Judiciales ⚖️
Del voto clave para la Ley Bases a los tribunales de Asunción: el juicio que persigue a Kueider
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción inició el proceso contra el exsenador entrerriano y su exsecretaria Iara Guinsel Costa por tentativa de contrabando de divisas. Ambos se abstuvieron de declarar en la primera audiencia, mientras en la Argentina sigue abierta la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El juicio oral y público contra el exsenador nacional Edgardo Kueider comenzó este martes en Asunción, tras sucesivas postergaciones que demoraron el inicio del proceso. El debate es conducido por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, presidido por la jueza Elsa García e integrado por los magistrados Adriana Planás y Matías Garcete. Junto al exlegislador entrerriano también es juzgada su exsecretaria, Iara Guinsel Costa, acusada del mismo delito de tentativa de contrabando de divisas; ambos permanecen bajo prisión domiciliaria en territorio paraguayo desde fines de 2024.
En la apertura del debate, el fiscal Ysrael Villalba ratificó la acusación. La defensa de Kueider, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Girett, sostuvo que la fiscalía no podrá probar su teoría del caso. Los dos imputados decidieron abstenerse de declarar en esta instancia, aunque anticiparon que lo harán más adelante. Ni los fiscales ni los defensores presentaron recusaciones o pedidos de nulidad en la primera jornada.
La mochila del Puente de la Amistad
La causa se originó en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando la Aduana paraguaya interceptó en el Puente Internacional de la Amistad, en Ciudad del Este, el vehículo en el que Kueider y Guinsel Costa ingresaban desde Brasil. En una mochila oculta los funcionarios encontraron más de 200.000 dólares, 640.000 guaraníes y casi 4 millones de pesos argentinos, todo sin declarar. El entonces senador, que reitera su inocencia desde el inicio del proceso, sostuvo en distintas entrevistas que el dinero no provenía de ilícitos ni de la Argentina, y lo atribuyó a operaciones financieras e inmobiliarias de terceros en Paraguay.
El escándalo derivó en una sanción institucional inédita: el 12 de diciembre de 2024, el Senado de la Nación aprobó su expulsión por inhabilidad moral sobreviniente, con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, una mayoría que superó con holgura los dos tercios que exige la Constitución. Su banca fue ocupada por la entrerriana Stefanía Cora, de Unión por la Patria. El oficialismo de La Libertad Avanza, que durante el debate impulsaba apenas una suspensión, terminó acompañando la remoción a último momento.
El voto clave de la Ley Bases y las sospechas nunca despejadas
La dimensión política del caso excede largamente el expediente aduanero. Kueider ingresó al Senado en 2019 por el Frente de Todos, pero durante 2024 se alineó con el Gobierno de Javier Milei y aportó un voto decisivo para la sanción de la Ley Bases, la norma madre del programa de desregulación y privatizaciones libertario. Durante la sesión que definió su expulsión, la senadora neuquina Silvia Sapag denunció que ese voto «fue comprado» y otros legisladores señalaron el decreto 523/2024, que creó la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande al día siguiente de la sanción de la ley, como una de las presuntas contraprestaciones; versiones que el exsenador siempre negó.
El propio Kueider eligió leer su situación en clave política. En declaraciones a la prensa en 2025 afirmó que «el kirchnerismo no me perdona que con mi voto en la Ley Bases impedí la caída del Gobierno». La paradoja es evidente: el hombre que blindó en el Congreso el relato oficial contra «la casta» quedó detenido con una mochila repleta de dólares sin declarar, mientras el oficialismo que se benefició de su voto intentó, hasta donde pudo, evitar su expulsión definitiva del cuerpo.
Las causas argentinas y la extradición pendiente
El juicio en Asunción es además la llave de la extradición. La Fiscalía paraguaya ya dictaminó a favor del traslado del exsenador requerido por la Justicia argentina, pero condicionó esa entrega a que primero se resuelva el proceso local por contrabando. En nuestro país, Kueider enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho y abuso de autoridad, con una disputa de competencia entre el fuero federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y la Justicia de Concordia, que el procurador interino Eduardo Casal recomendó resolver a favor del juzgado entrerriano.
En caso de ser hallado culpable en Paraguay, el exsenador enfrenta una pena de hasta dos años y medio de prisión, de la que se descontaría el tiempo de arresto domiciliario ya cumplido. El desenlace del proceso definirá no solo su situación en Asunción, sino también la velocidad con la que deberá responder ante los tribunales argentinos por el origen de una fortuna que, a casi un año y medio de la detención, todavía no logró explicar.
Puntos clave
- El juicio oral contra Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel Costa comenzó este martes en Asunción por tentativa de contrabando de divisas.
- Ambos fueron interceptados el 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad con más de 200.000 dólares, 640.000 guaraníes y casi 4 millones de pesos sin declarar.
- En la primera audiencia, el fiscal Ysrael Villalba ratificó la acusación y los imputados se abstuvieron de declarar.
- El Senado expulsó a Kueider el 12 de diciembre de 2024 por inhabilidad moral, con 60 votos a favor, tras su voto clave para la Ley Bases.
- La extradición a la Argentina, donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, está condicionada a la resolución del juicio paraguayo.
CABA
Rehenes y motín en pleno centro porteño: el costo de mudar presos a contrarreloj sin garantías
Al menos 20 detenidos se amotinaron en la Comisaría Vecinal 1-D de Lavalle 451 y tomaron personal policial como rehén; liberaron a uno. Según trascendió, rechazaban ser trasladados a Marcos Paz. La versión oficial habló de una pelea entre internos y descartó riesgo de fuga.
Un grupo de al menos 20 detenidos se amotinó en la Comisaría Vecinal 1-D del microcentro porteño y tomó como rehén a personal policial, en una tarde de máxima tensión que obligó a desplegar al SAME y a los bomberos. Según se informó, uno de los rehenes fue liberado.
El episodio ocurrió en la alcaidía de la dependencia, ubicada en Lavalle 451, en el barrio de San Nicolás. Voceros de la Policía de la Ciudad indicaron que no hay peligro de fuga y que, hasta el momento, no se reportaron heridos. El parte oficial señala que el conflicto se originó en un enfrentamiento entre internos dentro de una celda. Según trascendió, un celador que intervino para frenar la pelea habría terminado como rehén de los presos.
Según versiones que circularon desde el lugar, los detenidos rechazaban ser trasladados al nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, adonde ya se derivó a cerca de 1.400 internos de la cárcel de Devoto. Esa motivación no fue confirmada oficialmente. Según las imágenes difundidas por canales de televisión, personal del SAME ingresó a la comisaría con dos camillas.
Una mudanza a contrarreloj
El traslado desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, cuando el Ministerio de Seguridad Nacional movió a 609 internos en dos días, el 40% de la población del penal. La ministra Alejandra Monteoliva ratificó en una entrevista radial que la meta del Gobierno es «finalizar este año con el penal de Devoto trasladado y cerrado».
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre los complejos federales de Ezeiza y Marcos Paz, que relevó el primer semestre de 2026, registró que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz está procesado sin condena firme. Además, documentó 18 fallecimientos entre ambas unidades y 41 medidas de fuerza, en su mayoría huelgas de hambre. Un traslado masivo a un complejo con ese historial es, como mínimo, un motivo de preocupación para quienes están alojados en comisarías y esperan destino.
Un problema que se repite en las alcaidías porteñas
No es la primera vez que detenidos alojados en comisarías de la Ciudad se amotinan por su lugar de alojamiento. En marzo de 2022, 22 detenidos de la Comisaría 3A, en Lavalle al 1900, protagonizaron un motín en el que pedían ser trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, según informaron en aquel momento fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. En ese caso, el reclamo se daba en medio de una tensión entre la Ciudad y la Nación por los cupos y la sobrepoblación en alcaidías.
Hoy los detenidos no reclaman ir a una cárcel federal sino evitar un traslado, lo que muestra que el conflicto de fondo es el mismo: un sistema que no ofrece alojamiento digno ni previsible. Las comisarías no están diseñadas para alojar detenidos durante períodos prolongados.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades investigaban las responsabilidades de los detenidos que participaron del intento de fuga y de la agresión, y no se informó el número exacto de involucrados ni la situación de los rehenes.
Lo que tenés que saber
- Al menos 20 detenidos se amotinaron en la Comisaría Vecinal 1-D, en Lavalle 451, y tomaron personal policial como rehén.
- Uno de los rehenes fue liberado, según se informó.
- La Policía de la Ciudad indicó que no hay peligro de fuga y que no se reportaron heridos hasta el momento.
- Según versiones no confirmadas, los presos rechazaban ser trasladados a Marcos Paz, adonde se envió a cerca de 1.400 internos de Devoto.
- El Gobierno nacional se propone cerrar Devoto antes de fin de año.
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