El juez que avaló la reforma laboral de Milei defiende su pliego, con impugnaciones de la CGT, la UOM, la UEJN y un abogado laboralista

La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagotto, convocó para este martes 9 de junio a las 10 horas una nueva audiencia pública en el marco de la segunda tanda de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. El caso que concentra mayor expectativa es el del juez Víctor Arturo Pesino, vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, para quien se solicita una prórroga de cinco años en el cargo, dado que en junio cumple 75 años, la edad que habilita la jubilación obligatoria según la Constitución Nacional.

Pesino llega a la audiencia con cuatro impugnaciones formales presentadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart.

El fallo que encendió la polémica

El 23 de abril de 2026, Pesino y la camarista María Dora González, integrantes de la Sala VIII, revocaron la cautelar que el juez de primera instancia Horacio Ojeda había concedido a favor de la CGT el 30 de marzo. Esa medida cautelar había suspendido la aplicación de 81 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral (27.802), la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. Con el fallo de Pesino y González, los artículos suspendidos recobraron plena vigencia mientras la causa sigue su curso hacia una sentencia de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

Un día después de ese fallo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, inició el trámite para prorrogar el mandato de Pesino por cinco años adicionales. La secuencia de un fallo favorable al Ejecutivo seguido de una prórroga impulsada por ese mismo Ejecutivo generó un aluvión de cuestionamientos institucionales.

La CGT, en su presentación ante la Comisión de Acuerdos, sostuvo que esa coincidencia cronológica constituye «un cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo» e impugna a Pesino por «falta de imparcialidad», al considerar que el juez recibió un beneficio de importancia por parte del Gobierno. La central obrera también pidió la nulidad del fallo que dejó sin efecto la cautelar, y evalúa elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, calificó el accionar del juez como «indignante y aberrante» y señaló que «la velocidad y el grado de obscenidad con que actuaron no solo indigna, sino que molesta profundamente». «Están jugando con la vida de los trabajadores», subrayó.

La intervención de la UOM

La segunda impugnación provino de la Unión Obrera Metalúrgica, representada por el sindicalista Abel Furlán. El fundamento es igualmente directo: la misma Sala VIII que habilitó la reforma laboral fue también la que dispuso la intervención del gremio metalúrgico, al considerar que no se garantizó «una elección confiable, segura ni transparente» en la interna sindical.

La resolución señaló que la extensión del proceso eleccionario durante tres días y la ausencia de escrutinios provisorios diarios y públicos, exigidos por el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88, impidieron corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio. Furlán, cuya reelección como secretario general quedó en suspenso por esa decisión judicial, impugnó el pliego de Pesino ante el Senado. Sus abogados también evalúan una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político al magistrado y a la camarista González.

Furlán, quien históricamente condujo a la UOM desde una posición de confrontación con el ajuste, trazó ante dirigentes sindicales una línea de largo alcance: «La UOM fue intervenida en el 55 y en el 76. Cada vez que hubo un proyecto de ajuste, intentaron disciplinar a las organizaciones sindicales.»

El expediente laboral de Llopart

El abogado laboralista Pablo Gastón Llopart presentó una impugnación de orden estrictamente técnico: documentó que Pesino acumula 2.700 expedientes sin resolución y que la demora estructural en el dictado de sentencias en su sala ronda los dos años, cuatro veces por encima del plazo legal de 60 días hábiles establecido por la normativa procesal. La objeción apunta al desempeño funcional del magistrado, independientemente de los fallos polémicos.

Pesino y Loguarro: la bodega en Uruguay

En la misma audiencia del martes expondrá también Claudio Fabián Loguarro, otro de los postulantes a la Cámara Nacional de Apelaciones, designado originalmente como juez durante la presidencia de Mauricio Macri. Pesino y Loguarro compartieron recientemente la inauguración de una bodega en Uruguay, un vínculo personal que sumó interrogantes sobre la independencia del fuero en un momento de alta tensión institucional entre la Justicia del Trabajo y el movimiento sindical.

Una tanda de pliegos con resistencias internas

La convocatoria de Pagotto para el 9 de junio a solo siete postulantes, seis de ellos del fuero laboral porteño, desencadenó tensiones dentro del propio bloque aliado del gobierno. Senadores radicales y provinciales expresaron su malestar ante Patricia Bullrich por el manejo de la agenda judicial, que priorizó candidatos del interés del Ejecutivo antes de atender los pedidos de los gobernadores. «No se entiende lo que hace el gobierno. El desorden lo arma Pagotto pero Pagotto habla con los Menem», señaló un legislador radical en declaraciones a ese medio.

La situación se inscribe en el contexto más amplio del proceso de designaciones judiciales impulsado por el ministro Mahiques. El Senado aprobó el pasado 5 de junio 74 pliegos de la primera tanda, entre los que se encontraba el de Verónica Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cuya designación el presidente Javier Milei intentó retirar sin éxito una vez que ya tenía dictamen aprobado.

Los demás postulantes del martes

Además de Pesino y del juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo (candidato a una prórroga de cinco años en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan), defenderán sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos las juezas María Claudia Jueguen para la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y Marina Pisacco para la Sala VI del mismo tribunal. También expondrán los magistrados Diego Javier Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro para distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal.

Puntos clave

• El juez Víctor Pesino defiende este martes su prórroga de cinco años ante el Senado con cuatro impugnaciones formales de la CGT, la UOM, la UEJN y el abogado Llopart.
• El Poder Ejecutivo inició el trámite de prórroga el día después del fallo de Pesino que habilitó la reforma laboral, lo que la CGT denominó una «devolución de favores» que «avergüenza la tradición de la Justicia del Trabajo».
• La misma Sala VIII dispuso también la intervención de la UOM, lo que motivó la impugnación del sindicalista Abel Furlán.
• El abogado Llopart documentó 2.700 expedientes acumulados y demoras estructurales de hasta dos años en la Sala VIII, cuatro veces el plazo legal.
• El proceso de pliegos vuelve a cruzarse con tensiones políticas dentro del bloque aliado del gobierno, que reclama mayor atención a los candidatos propuestos por gobernadores provinciales.