, Taiano derivó el requerimiento al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que también dispone de las herramientas en cuestión, al igual que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El celular de Novelli: la prueba que puede volar
El núcleo más explosivo del expediente es el peritaje al celular del lobista Mauricio Novelli, realizado por la DATIP (Dirección de Asistencia Técnica en Investigaciones Penales) del Ministerio Público Fiscal, incorporado al sistema LEX100 el 10 de marzo de 2026. De ese análisis surgió que Novelli mantuvo ocho contactos con el presidente Milei el día del lanzamiento de $Libra: cuatro llamadas entre las 18.44 y las 18.58 horas, justo antes del posteo presidencial de las 19.01, y cuatro comunicaciones adicionales después del mismo. También se registraron comunicaciones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Además, una pericia posterior confirmó que fue el propio Novelli quien escribió y borró en el Apple Notes de su iPhone 16 el texto de un presunto acuerdo por el que Hayden Davis le pagaría al presidente Milei al menos 5 millones de dólares por el apoyo al lanzamiento del token. Esa prueba es considerada central por las querellas.
Sin embargo, la defensa de Novelli solicitó la nulidad total del peritaje, arguyendo que el análisis habría excedido los límites fijados por la Justicia. Ese planteo, que podría eliminar una pieza probatoria nodal, permanece sin resolución definitiva. A su vez, Novelli intentó convertirse en querellante en una causa paralela que investiga la difusión de ese peritaje; la Cámara Federal porteña rechazó el pedido pero dejó abierta la puerta para el futuro, al tiempo que calificó la investigación principal como aún «incipiente».
Testigos que no llegan y pedidos de indagatoria ignorados
Las querellas, entre ellas la del dirigente social Juan Grabois y la del abogado Nicolás Oszust en representación del inversor Martín Romeo, exigieron hace meses la citación a indagatoria del presidente Javier Milei, de Karina Milei y de Novelli. Sin embargo, Taiano no dio curso a esos requerimientos. Tampoco citó a los testigos propuestos por las querellas que, según la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade y otros, habrían manifestado que les solicitaron dinero a cambio de reuniones con el Presidente en el contexto de los negocios cripto.
Desde que en marzo último se conoció el contenido del celular de Novelli, la causa ingresó en una dinámica de solicitudes acumuladas sin respuesta y de recursos judiciales que no avanzan. Para el abogado querellante Oszust, según trascendidos del expediente, ya existen todos los elementos para convocar a los investigados a prestar declaración.
Una causa que toca la cúpula de la Casa Rosada
El caso $Libra se originó tras el colapso del criptoactivo en febrero de 2025, pocas horas después de que Milei lo promocionara masivamente en sus redes. Miles de inversores perdieron su capital mientras un grupo reducido de operadores vinculados al entorno presidencial realizó ventas masivas en el momento del pico. El Presidente nunca fue formalmente imputado ni designó abogados defensores en el expediente.
La investigación busca determinar si existió información privilegiada antes del lanzamiento, si medió un acuerdo remunerado entre Milei y Davis, y quiénes fueron los beneficiarios reales de la estructura financiera que se activó en los minutos previos y posteriores al tuit presidencial. Para llegar a esas respuestas, la Justicia necesita herramientas que hoy dice no tener.
Denuncia
“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda
Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.
“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.
La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.
El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno
El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.
Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.
Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial
El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.
Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.
La pregunta que todavía no tiene respuesta
Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.
Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.
Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.
Lo que viene en Comodoro Py
La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.
Lo que tenés que saber:
- En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
- La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
- La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
- Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
- La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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