CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
CABA
La defensa del Pity Álvarez denunció riesgo de vida y pidió la intervención del Tribunal Superior porteño
Con 34 testigos ya escuchados y dos pendientes, declaran tres especialistas en salud mental y el Padre César, mientras el músico, internado en una clínica de Castelar, sigue el debate por Zoom. La defensa denunció riesgo para su vida y pidió la intervención del Tribunal Superior porteño.
Con 34 testigos escuchados y apenas dos pendientes, el juicio por el crimen de Cristian Díaz entra en su tramo final con un acusado internado en una clínica psiquiátrica y una defensa que advierte por su vida. Este lunes se desarrolla la audiencia número 16, en la que declaran tres especialistas en salud mental y el Padre César.
El músico Cristian “Pity” Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El debate se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, y la jornada comenzó a las 11.30 con testimonios por Zoom.
Quiénes declaran en la audiencia 16
Fueron convocados los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj, el psiquiatra Ezequiel Norberto Mercurio y el sacerdote César Scicchitano Tagle, el Padre César o “cura rockero”, quien mantiene desde hace años un vínculo cercano con el músico. Su declaración es una incógnita, porque informó que por la tarde un familiar será sometido a una operación y podría postergarse.
Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre en la clínica de salud mental Solar Colonial, en Castelar, a la que fue trasladado tras pasar por el Hospital Tornú, y sigue el juicio por Zoom. Sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, se dividieron las tareas: Baños está en Tribunales y Queijeiro lo acompaña en la clínica. Se espera además que el propio acusado declare, y que el Tribunal fije próximamente la fecha de los alegatos, etapa en la que la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones antes del veredicto.
El reclamo de la defensa al Tribunal Superior
En la previa de la audiencia, Baños y Queijeiro difundieron un comunicado en el que advierten sobre riesgos “para la vida y salud” del músico y piden la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Informan que tramitan tres recursos de queja, presentados tras la denegación de recursos de inconstitucionalidad, referidos al rechazo de cinco acciones de hábeas corpus, al inicio del juicio sin determinación previa de su aptitud para afrontarlo y a la omisión de la audiencia de recusación del Tribunal Oral N° 29.
La defensa denuncia “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados de protección de las personas con discapacidad. También cuestiona la actuación del Ministerio Público Fiscal, al que acusa de presunto ocultamiento de pruebas y falta de objetividad, lo que motivó la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados. El comunicado aclara que deja a salvo el buen nombre de los tres jueces y del fiscal subrogante que intervino ante la ausencia del fiscal Sandro Abraldes, quien tomó vacaciones durante el debate. Se trata de planteos de la defensa, que aún no fueron resueltos.
Lo que resolvió la Justicia hasta ahora
El Tribunal rechazó los pedidos de la defensa para suspender el debate y avaló un informe que considera al músico apto para afrontar el juicio. Al mismo tiempo, el Juzgado Civil N° 4 había convalidado su internación por 90 días, a partir de un informe de la Clínica Dharma que señala que presenta “riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros”. Una misma persona es considerada apta para ser juzgada y, a la vez, en riesgo cierto e inminente que justifica su internación.
En la audiencia anterior, el miércoles 21 de octubre, declararon cinco testigos de identidad reservada: un empleado de un kiosco, una kinesióloga y tres vecinos del barrio Samoré, de Villa Lugano. Según se informó, las cinco declaraciones fueron favorables a la postura de la defensa, que sostiene que el músico actuó en legítima defensa.
Lo que tenés que saber:
- La audiencia 16 del juicio por el crimen de Cristian Díaz comenzó a las 11.30 ante el Tribunal Oral N° 29.
- Declaran los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj, el psiquiatra Ezequiel Mercurio y el Padre César, cuyo testimonio podría postergarse.
- Ya declararon 34 testigos y restan dos; el Tribunal podría fijar la fecha de los alegatos.
- Álvarez está internado desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar y sigue el juicio por Zoom.
- La defensa denuncia riesgo para su vida y reclama la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño.
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