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Chile: el feminismo busca incluir el aborto en la nueva Constitución

Tras más de dos años de espera en el Congreso, Chile comenzó a discutir el miércoles pasado un proyecto de ley de despenalización del aborto en la Comisión de Mujeres de la Cámara Baja.

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El debate legislativo sobre la despenalización del aborto en Chile ha sido la vía impulsada por las feministas chilenas para intentar incluir el tema en el futuro proceso constituyente que afrontará el país, donde la actual Carta Magna es su principal obstáculo porque protege «la vida del que está por nacer».

Tras más de dos años de espera en el Congreso, Chile comenzó a discutir el miércoles pasado un proyecto de ley de despenalización del aborto en la Comisión de Mujeres de la Cámara Baja.

La iniciativa se limita a descriminalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14, ya que, según la Constitución chilena, sólo el presidente puede presentar proyectos que involucren gasto público, algo que implicaría su legalización.

«La despenalización ha sido la vía para mantener activo el debate y permitir, sobre todo, volver a discutir este tema de cara al proceso constituyente», explicó la feminista y candidata a la Convención Constituyente por el izquierdista Convergencia Social, Antonia Orellana.

En un país donde es muy difícil para los legisladores «poner una ley sin presión social», la activista destacó que la marea verde argentina y la nominación de la diputada opositora Maite Orsini como presidenta de la comisión en la Cámara Baja permitieron poner en discusión el proyecto -presentado originalmente en agosto de 2018- en plena campaña electoral para el órgano constituyente.

Si bien la iniciativa tiene aún muchos pasos por delante para lograr su aprobación en el Congreso, el Gobierno ya adelantó que no la apoya y el Tribunal Constitucional (TC) podría también impugnarla. «Ahí yo creo que tenemos el problema más grande», opinó Orellana, quien precisó que el TC aplica un control preventivo de constitucionalidad y puede objetar una ley antes de que sea promulgada.

«Es un tribunal que suena muy técnico, pero es eminentemente político», agregó y explicó: «Su composición está cuoteada políticamente y, en este momento, la mayoría la tiene el Gobierno».

El TC rechazó en el pasado otros proyectos que intentaban legalizar el aborto en Chile, donde la IVE está autorizada sólo por tres causales: el riesgo de vida de la madre, la inviabilidad del feto o la violación.

Ante esta situación de bloqueo institucional, las feministas chilenas apuestan al proceso constituyente para poder modificar no sólo el equiparamiento de derechos entre las mujeres y los que están por nacer en la Carta Magna, sino también los mecanismos para impulsar reformas.

“Ninguna situación puede ser peor que esta: hay quorum super mayoritario, hay un TC cuoteado políticamente, un presidente con toda la iniciativa y hay una penalización absoluta», estimó Orellana. “Son muchos factores que permiten que no haya cambio alguno”, sentenció.

Por ello, la candidata opositora estimó que cuando la actual Constitución sea obsoleta tendrán «una mucho mejor cancha para poder disputar el aborto legal, gratuito y seguro» en el siguiente período legislativo.

Más allá del contexto de pandemia y de la fuerte militarización del espacio público a raíz del estallido social de octubre de 2019, la activista recalcó que el movimiento feminista fue de los pocos que se mantuvo activo en este tiempo y afirmó que saldrá a las calles de una forma u otra, aunque no sean concentraciones masivas.

«En este momento hay una interpelación feminista y claramente el feminismo se va a medir en términos electorales en abril. Por primera vez diría yo”, señaló Ollana, quien junto a otras candidatas hizo un llamado para que los aspirantes a la constituyente clarifiquen su posición frente a la IVE.

“Mientras más movilización allá, más va a servir para despejar el naipe de quiénes son los que son antiderechos y para ver qué tanta piscina hay para poder lanzarnos con el aborto seguro en la Constitución», concluyó.

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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