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El Senado desafía a Milei: radicales y PRO respaldarán a Michelli pese al veto por ser cuñada de Alconada Mon

La senadora Carolina Losada anticipó que el bloque de la UCR votará en bloque contra el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli, sumándose a la posición de Patricia Bullrich. El Gobierno bloqueó la postulación porque Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó casos sensibles que salpicaron a la gestión libertaria.

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Carolina Losada confirmó que los diez senadores del bloque radical votarán contra el retiro del pliego de Michelli.

UCR y PRO anticipan que votarán contra el retiro del pliego de la jueza Michelli, vetada los Milei

★ La interna en el oficialismo y sus aliados se profundizó este martes en torno al caso de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, cuyo pliego el Poder Ejecutivo decidió retirar del Senado por un motivo que desató una fuerte polémica institucional: su parentesco familiar con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, quien publicó trabajos sobre el caso $LIBRA y sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras investigaciones que comprometieron a figuras clave de la administración de Javier Milei.

La senadora Carolina Losada (UCR, Santa Fe), en declaraciones a Radio Rivadavia, afirmó que «hasta que no haya una razón que esgrima el Ejecutivo, para mí es una candidata super válida, muy formada que dio una entrevista brillante ante la Comisión de Acuerdos». Losada anticipó que votará en contra del retiro del pliego y aseguró que «el bloque radical por completo va a votar de esa manera y el PRO entiendo que también se pronunció de esa manera». El bloque de la UCR en el Senado cuenta con diez integrantes.

Un veto de origen político

La postulación de Michelli había sido firmada por el propio Javier Milei a mediados de marzo de 2026, luego de que la candidata cumpliera con todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados. Con 32 años de trayectoria en la Justicia federal y 16 años como secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Michelli reunió nueve de las diecisiete firmas de la Comisión de Acuerdos del Senado, la mayoría suficiente para convertir su postulación en dictamen. Sin embargo, el presidente de la Comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se negó a presentar el dictamen para su votación en el recinto.

Semanas después, el Gobierno envió formalmente al Senado el pedido de retiro de la postulación. La nota lleva las firmas de Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según trascendió, la orden provino de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La razón explicitada fue el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, cuñado de la candidata.

La maniobra fue leída de manera unánime en el arco político y jurídico como una represalia encubierta contra el trabajo periodístico de Alconada Mon. El propio periodista, autor de investigaciones sobre el caso $LIBRA y el enriquecimiento ilícito de funcionarios del Gobierno, describió la situación como un ataque que afecta «el ejercicio del periodismo profesional y crítico», pilar fundamental de la democracia.

Una fractura que cruza al bloque oficialista

La decisión del Ejecutivo generó una fisura inusual dentro de las propias filas libertarias. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anunció a través de la red social X que ejercerá su «derecho a la objeción de conciencia» y que votará contra el retiro del pliego. «Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal», publicó Bullrich, quien aclaró que reconoce las facultades constitucionales del jefe de Estado para proponer y retirar candidatos judiciales, aunque no comparte esta decisión en particular.

Losada avaló la postura de Bullrich y la amplió al conjunto del bloque radical: «No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar. Ella estuvo en la Comisión y no sabíamos si es cuñada de alguien, solo la valoramos por sus propias cualidades, porque no se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien».

Denuncias judiciales y cuestionamientos institucionales

El caso trascendió el debate parlamentario y derivó en presentaciones judiciales. El organismo Reset Republicano presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N° 6 (a cargo del juez subrogante Daniel Rafecas), en la que acusó al gobierno de Milei de un presunto acto de discriminación ideológica. El fiscal federal Guillermo Marijuán tomó intervención en la causa.

En paralelo, un grupo de abogados del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires exhortó al Senado a «rechazar el pedido de retiro del pliego» de Michelli y a «denegar aprobación a los pliegos» de los candidatos Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, quienes avanzaron en el proceso luego de negociaciones reservadas con emisarios del Ejecutivo, pese a haber sido inicialmente objetados por sus vínculos con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los abogados denunciaron la vigencia de un «inadmisible sistema de premios y castigos que no hace sino resentir la calidad democrática» de la república.

La situación expone con crudeza la lógica con la que el Gobierno de Javier Milei opera sobre el Poder Judicial: un candidato cuestionado por sus vínculos con la AFA avanza si negocia; una magistrada con 32 años de carrera y el aval de la mayoría de la Comisión de Acuerdos es bloqueada por el apellido de su cuñado periodista.

Puntos clave

  • Carolina Losada confirmó que los diez senadores del bloque radical votarán contra el retiro del pliego de Michelli.
  • Patricia Bullrich se desmarcó del Ejecutivo y también anunció su voto contrario al retiro, ejerciendo su «derecho a la objeción de conciencia».
  • El Gobierno bloqueó la postulación de Michelli porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio de Adorni.
  • Michelli cuenta con 32 años de carrera judicial y había obtenido las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos.
  • El fiscal Guillermo Marijuán investiga una posible discriminación ideológica en el retiro del pliego.

Legislativo

Discapacidad: el Senado sancionó con 71 votos la ley que reemplaza la emergencia

El Senado aprobó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, el régimen permanente que sustituye a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. La ley fija plazos para saldar deudas con prestadores, pero la discusión sobre los fondos quedó abierta.

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El Argentino Diario-Discapacidad.

A poco más de un mes del vencimiento de la Emergencia en Discapacidad, el Senado sancionó con 71 votos afirmativos una ley que la reemplaza por un régimen permanente, aunque la discusión sobre cómo se va a financiar quedó abierta.

La Cámara alta convirtió en ley, tras un debate de nueve horas, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que Diputados había aprobado en octubre con más de dos tercios (237 votos afirmativos y 9 negativos). El Senado había firmado el dictamen sin cambios respecto del texto de la Cámara baja, lo que permitió la sanción definitiva.

Qué establece la nueva ley

La norma mantiene los ejes principales de la emergencia vigente, pero elimina su carácter transitorio y establece un régimen permanente. También explicita la forma de financiamiento, el motivo por el cual el oficialismo acompañó el proyecto.

Entre los puntos centrales, la ley garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la actualización de las prestaciones. Además, permite cobrar una pensión no contributiva y tener un empleo registrado, siempre que el sueldo no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles. A los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad les reconoce el derecho a un programa médico que garantice las prestaciones básicas de la Ley 24.901.

Otro capítulo sensible es el de las deudas con los prestadores: la norma obliga a notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde su entrada en vigencia y a prever el pago total dentro de los 90 días corridos para quienes completaron el trámite administrativo.

Un recorrido que empezó con un veto

La emergencia que ahora se reemplaza es la Ley 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno. El presidente Javier Milei la vetó por completo el 4 de agosto de 2025 y el Senado rechazó el veto el 4 de septiembre de ese año, con 63 votos a favor y 7 en contra. Fue la primera vez desde 2003 que el Congreso rechazaba un veto total. Esa ley declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El nuevo texto replica casi todo el esquema de aquella norma, pero le quita la fecha de vencimiento. El colectivo de Discapacidad recibió el proyecto con cautela, y en Diputados ocho de los nueve votos negativos fueron de Córdoba, donde organizaciones del sector reclamaron que no fueron consultadas.

La pregunta por los fondos

La senadora radical Mariana Juri advirtió que el Presupuesto 2027 debería tener previstos los fondos para la ley, aunque recordó que ese proyecto fue emitido antes de su sanción. Por eso pidió que la Cámara de Diputados incluya los recursos en el Presupuesto 2027. «No nos conformemos con sancionar esta ley», sostuvo la legisladora.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), había anticipado que esperaban que Diputados incluyera los fondos en el presupuesto antes de enviarlo al Senado. El proyecto dispone que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del ejercicio anterior. Sin esos recursos asegurados en el Presupuesto, la letra de la ley corre el riesgo de quedar en una promesa.

Lo que tenés que saber

  • El Senado sancionó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, la ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
  • La norma reemplaza a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre, y establece un régimen permanente.
  • Garantiza la continuidad del CUD y la actualización de las prestaciones, y permite combinar una pensión no contributiva con un empleo registrado hasta dos salarios mínimos.
  • Fija 30 días corridos para notificar un cronograma de pagos a los prestadores y 90 días corridos para el pago total a quienes completaron el trámite.
  • La senadora Mariana Juri pidió que Diputados incluya los fondos en el Presupuesto 2027.
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