Sin paritarias, sin ley y con presupuesto de hace 20 años: la crisis universitaria que el Gobierno eligió profundizar

★ La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) ejecutará este miércoles 3 y jueves 4 de junio un paro de 48 horas en las universidades públicas de todo el país, en el marco de un plan de lucha que combina huelgas, movilizaciones, clases públicas y acciones de visibilización. La medida es la respuesta directa a la negativa del Gobierno nacional a abrir paritarias y a su sistemático incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación.

La decisión surgió de un plenario de secretarios y secretarias generales de los gremios de base de FEDUN realizado esta semana, en el que se resolvió profundizar las medidas de fuerza ante el silencio oficial. El secretario general de la federación, Daniel Ricci, sostuvo que la convocatoria a paritarias es una exigencia impostergable y que «la ausencia de negociaciones representa una decisión política que profundiza el ajuste sobre el sistema universitario».

El paro de esta semana se inscribe en un cronograma más amplio: desde el lunes 1° de junio, FEDUN inauguró dos semanas de visibilización del conflicto universitario con actividades en las facultades de todo el país. La federación también resolvió participar de las movilizaciones convocadas bajo la consigna Ni Una Menos, en solidaridad con la lucha contra la violencia de género tras el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba.

El dato que el Gobierno no puede ignorar: 52,1% de pérdida salarial

El número que condensa la crisis es contundente: desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, los docentes universitarios perdieron el 52,1% de su poder adquisitivo. Según el último Informe de Situación del Sistema Universitario, elaborado por FEDUN en conjunto con el CIICTI, los salarios llevan 18 meses consecutivos de caída real sin que el Gobierno haya convocado a una sola mesa de negociación paritaria.

El dato tiene correlato en cifras concretas: un profesor titular con dedicación simple cobró en mayo de 2026 apenas $593.355 brutos, por debajo de la Canasta Básica Alimentaria de marzo, que alcanzó los $658.011, según datos del INDEC. Es decir, un docente universitario con años de carrera no alcanza a cubrir la línea de indigencia con su sueldo.

El desguace del presupuesto universitario: niveles de hace 20 años

El conflicto salarial no es un problema aislado sino la consecuencia directa de un desfinanciamiento estructural y deliberado. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), publicado en mayo de 2026, documenta que entre 2023 y 2025 la ejecución real del gasto en la partida «Desarrollo de la Educación Superior» se desplomó un 29%, llevando el financiamiento universitario al nivel más bajo desde 2006.

El presupuesto asignado al sistema universitario cayó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para 2026. Las transferencias reales acumulan una caída del 45,6% desde el inicio de la gestión libertaria. El recorte al sector universitario representa, además, el 39% de todo el ajuste aplicado a la función Educación y Cultura a nivel nacional.

Lejos de atenuar el conflicto, el Gobierno respondió a la cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada a mediados de mayo, con un nuevo tijeretazo: mediante la Decisión Administrativa 20/2026, oficializada en el Boletín Oficial, Milei recortó más de $100.000 millones adicionales destinados a instituciones de educación superior y ciencia, incluyendo el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, entre otros organismos.

La Ley de Financiamiento: aprobada, vetada, ratificada y ahora suspendida

El historial legislativo de la norma resume, en pocas páginas, la relación del Gobierno con la universidad pública. El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario en 2025; Milei la vetó; el Congreso rechazó el veto y la ratificó. Sin embargo, el 7 de mayo de 2026 la Justicia suspendió su aplicación y habilitó al Gobierno a recurrir ante la Corte Suprema, que ahora deberá definir el futuro de la norma. En ese limbo judicial, el Ejecutivo alega «escasez presupuestaria» para justificar su incumplimiento, mientras la ACIJ señala que el esfuerzo fiscal necesario para aplicar la ley ronda los 3,6 billones de pesos a valores actuales, una cifra que contrasta con los 5 billones de pesos de renuncia fiscal que representaron las rebajas al impuesto sobre Bienes Personales durante 2024 y 2025.

Para la CONADU, la otra gran federación docente universitaria, el ahogo financiero «es parte del plan sistemático» del Gobierno: la misma lógica que recorta ciencia y educación superior destina fondos al pago de una deuda con el FMI que condiciona cada partida presupuestaria.

Un sistema al borde del colapso

Las consecuencias del ajuste ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. A principios del ciclo lectivo 2026, la Facultad de Agronomía de la UBA debió absorber la renuncia de 83 docentes e investigadores, junto a trabajadores no docentes. Muchas universidades debieron recurrir a recursos propios para no cerrar sus puertas. Las Becas Progresar, instrumento clave para la permanencia de estudiantes de sectores vulnerables, acumulan una caída del 95% en su financiamiento respecto a 2023.

El paro de 48 horas que comienza este miércoles no es, en ese contexto, una medida de rutina sindical. Es la expresión de un sistema que el Gobierno redujo a niveles de hace dos décadas mientras les garantiza impunidad fiscal a los sectores de mayor concentración de riqueza.

Puntos clave:

– FEDUN lanza un paro de 48 horas el 3 y 4 de junio en todas las universidades públicas del país, exigiendo paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
– Los docentes universitarios acumulan una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, con 18 meses consecutivos de caída salarial real.
– El financiamiento universitario cayó un 29% en términos reales entre 2023 y 2025, llevando el gasto al nivel más bajo en 20 años, según un informe de la ACIJ.
– El Gobierno respondió a la cuarta Marcha Federal Universitaria con un nuevo recorte de más de $100.000 millones a educación superior y ciencia.
– La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso, permanece suspendida judicialmente mientras la Corte Suprema define su futuro.