En la madrugada del lunes una delegación de veedores internacionales de derechos humanos llegó al aeropuerto de El Alto, en La Paz, con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Horas después, esa misma delegación fue deportada de regreso a la Argentina. No hubo explicaciones, no hubo proceso. Solo la confiscación de documentos, el hostigamiento de agentes de Migraciones y la orden de abordar el vuelo de regreso.

Entre los integrantes de la comitiva se encontraban el diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria; la legisladora porteña Vanina Biasi, del Frente de Izquierda (Partido Obrero); la también legisladora porteña Ingrid Urrutia (FIT); Alejandrina Barry, hija de desaparecidos e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano, de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Matías Gayol, del Partido Piquetero, entre otros.

Una misión convocada desde Bolivia

La delegación viajó en respuesta a un llamado de legisladores, organizaciones sociales y sectores de la sociedad civil boliviana. Su objetivo era relevar las denuncias de represión estatal que se acumulan hace más de 40 días en el marco de las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Esas movilizaciones, convocadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores campesinos, comenzaron en mayo de 2026 en respuesta a una ley de hipoteca de tierras y a una crisis económica y de combustibles que afectó de manera particular a las regiones de La Paz y El Alto.

Según el propio comunicado de la misión, titulado «La solidaridad internacional no es delito«, la comitiva argentina ingresó legalmente al país en Santa Cruz de la Sierra, donde cumplió los trámites migratorios correspondientes sin inconvenientes. Sin embargo, al aterrizar en La Paz, agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los pasaportes, los llevaron a una sala de inadmitidos, separaron por la fuerza a uno de los integrantes identificado como César durante varias horas, y finalmente formalizaron la expulsión invocando el artículo 26 de la Ley N° 370 de Migración.

«Esto es un secuestro»: la denuncia de Biasi desde el avión

Retenida en Santa Cruz antes de ser deportada, la legisladora Vanina Biasi grabó un video que circuló ampliamente en redes. «No vamos a firmar nada de esto. Seguimos en el avión, en Santa Cruz de la Sierra. Estamos denunciando que es un secuestro», declaró. Y agregó: «El gobierno de Rodrigo Paz impidió el trabajo de una misión humanitaria internacional que viajó a Bolivia para relevar las denuncias de represión contra trabajadores y sectores populares que luchan contra el ajuste.»

La legisladora porteña Alejandrina Barry, hija de desaparecidos e integrante del CEPRODH, había advertido antes del viaje que uno de los objetivos centrales de la misión era «romper el cerco mediático» construido en torno a la crisis boliviana. Según su propio diagnóstico público, la situación en Bolivia implicaba «por lo menos siete personas asesinadas en el marco de las movilizaciones, cientos de detenidos, numerosas denuncias de torturas en los centros de detención, falta de asistencia médica para los heridos, detenciones arbitrarias y secuestros ilegales de dirigentes sindicales y campesinos, además de estigmatización de quienes se movilizan legítimamente».

El reclamo de la bancada peronista y el consulado ausente

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue el primero en hacer pública la situación. «El diputado nacional Juan Marino viajó a Bolivia invitado para la Asamblea Plurinacional. Está retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz», informó. Y exigió: «Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física.»

La diputada nacional Paula Penacca también reclamó la intervención diplomática inmediata: «En este momento el diputado Juan Marino está retenido en el aeropuerto de La Paz. Las autoridades bolivianas tienen que liberarlo.»

Sin embargo, los propios integrantes de la misión cuestionaron la actuación del consulado argentino. Si bien desde la representación diplomática aseguraron haber enviado un funcionario al aeropuerto, los veedores afirmaron que nunca tuvieron contacto con ningún representante oficial durante todo el operativo de deportación.

El contexto: Bolivia bajo estado de excepción y represión documentada

El episodio se inscribe en una crisis política de alta intensidad. El presidente Rodrigo Paz promulgó el 9 de junio de 2026 la Ley 1740 de regulación de estados de excepción, que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía a realizar operativos conjuntos para contener las protestas. El 2 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido sobre «graves impactos en los derechos humanos derivados de la crisis social en Bolivia, incluyendo afectaciones al abastecimiento y múltiples fallecidos.»

Las organizaciones que impulsaron la misión señalaron en su comunicado que «la represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos» y denunciaron «centenares de presos políticos con padecimientos de torturas, ausencia de asistencia médica a los heridos, secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios, agresiones a la prensa y actos de discriminación y racismo.»

Finalmente, tras horas de tensión, la situación del diputado Marino se destrabó y el legislador emprendió el regreso a la Argentina. Se esperaba su arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor de las 16.30, donde brindaría precisiones sobre lo ocurrido. El resto de la delegación también fue deportado en vuelo de regreso desde Santa Cruz de la Sierra.

La misión calificó la expulsión como «una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos» y subrayó que «la solidaridad internacional no es delito.»