Géneros 🟣
Chile: el feminismo busca incluir el aborto en la nueva Constitución
Tras más de dos años de espera en el Congreso, Chile comenzó a discutir el miércoles pasado un proyecto de ley de despenalización del aborto en la Comisión de Mujeres de la Cámara Baja.
El debate legislativo sobre la despenalización del aborto en Chile ha sido la vía impulsada por las feministas chilenas para intentar incluir el tema en el futuro proceso constituyente que afrontará el país, donde la actual Carta Magna es su principal obstáculo porque protege «la vida del que está por nacer».
Tras más de dos años de espera en el Congreso, Chile comenzó a discutir el miércoles pasado un proyecto de ley de despenalización del aborto en la Comisión de Mujeres de la Cámara Baja.
La iniciativa se limita a descriminalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14, ya que, según la Constitución chilena, sólo el presidente puede presentar proyectos que involucren gasto público, algo que implicaría su legalización.
«La despenalización ha sido la vía para mantener activo el debate y permitir, sobre todo, volver a discutir este tema de cara al proceso constituyente», explicó la feminista y candidata a la Convención Constituyente por el izquierdista Convergencia Social, Antonia Orellana.
En un país donde es muy difícil para los legisladores «poner una ley sin presión social», la activista destacó que la marea verde argentina y la nominación de la diputada opositora Maite Orsini como presidenta de la comisión en la Cámara Baja permitieron poner en discusión el proyecto -presentado originalmente en agosto de 2018- en plena campaña electoral para el órgano constituyente.
Si bien la iniciativa tiene aún muchos pasos por delante para lograr su aprobación en el Congreso, el Gobierno ya adelantó que no la apoya y el Tribunal Constitucional (TC) podría también impugnarla. «Ahí yo creo que tenemos el problema más grande», opinó Orellana, quien precisó que el TC aplica un control preventivo de constitucionalidad y puede objetar una ley antes de que sea promulgada.
«Es un tribunal que suena muy técnico, pero es eminentemente político», agregó y explicó: «Su composición está cuoteada políticamente y, en este momento, la mayoría la tiene el Gobierno».
El TC rechazó en el pasado otros proyectos que intentaban legalizar el aborto en Chile, donde la IVE está autorizada sólo por tres causales: el riesgo de vida de la madre, la inviabilidad del feto o la violación.
Ante esta situación de bloqueo institucional, las feministas chilenas apuestan al proceso constituyente para poder modificar no sólo el equiparamiento de derechos entre las mujeres y los que están por nacer en la Carta Magna, sino también los mecanismos para impulsar reformas.
“Ninguna situación puede ser peor que esta: hay quorum super mayoritario, hay un TC cuoteado políticamente, un presidente con toda la iniciativa y hay una penalización absoluta», estimó Orellana. “Son muchos factores que permiten que no haya cambio alguno”, sentenció.
Por ello, la candidata opositora estimó que cuando la actual Constitución sea obsoleta tendrán «una mucho mejor cancha para poder disputar el aborto legal, gratuito y seguro» en el siguiente período legislativo.
Más allá del contexto de pandemia y de la fuerte militarización del espacio público a raíz del estallido social de octubre de 2019, la activista recalcó que el movimiento feminista fue de los pocos que se mantuvo activo en este tiempo y afirmó que saldrá a las calles de una forma u otra, aunque no sean concentraciones masivas.
«En este momento hay una interpelación feminista y claramente el feminismo se va a medir en términos electorales en abril. Por primera vez diría yo”, señaló Ollana, quien junto a otras candidatas hizo un llamado para que los aspirantes a la constituyente clarifiquen su posición frente a la IVE.
“Mientras más movilización allá, más va a servir para despejar el naipe de quiénes son los que son antiderechos y para ver qué tanta piscina hay para poder lanzarnos con el aborto seguro en la Constitución», concluyó.
Investigación 🔎
Moyano imputado por desobediencia: la fiscal cree que se vio con Arizaga pese a la perimetral
La fiscalía a cargo de la causa considera que existen elementos suficientes para sostener que el exdiputado y sindicalista Facundo Moyano se reunió con Candela Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, violando la restricción de acercamiento vigente. La novedad llega apenas 48 horas después de que un informe oficial no había podido confirmar ese encuentro.
El giro es tan abrupto como revelador: primero, un informe del propio Ministerio Público Fiscal porteño concluyó que no podía reconstruir el supuesto encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel del centro porteño; cuarenta y ocho horas más tarde, la fiscalía consideró que sí existen elementos para imputar al exdiputado y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) por desobediencia a una orden judicial.
Moyano está investigado desde agosto de 2026 por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Arizaga, modelo e influencer de 23 años, en el marco de un episodio ocurrido en su departamento del barrio porteño de Belgrano. Como parte de las medidas cautelares, tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la joven y mantener cualquier tipo de contacto con ella. La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, de la Fiscalía de Género Norte.
El hotel, las cámaras y el DVR que no alcanzó
La sospecha sobre un encuentro entre ambos surgió a partir de fotografías que Arizaga publicó en sus redes sociales, donde aparecía en distintas prendas de vestir y en diferentes momentos, desde el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 538, en el centro de la ciudad. Ese detalle despertó la atención de los investigadores, que comenzaron a indagar si Moyano había sido alojado allí en compañía de la joven.
El martes 15 de septiembre, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad se presentó en el hotel. Allí, una empleada entregó voluntariamente el DVR del sistema de videovigilancia del establecimiento, que fue trasladado a la sede de la calle Chacabuco al 151 para ser peritado por el Gabinete Multimedia. Las tareas de análisis permitieron determinar que Moyano había ingresado el 31 de agosto y se había retirado el 11 de septiembre, utilizando la habitación 603. Sin embargo, el informe no dejó constancia de que Arizaga hubiera estado en el establecimiento durante ese período, lo que llevó al Ministerio Público a concluir, en ese momento, que no era posible reconstruir el presunto encuentro mediante fuentes abiertas.
La vuelta de tuerca: la fiscal cambia de posición
A pesar de esa conclusión inicial, la fiscalía evaluó en las horas siguientes otros elementos incorporados a la investigación y consideró que la evidencia reunida es suficiente para sostener que el encuentro efectivamente ocurrió. La imputación por desobediencia implica que la fiscal entiende que Moyano habría violado de manera consciente y deliberada la restricción judicial vigente. Fuentes del caso informaron que la acusación se sustenta en los elementos disponibles, aunque no se precisó de manera oficial cuáles son las pruebas adicionales que modificaron el cuadro.
La situación expone una tensión dentro de la misma investigación: en un lapso de menos de dos días, el Ministerio Público pasó de no poder confirmar el contacto a imputar formalmente al sindicalista por ese mismo hecho. La defensa de Moyano, encabezada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, ya había pedido el levantamiento de todas las restricciones, argumentando que el escenario probatorio había cambiado a favor de su cliente y que la perimetral no puede operar como una sanción anticipada.
La defensa pide que se levanten las medidas cautelares
Miguel Molina, integrante del equipo defensor, presentó este jueves ante la Justicia un planteo formal para que se revise «la subsistencia, alcance o eventual modificación» de las medidas cautelares que pesan sobre su cliente. La defensa sostuvo que las propias declaraciones de Arizaga ante la fiscal, en las que la joven negó haber sido golpeada o mantenida encerrada y manifestó su voluntad de retomar el vínculo, debilitan la hipótesis inicial y demuestran que entre ambos «no hay conflicto» ni situación de riesgo que justifique mantener la distancia impuesta. Ante cualquier resultado adverso, la defensa exigió que se garantice el derecho de Moyano a ser oído.
La nueva imputación por desobediencia complica esa estrategia defensiva de manera sustancial: si la fiscalía logra sostener que Moyano incumplió de manera activa la orden judicial, el pedido de levantamiento de medidas pierde uno de sus argumentos centrales y la situación procesal del sindicalista se agrava de manera considerable, con la posibilidad de que la Justicia evalúe medidas más restrictivas.
Lo que tenés que saber
- Facundo Moyano fue imputado por desobediencia: la fiscalía considera que se reunió con Candela Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, violando la restricción de acercamiento vigente.
- La imputación llega 48 horas después de que el Ministerio Público Fiscal no hubiera podido confirmar el encuentro a partir del análisis del DVR del hotel.
- Moyano estuvo alojado en el establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603, según las tareas de análisis realizadas.
- Su defensa, encabezada por los abogados Gascón y Molina, presentó un pedido formal de levantamiento de todas las medidas cautelares.
- La causa principal investiga a Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Arizaga, en un episodio ocurrido en agosto en el barrio porteño de Belgrano.
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