Legislativo
También es Ley el Plan de los 1.000 Días de asistencia a embarazadas, NIÑOS y NIÑAS
La iniciativa de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia se votó en la madrugada de este miércoles, minutos después de la histórica sanción del aborto legal en la Argentina.
La iniciativa de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia se votó en la madrugada de este miércoles, minutos después de la histórica sanción del aborto legal en la Argentina.
El proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el Plan de los 1.000 días, fue convertido en ley esta madrugada por el Senado de la Nación por unanimidad.
La iniciativa fue debatida al finalizar la discusión por el proyecto de ley del aborto que también fue sancionado de manera definitiva, tras más de doce horas de discusión.
El Plan de los 1.000 Días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
El proyecto extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
Por otro lado, se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
El proyecto busca afianzar el «derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad» para las «niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años», «personas que cursen embarazos de alto riesgo» o padezcan «trombofilia», «mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género» y «niñas y adolescentes embarazadas».
También se crea en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa «para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años».
EL DEBATE
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, el radical jujeño Mario Fiad, manifestó que la iniciativa es «una verdadera política pública para el cuidado de nuestros niños» y pidió «que no quede en buenos propósitos porque este proyecto está expresado en tiempo futuro sin plazos ni especificaciones».
«Espero que este proyecto pueda ser articulado con el resto de las normas. Es declarativo, ni siquiera se dice de dónde saldrán los fondos para hacer estas acciones, pero aún así, votaremos en forma positiva para no retrasar las poquísimas medidas que establece», destacó Fiad.
El oficialista santiagueño, José Neder, dijo que «en este contexto de pandemia quedó claro que la salud deberá ser siempre un derecho», al iniciar la defensa del proyecto de ley.
«Por ello la decisión del gobierno es implementar políticas efectivas, no aisladas, sino integrales para que en conjunto den un resultado efectivo», indicó.
Neder agregó que «es una iniciativa que se inscribe dentro de la Convención de los Derechos del Niño con el objetivo de que las políticas públicas estén en línea con los estándares que se plantean».
«Este programa de los 1.000 Días reconoce un conjunto de derechos y líneas de trabajo entre los distintos organismos porque la equidad territorial en la cobertura se logra atendiendo las necesidades en los grandes centros urbanos y en el interior profundo», destacó.
LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NORMA
• Se extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
• Se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
• Se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
• Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
• La flamante ley busca afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”.
• También se crea en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años”.
Legislativo
Tierras sin límite: avanza el proyecto que pone en jaque nuestra soberanía territorial
El oficialismo impulsa la derogación de los topes a la extranjerización mientras la Patagonia sigue bajo fuego; la iniciativa genera fuertes cruces con los bloques aliados en el Congreso por el control de recursos estratégicos.
Soberanía en remate: el impacto de la reforma que libera el mercado el territorio argentino
★ El bloque de La Libertad Avanza profundizó esta semana su ofensiva legislativa para eliminar las restricciones a la venta de campos a ciudadanos de otros países; una medida que busca derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa; que apunta a borrar el límite del 15 por ciento de titularidad foránea sobre el territorio nacional; provocó una fractura expuesta con sectores de la oposición aliada que advierten sobre el riesgo de entregar el control de reservorios de agua y zonas de seguridad de fronteras.
El fin de la protección territorial
La propuesta oficialista pretende desmantelar el andamiaje legal que desde 2011 regula la concentración de tierras en manos extranjeras. Según confirmaron fuentes legislativas consultadas por este medio; el proyecto elimina no solo los topes provinciales y municipales; sino también la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad superen el 30 por ciento del total de las hectáreas permitidas. Esta desregulación total se presenta bajo la premisa de atraer inversiones (una retórica que choca con la realidad de los recursos estratégicos en disputa).
Un escenario de cenizas y especulación
El debate parlamentario ocurre en un contexto crítico para el sur argentino. Mientras los legisladores discuten la propiedad privada; la Patagonia atraviesa una emergencia por incendios que ya afectaron más de 3.500 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo. Investigaciones previas documentaron que la devaluación de las tierras quemadas facilita su adquisición por capitales concentrados; un patrón que se repite en áreas linderas a los glaciares y nacientes de ríos. La fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó en peritajes recientes el hallazgo de combustibles en los focos; lo que ratifica la intencionalidad en el inicio del fuego.
El agua en el centro de la disputa
La preocupación central de las organizaciones sociales y los especialistas en soberanía territorial radica en el control del agua dulce. La derogación de la Ley 26.737 permitiría que enclaves estratégicos (como el ya paradigmático caso de Lago Escondido controlado por el magnate Joe Lewis) se multipliquen sin fiscalización estatal. Al privatizar la tierra en zonas de cordillera; se privatiza de hecho el acceso a los recursos hídricos; vitales para la supervivencia humana y el desarrollo productivo local.
Divisiones en el bloque aliado
No todo es consenso para el Poder Ejecutivo. Algunos sectores del PRO y bloques provinciales manifestaron su resistencia a una apertura irrestricta. El punto de conflicto principal es la Zona de Seguridad de Fronteras; donde la presencia de capitales extranjeros genera suspicacias en términos de seguridad nacional. Según trascendidos de las últimas reuniones de comisión; los aliados exigen mantener salvaguardas mínimas para evitar que áreas sensibles queden bajo control de potencias externas o fondos de inversión opacos.
Puntos clave:
- El oficialismo busca derogar la ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
- La medida elimina el tope del 15 por ciento de territorio nacional en manos foráneas.
- El debate coincide con incendios intencionales en zonas estratégicas de la Patagonia.
- Hay fuertes cruces con aliados por la seguridad en zonas de frontera y recursos hídricos.
- Organizaciones sociales denuncian un modelo de saqueo y especulación inmobiliaria.
-
CABA1 díaEl show del “cura DJ” en Plaza de Mayo: horarios y el centro porteño blindado
-
Sociedad5 díasUn informe escolar revela angustia de Ángel antes de mudarse con su madre
-
Policiales 🚨3 díasCaso Ángel López: denuncian a dos psicólogas por el drama del niño asesinado
-
Actualidad6 díasNafta a $2.000 el litro: llenar el tanque cuesta más de $100 mil
-
Economía 💲2 díasOtra víctima de Milei: cerró la fábrica de Tía Maruca en la libertaria San Juan
-
El Clima 🌤️2 díasTormenta intensa en Santa Rosa: 90 milímetros de agua y calles anegadas
-
Política 📢4 díasMilei cayó 13 puntos y quedó quinto en imagen: lo superan Kicillof, Cristina y Bregman
-
Zona Destacada2 díasTragedia en la frontera: mató a su hija de 4 años, la llevó al hospital y se suicidó ante los médicos
