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Kueider: nueva postergación del juicio en Paraguay y la Procuración frena la causa en San Isidro

El procurador Eduardo Casal emitió un dictamen que desaconseja concentrar la investigación por enriquecimiento ilícito en el juzgado federal bonaerense. El proceso oral en Asunción fue reprogramado para el 9 de junio, también por tercera vez.

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El Argentino Diario-Senador Kueider.
La Procuración desaconseja que San Isidro acapare la causa Kueider y el juicio en Paraguay se posterga al 9 de junio.

El laberinto judicial de Kueider: dos fueros en pugna en Argentina y un juicio que no arranca en Paraguay

★ El caso del exsenador entrerriano Edgardo Kueider acumuló dos novedades simultáneas en las últimas horas que reconfiguran su ya complejo mapa judicial: la Procuración General de la Nación emitió un dictamen clave ante la Corte Suprema de Justicia que desaconseja concentrar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en el Juzgado Federal de San Isidro, y el juicio oral que debía iniciarse este lunes en Asunción fue postergado por tercera vez, ahora hasta el próximo 9 de junio.

El procurador general Eduardo Casal sugirió al máximo tribunal que rechace el pedido de inhibitoria presentado por la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien buscaba quedarse en forma exclusiva con la causa que en Argentina investiga al exlegislador. Para Casal, esa solicitud resulta «prematura» y el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, a cargo del juez Ives Bastián, tiene razones válidas para mantener su propia investigación en paralelo.

El nudo de la competencia

El origen del conflicto de competencia radica en los distintos períodos y hechos que cada juzgado investiga. La Justicia provincial entrerriana con asiento en Concordia examina la trayectoria de Kueider como funcionario municipal y provincial entre 1999 y 2019, cuando el exsenador acumuló presuntamente bienes y activos que no condice con sus ingresos declarados en esa etapa. El juzgado federal de San Isidro, en cambio, tomó impulso a partir de abril de 2019, con una denuncia basada en la propia declaración jurada de Kueider como legislador nacional, donde constaba su participación en la empresa Betail SA, titular de cocheras y departamentos de lujo en Paraná, la capital de Entre Ríos.

Arroyo Salgado declaró la conexidad objetiva y subjetiva de ambas causas y presentó el pedido de inhibitoria, que el juez Bastián rechazó. La Cámara provincial avaló esa decisión. Desde noviembre de 2025, el expediente aguarda pronunciamiento de la Corte Suprema. El dictamen de Casal es el primer paso formal del máximo tribunal en ese proceso y marca una señal política e institucional clara: la Justicia entrerriana no debe ser desplazada.

El juicio en Paraguay, postergado otra vez

Mientras la disputa de competencia se dirime en Buenos Aires, en Asunción la situación de Kueider tampoco se resuelve. El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás, debía dar inicio este lunes a las 8 de la mañana al juicio oral contra el exsenador y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel. La presidenta del Tribunal, García, dispuso reprogramar el inicio para el martes 9 de junio, alegando razones organizativas.

No es la primera demora. El proceso había sido fijado originalmente para el 24 de noviembre de 2025, luego trasladado al 20 de abril de 2026 a pedido de la Fiscalía, y ahora postergado por tercera vez. Kueider y Guinsel acumulan ya un año y medio de arresto domiciliario en la capital paraguaya, habiendo transitado por un lujoso complejo céntrico, un dúplex y un departamento de alta gama en la periferia de Asunción.

La acusación, a cargo del fiscal Ysrael Villalba Ramírez, los imputa por contrabando en grado de tentativa. Los hechos datan de la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando la Aduana paraguaya en la cabecera del Puente Internacional de la Amistad detuvo la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que viajaban ambos desde Brasil. En el interior de una mochila encontraron más de 211.000 dólares, cerca de 4 millones de pesos argentinos y 640.000 guaraníes sin declarar. En caso de ser hallado culpable, el exsenador enfrenta una pena de hasta dos años y medio de prisión, aunque el tiempo de arresto domiciliario ya cumplido se descontaría de esa condena.

El entramado de causas en Argentina

El juicio en Paraguay es considerado una pieza clave para desactivar el escollo que impide la extradición de Kueider a la Argentina. La Fiscalía paraguaya ya emitió dictamen favorable a la extradición solicitada por Arroyo Salgado, pero condicionó ese traslado a que primero se resuelva el proceso local por contrabando. Mientras tanto, en el expediente argentino, la jueza federal ya elevó a juicio la causa contra los presuntos integrantes de una organización delictiva encabezada por el exsenador, acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho y abuso de autoridad.

Kueider, por su parte, reitera su inocencia desde el inicio del proceso. Sostuvo en reiteradas oportunidades que el dinero hallado en la mochila no era de su propiedad ni de la de Guinsel, y que correspondía a operaciones financieras e inmobiliarias de terceros en territorio paraguayo. El Senado de la Nación aprobó su desafuero con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, abriendo el camino para su procesamiento en Argentina.

Puntos clave

  • El procurador Eduardo Casal aconsejó a la Corte Suprema rechazar el pedido de la Justicia Federal de San Isidro de concentrar la investigación por enriquecimiento ilícito, respaldando la competencia del juzgado provincial de Concordia.
  • El juicio oral en Paraguay por contrabando en grado de tentativa fue postergado por tercera vez: el proceso, que debía comenzar el lunes 1 de junio, arrancará el 9 de junio.
  • Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel llevan un año y medio de arresto domiciliario en Asunción tras ser detenidos con más de 211.000 dólares sin declarar en el Puente Internacional de la Amistad.
  • La extradición a Argentina está condicionada a la resolución del juicio en Paraguay.
  • En Argentina, el exsenador enfrenta causas paralelas por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho y abuso de autoridad, con parte de la causa ya elevada a juicio.

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La “casta” que corta el pasto: $2.584 millones para un sobrino de los Menem a través de Vialidad Nacional

Una empresa fundada semanas antes de las elecciones de 2023, registrada como inmobiliaria y con capital inicial de apenas $15 millones, se quedó con un contrato millonario para desmalezar rutas nacionales. Su dueño es del entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados y está citado a indagatoria por lavado de dinero en la causa ANDIS.

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El Argentino Diario-Martín Menem-Lule Menem.
Empresa fantasma, funcionario menemista y contratos millonarios: así opera la "casta" en la era Milei.

Un sobrino de los Menem cobró $2.584 millones de Vialidad para cortar el pasto en rutas nacionales

★ El gobierno de Javier Milei, que convirtió la batalla contra la «casta» en su principal bandera electoral, le otorgó contratos por $2.584 millones a una empresa vinculada al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para realizar tareas de corte de pasto y desmalezado en tramos de rutas nacionales. La trama, revelada por el portal El Disenso y profundizada por el medio bonaerense Diagonales, combina una adjudicación de origen irregular, una prórroga otorgada pese al avance judicial, y un funcionario de Vialidad Nacional con décadas de historia junto al clan riojano.

La empresa fantasma de los Pocovi

El protagonista del negocio es Alan Pocovi, del entorno familiar de Martín Menem y de su hermano Eduardo «Lule» Menem. Pocovi constituyó la firma He Vras SRL en octubre de 2023, en el intervalo entre las PASO y el ballotage presidencial que consagró a Milei. La sociedad nació con un capital inicial de apenas $15 millones y declaró como rubro de actividad principal la construcción y el sector inmobiliario, no el mantenimiento vial.

La co-titularidad de la firma es otro dato que levantó sospechas en la justicia: el segundo socio registrado es Cipriano Arriola Cabrera, presentado como «empresario paraguayo», pero con domicilio fiscal en un barrio de baja capacidad contributiva de Quilmes y con antecedentes de haber percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.

Los contratos y la prórroga bajo sospecha

A través de la Licitación Pública 2025-07477937, la Dirección Nacional de Vialidad llamó a concurso para el «Servicio integral de corte de pasto, desmalezado y cortafuego 2025», un proceso de enorme envergadura: 59 renglones, trabajos en caminos de todo el país y un presupuesto global que supera los $20.955 millones.

He Vras SRL se quedó con los renglones 58 y 59, correspondientes a tramos de la Ruta Nacional 178 (km 5 al 47) y la Ruta Nacional 188 (km 255 al 361), en la zona limítrofe entre Buenos Aires y Santa Fe. La adjudicación original, firmada el 22 de mayo de 2025 por el Administrador General de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, significó el desembolso de $1.292 millones para la empresa, a razón de $380.000 por hectárea.

Lo que siguió resultó aún más revelador. El 4 de diciembre de 2025, cuando Pocovi ya figuraba en causas judiciales vinculadas a maniobras de lavado de dinero, Vialidad Nacional no suspendió ni auditó el contrato sino que lo prorrogó por seis meses adicionales, con vigencia hasta junio de 2026. El monto de la extensión duplicó el valor original, llevando el total acumulado a $2.584 millones. Para cubrirse formalmente, Campoy no suscribió él mismo la prórroga: derivó la rúbrica a Ariel Paz, Jefe de Compras del organismo, según consignó El Disenso en su investigación publicada en mayo de 2026.

Campoy: el funcionario que une los puntos

La figura del titular de Vialidad resulta central para entender la trama. Marcelo Jorge Campoy no es un funcionario nuevo en el organismo ni un desconocido para los Menem: ya ocupó exactamente el mismo cargo durante el último año de la presidencia de Carlos Saúl Menem, en 1999. Su regreso al frente del organismo vial bajo la gestión libertaria coincidió directamente con el inicio del flujo de contratos hacia los Pocovi. El registro de visitas a la Casa Rosada, según la investigación de Diagonales, muestra que Campoy se reunió con Eduardo «Lule» Menem en más de 30 ocasiones durante los últimos dos años.

La causa ANDIS y la llamada a indagatoria

El expediente judicial pone en contexto la magnitud del escándalo. El fiscal federal Franco Picardi citó a Alan Pocovi a declaración indagatoria para el 3 de junio de 2026, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero ligadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según fuentes judiciales de Comodoro Py consultadas por medios especializados, Pocovi habría formado parte del entramado financiero paralelo que coordinaba Miguel Calvete para el presunto desvío de fondos de ese organismo. Su rol específico, según los chats de los teléfonos secuestrados por la justicia, habría sido el de recibir y canalizar transferencias millonarias desde una oficina ubicada en Madero al 900, en el barrio porteño de Catalinas. La causa tramita en el juzgado del magistrado Ariel Lijo, el mismo que lleva adelante la investigación por enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Fuentes camaristas al tanto del expediente admitieron que Pocovi también aparece señalado en maniobras vinculadas a los contratos de Vialidad, lo que unifica ambas investigaciones en un mismo esquema de captura de fondos públicos.

El silencio oficial y la contradicción del relato

Los pedidos de acceso a la información pública dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei, sobre los criterios de selección de la firma y los vínculos familiares de su titular con legisladores oficialistas no recibieron respuestas sustantivas. La opacidad contrasta con el discurso oficial de transparencia y «motosierra» contra el gasto, y pone de manifiesto una de las contradicciones más flagrantes de la gestión: mientras el gobierno ajusta jubilaciones, salarios y programas sociales, los contratos de organismos como Vialidad Nacional alimentan las cuentas de empresas del entorno político del propio oficialismo.

Puntos clave:

  • He Vras SRL, empresa del entorno familiar del diputado Martín Menem, recibió contratos de Vialidad Nacional por un total de $2.584 millones para corte de pasto y desmalezado en rutas nacionales.
  • La firma fue fundada en octubre de 2023, días antes de las elecciones presidenciales, con un capital de $15 millones y rubro inmobiliario, no vial.
  • La prórroga del contrato fue otorgada en diciembre de 2025, pese a que su titular, Alan Pocovi, ya era investigado en la causa ANDIS por presunto lavado de dinero.
  • El titular de Vialidad, Marcelo Campoy, registra reuniones con «Lule» Menem en más de 30 oportunidades y ya fue funcionario del organismo durante la presidencia de Carlos Menem en 1999.
  • El fiscal Franco Picardi citó a Pocovi a indagatoria el 3 de junio de 2026 en la causa ANDIS, que tramita ante el juez Ariel Lijo.
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