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Buenos Aires

San Isidro: el aborto es legal, pero lo convierten en carrera de obstáculos

Cuando el sistema de salud deja de garantizar y empieza a condicionar, el derecho se vuelve negociable.

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Aborto legal: cuando el sistema de salud deja de garantizar derechos

Ana llegó en ayunas, con turno y con una decisión tomada. No buscaba asesoramiento ni contención extra: ya había pasado por todo eso. Quería acceder a una práctica garantizada por la ley. Sin embargo, en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, el recorrido no fue médico sino político, ideológico y, según su relato, también religioso.

La escena no es aislada. Según denuncias relevadas por Amnistía Internacional Argentina, en ese municipio del norte bonaerense se repiten mecanismos de dilación, desinformación y presión emocional que operan como barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Un derecho que no puede ser vulnerado

Desde la sanción de la Ley 27.610 en 2020, cualquier persona gestante tiene derecho a acceder a un aborto hasta la semana 14, en un plazo máximo de diez días y sin necesidad de justificar su decisión. El sistema de salud debe garantizarlo.

Pero en San Isidro (como en muchos otros lugares de nuestro país), ese derecho aparece condicionado.

  • Pacientes denuncian derivaciones a consultorios sin identificación.
  • Relatan haber sido atendidas por personas ajenas al sistema de salud.
  • Describen intentos de disuasión, con argumentos morales y sin sustento científico.
  • Señalan demoras que pueden extenderse hasta un mes.

La práctica existe y es LEGAL. El acceso, no siempre.

“Consejerías” que operan como filtro

Ana fue derivada a una “consejería” antes de ingresar al quirófano. Allí, según contó, la atendieron dos mujeres sin identificación profesional. Le hicieron preguntas personales, pusieron en duda su decisión y le sugirieron continuar el embarazo.

El patrón se repite en otros testimonios:

  • Ofrecimiento de ropa de bebé o asistencia material.
  • Discursos sobre supuestos riesgos psicológicos del aborto.
  • Intervenciones religiosas, como la entrega de imágenes.
  • Ingreso de terceros durante la consulta.

“Son prácticas coercitivas que vulneran la autonomía”, explicó Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía.

El protocolo que contradice la ley

Profesionales de la salud del propio municipio revelaron la existencia de un protocolo interno que ordena el circuito de atención. El documento establece:

  • Derivación obligatoria al Hospital Materno Infantil.
  • Centralización de la entrega de medicación.
  • Múltiples instancias de consejería previas y posteriores.

El problema no es la existencia de acompañamiento, sino su carácter obligatorio.

La ley nacional es clara:

  • La consejería es opcional.
  • El consentimiento informado es suficiente.
  • No puede haber interferencias ni juicios de valor.

“El protocolo transforma derechos en requisitos”, advirtió el abogado Agustín Nacarato. “Cada paso suma una instancia de presión o demora”.

Política, ideología y gestión

Las denuncias se intensificaron tras cambios en la conducción política del área de Salud. El actual secretario, Pablo de la Torre, tiene una trayectoria pública de militancia contra el aborto legal.

En 2018, durante el debate en el Congreso, habló de un supuesto “síndrome posaborto”, una afirmación desmentida por organismos internacionales como la OMS.

Hoy, desde la gestión, impulsa dispositivos como las “maternidades vulnerables”, cuestionadas por organizaciones de derechos humanos por su rol disuasivo.

El municipio sostiene que cumple con la ley y que brinda “acompañamiento integral”. No respondió en detalle sobre el protocolo denunciado.

Ajuste nacional y discurso antiderechos

El contexto también pesa. Según informes de Amnistía:

  • En 2025 se triplicaron las denuncias por obstáculos.
  • Se redujo la distribución de misoprostol en un 40%.
  • Se registró una caída del 10% en las prácticas realizadas.

El Gobierno nacional delega la responsabilidad en provincias y prestadores. En la práctica, eso abre la puerta a interpretaciones restrictivas.

Más violencia contra las mujeres y disidencias

Ana finalmente accedió a la intervención. Pero lo que recuerda no es el procedimiento médico, sino la escena previa: una hora de presión, una virgen sobre la mesa, una decisión puesta en duda.

“Era evidente que querían cambiar mi decisión”, dijo.

La violencia no fue física. No hubo gritos. Pero operó igual: sobre el tiempo, la culpa, la intimidad.

Antes de irse, aceptó un turno psicológico para poder salir de ahí. Después, buscó a su médica y pidió avanzar.

Días más tarde, se tatuó una virgen. No como símbolo de fe, sino como marca de lo que vivió.

Lo que está en juego

El caso de San Isidro no discute la legalidad del aborto. Discute algo más profundo: quién controla el acceso a un derecho y bajo qué condiciones.

Cuando el sistema de salud deja de garantizar y empieza a condicionar, el derecho se vuelve negociable. Y en esa negociación, siempre pierden las mismas.

Desde el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires brindan información de acceso: https://www2.ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/IVE/

Buenos Aires

Ley Ema: qué cambia en las escuelas bonaerenses y por qué Nación sigue sin tratar violencia digital

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que crea el Programa EMA y obliga a las escuelas públicas y privadas a prevenir y abordar la violencia digital. Santa Fe fue la primera provincia con una ley similar y el proyecto nacional de Mónica Macha no tuvo dictamen en Diputados.

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El Argentino Diario-Mónica Macha.
Dos años después de la muerte de Ema, la Provincia legisló y la Nación todavía no tiene una ley para las escuelas.

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que obliga a todas las escuelas de la Provincia, públicas y privadas, a prevenir y actuar ante la violencia digital entre estudiantes. La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva el martes 20 de octubre, en su sexta sesión ordinaria del año, al aceptar las modificaciones que había introducido el Senado.

La ley lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que murió por suicidio el 24 de agosto de 2024, un día después de que un compañero de su escuela difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. Su madre, Laura Sánchez, impulsó la iniciativa junto a la diputada Mayra Mendoza, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, y a las organizaciones Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. Pasaron dos años y dos meses hasta la sanción.

Qué crea la ley

La norma crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, llamado Programa EMA, destinado a estudiantes, docentes, personal no docente, equipos directivos y familias de escuelas públicas y privadas. También incorpora la formación en ciudadanía digital a la Ley de Educación provincial 13.688, con contenidos transversales y progresivos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso crítico de la tecnología. El objetivo es garantizar el derecho de los estudiantes bonaerenses a una convivencia digital segura.

El texto define como violencia digital las conductas que, mediante tecnologías, puedan causar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales a niños, niñas y adolescentes. Entre ellas incluye la obtención o difusión sin consentimiento de material íntimo, incluso el producido o editado con inteligencia artificial, el acoso, las amenazas, la extorsión, el control o espionaje de la actividad virtual, los accesos no autorizados a dispositivos o cuentas y la difusión de datos personales. También contempla los discursos de odio misóginos.

Otro eje es la capacitación del personal del sistema educativo, que será obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación escolar y directivos, con herramientas para detectar a tiempo situaciones de violencia digital y actuar. La ley prevé además la actualización de los protocolos de intervención y un rol específico para las familias, los centros de estudiantes y los referentes juveniles. El texto definitivo se conocerá con su promulgación y publicación en el Boletín Oficial.

Un recorrido con idas y vueltas

El proyecto de Mendoza obtuvo media sanción en Diputados a fines de agosto. El Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, lo aprobó el 6 de octubre con modificaciones, luego de unificarlo con un proyecto de la senadora Laura Clark, también de Fuerza Patria. Del texto de Mendoza se tomó el enfoque de convivencia digital segura, la ciudadanía digital, la capacitación y los protocolos; del de Clark, la creación del Programa EMA. Esos cambios obligaron a una nueva votación en Diputados.

Cuando el proyecto obtuvo la media sanción, Mendoza apuntó contra La Libertad Avanza: denunció que sus integrantes en la Comisión de Educación votaron en contra y rechazaron el dictamen necesario para avanzar con la ley. “Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls”, dijo la legisladora, en referencia a quienes alimentan la violencia digital. En esa sesión también citó un dato de UNICEF: el 61% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina manifestó haber sufrido alguna violencia a partir del uso de pantallas, incluidos los grupos de WhatsApp.

Santa Fe abrió el camino y la ley nacional no avanzó

Buenos Aires llega después de Santa Fe, que el 30 de julio se convirtió en la primera provincia en sancionar una ley específica contra la violencia digital en las escuelas, a partir de un proyecto de la diputada provincial Celia Arena. Esa norma alcanza a todos los establecimientos educativos, estatales y privados, y se elaboró en consonancia con el proyecto nacional de Mónica Macha, hoy senadora bonaerense, junto a Laura Sánchez y organizaciones que publicaron la Guía Ema.

Ese proyecto nacional, que crea un programa nacional de prevención e invita a las provincias a adherir, no había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación a fines de julio. El marco nacional vigente es la Ley Olimpia (27.736), sancionada en 2023, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género. Según las fuentes consultadas, no existe una ley nacional específica para el ámbito escolar.

Del dolor a la política pública

Mendoza celebró la sanción en sus redes con un “¡TENEMOS LEY EMA!” y la definió como el fruto del trabajo de Laura Sánchez, “la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Sánchez había anticipado semanas atrás, al celebrar la unificación de los proyectos en el Senado, que “seguro a fin de año” tendrían la ley.

La Ley Ema desplaza el eje del problema: la violencia digital deja de ser un asunto que cada familia o cada equipo directivo resuelve como puede y pasa a ser una responsabilidad del sistema educativo. El desafío que queda abierto es la implementación: la ley sirve si llega a cada escuela con capacitación y recursos, algo que recién se verá en la reglamentación.

Lo que tenés que saber:

  • Diputados bonaerense sancionó la Ley Ema el martes 20 de octubre, al aceptar los cambios del Senado.
  • La ley crea el Programa EMA para escuelas públicas y privadas e incorpora la ciudadanía digital a la Ley de Educación 13.688.
  • Incluye como violencia digital la difusión sin consentimiento de material íntimo, también el creado con inteligencia artificial.
  • Establece capacitación obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación y directivos.
  • Santa Fe fue la primera provincia en sancionar una ley específica, el 30 de julio.

Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de crisis, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida: la línea 135 es gratuita desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el (011) 5275-1135 funciona desde todo el país.

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