Dos ministros alcanzaron para que el Estado argentino calificara como vinculadas al terrorismo a cinco organizaciones extranjeras. No intervinieron el Congreso ni un juez, y los fundamentos quedaron en informes que no se hicieron públicos.

La decisión quedó formalizada en la Resolución Conjunta 5/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno, y publicada este jueves en el Boletín Oficial. El texto declaró reunidos los requisitos para que el Cártel de Sinaloa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), La Nueva Familia Michoacana, Los Tiguerones y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), sean incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funciona en el Ministerio de Justicia.

Quiénes son

El Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana son carteles narcotraficantes mexicanos. Los Tiguerones son una banda delictiva de Ecuador; la resolución incluyó sus facciones «Los Fénix» y «Los Igualitos». El ELN es una guerrilla colombiana.

Las FARC fueron una organización guerrillera político-ideológica. El 24 de noviembre de 2016 firmaron con el Gobierno de Colombia el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. La Misión de las Naciones Unidas en Colombia dio por terminada la dejación de armas el 22 de septiembre de 2017, y los excombatientes formaron un partido político que desde enero de 2021 se llama Comunes.

A quién apunta en realidad

La resolución no menciona al partido Comunes ni a los firmantes de la paz. Incluyó a las FARC-EP y precisó que esa denominación «comprende al GAO-R FARC-EP y al Estado Mayor Central (EMC)», con sus bloques y frentes, «como el ‘Frente 18′». Grupo Armado Organizado Residual es la categoría que el Ministerio de Defensa de Colombia, mediante la Directiva 037 de 2017, aplicó a las estructuras de exintegrantes de las FARC que no se acogieron al acuerdo y siguieron en armas. La norma apunta así a las disidencias, pero las incluye bajo la sigla de la guerrilla que se desmovilizó.

Cómo se decide

El mecanismo está en el Decreto 918/12, modificado en 2019 y 2024, que la propia resolución cita. Su artículo 25, inciso d), manda inscribir a toda entidad sobre la cual los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores «tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada con una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional». Esos dos ministerios comunican la solicitud en forma conjunta, «previa conformidad del Ministerio de Justicia». Es un trámite íntegramente del Poder Ejecutivo: no requiere ley, sentencia ni orden judicial.

La resolución se basó en «informes de carácter reservado» de ambos ministerios. Según el texto oficial, las cinco organizaciones «representan una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación». No mencionó hechos concretos de esos grupos en territorio argentino: habló de «estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia el territorio de la República Argentina». El Gobierno definió la inclusión como «una herramienta necesaria, proporcional y adecuada de prevención y cooperación». La norma rige desde su firma, fechada el 21 de octubre.

Un precedente peligroso

Que el Poder Ejecutivo califique por su cuenta a una organización como terrorista, sin aval del Congreso ni de la Justicia, es imprudente e improcedente. El criterio es amplio y discrecional: alcanza con la sospecha fundada de dos ministros sobre una amenaza «potencial», con pruebas que no son públicas. Si esa calificación se acepta sin discusión, mañana la misma herramienta podría aplicarse a organizaciones de derechos humanos o a grupos opositores que no coincidan política o ideológicamente con el Gobierno. Mezclar en una misma lista a carteles narcotraficantes y la sigla de una guerrilla que firmó la paz bajo supervisión de la ONU muestra los riesgos de una calificación hecha por resolución, sin debate público ni revisión independiente.

El riesgo no es teórico. En julio de este año, cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas, entre ellos Ben Saul, relator sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, advirtieron que el uso que el Gobierno hace del RePET implica una ampliación indebida de la noción de terrorismo. Según difundió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los relatores cuestionaron que alcance con esa sospecha de los dos ministerios para incluir a alguien en el registro, sin investigaciones ni condenas judiciales. El CELS recordó además que mujeres mapuche de la comunidad Lafken Winkul Mapu fueron incluidas en el RePET mientras enfrentaban un proceso por usurpación, un delito sin relación con el terrorismo.

Lo que tenés que saber:

• La Resolución Conjunta 5/2026 de Seguridad y Cancillería se publicó el 22 de octubre en el Boletín Oficial.
• El Gobierno incluyó en el RePET a los carteles de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, a Los Tiguerones, al ELN y a las FARC-EP.
• La inclusión la deciden dos ministerios con conformidad de Justicia, sin intervención del Congreso ni de jueces.
• Las FARC firmaron la paz en 2016, dejaron las armas en 2017 y su partido se llama Comunes; la norma apunta a las disidencias que siguieron en armas.
• Relatores de la ONU ya habían advertido en julio sobre el uso amplio del registro por parte del Gobierno.