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Judiciales ⚖️

La “casta” que corta el pasto: $2.584 millones para un sobrino de los Menem a través de Vialidad Nacional

Una empresa fundada semanas antes de las elecciones de 2023, registrada como inmobiliaria y con capital inicial de apenas $15 millones, se quedó con un contrato millonario para desmalezar rutas nacionales. Su dueño es del entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados y está citado a indagatoria por lavado de dinero en la causa ANDIS.

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El Argentino Diario-Martín Menem-Lule Menem.
Empresa fantasma, funcionario menemista y contratos millonarios: así opera la "casta" en la era Milei.

Un sobrino de los Menem cobró $2.584 millones de Vialidad para cortar el pasto en rutas nacionales

★ El gobierno de Javier Milei, que convirtió la batalla contra la «casta» en su principal bandera electoral, le otorgó contratos por $2.584 millones a una empresa vinculada al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para realizar tareas de corte de pasto y desmalezado en tramos de rutas nacionales. La trama, revelada por el portal El Disenso y profundizada por el medio bonaerense Diagonales, combina una adjudicación de origen irregular, una prórroga otorgada pese al avance judicial, y un funcionario de Vialidad Nacional con décadas de historia junto al clan riojano.

La empresa fantasma de los Pocovi

El protagonista del negocio es Alan Pocovi, del entorno familiar de Martín Menem y de su hermano Eduardo «Lule» Menem. Pocovi constituyó la firma He Vras SRL en octubre de 2023, en el intervalo entre las PASO y el ballotage presidencial que consagró a Milei. La sociedad nació con un capital inicial de apenas $15 millones y declaró como rubro de actividad principal la construcción y el sector inmobiliario, no el mantenimiento vial.

La co-titularidad de la firma es otro dato que levantó sospechas en la justicia: el segundo socio registrado es Cipriano Arriola Cabrera, presentado como «empresario paraguayo», pero con domicilio fiscal en un barrio de baja capacidad contributiva de Quilmes y con antecedentes de haber percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.

Los contratos y la prórroga bajo sospecha

A través de la Licitación Pública 2025-07477937, la Dirección Nacional de Vialidad llamó a concurso para el «Servicio integral de corte de pasto, desmalezado y cortafuego 2025», un proceso de enorme envergadura: 59 renglones, trabajos en caminos de todo el país y un presupuesto global que supera los $20.955 millones.

He Vras SRL se quedó con los renglones 58 y 59, correspondientes a tramos de la Ruta Nacional 178 (km 5 al 47) y la Ruta Nacional 188 (km 255 al 361), en la zona limítrofe entre Buenos Aires y Santa Fe. La adjudicación original, firmada el 22 de mayo de 2025 por el Administrador General de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, significó el desembolso de $1.292 millones para la empresa, a razón de $380.000 por hectárea.

Lo que siguió resultó aún más revelador. El 4 de diciembre de 2025, cuando Pocovi ya figuraba en causas judiciales vinculadas a maniobras de lavado de dinero, Vialidad Nacional no suspendió ni auditó el contrato sino que lo prorrogó por seis meses adicionales, con vigencia hasta junio de 2026. El monto de la extensión duplicó el valor original, llevando el total acumulado a $2.584 millones. Para cubrirse formalmente, Campoy no suscribió él mismo la prórroga: derivó la rúbrica a Ariel Paz, Jefe de Compras del organismo, según consignó El Disenso en su investigación publicada en mayo de 2026.

Campoy: el funcionario que une los puntos

La figura del titular de Vialidad resulta central para entender la trama. Marcelo Jorge Campoy no es un funcionario nuevo en el organismo ni un desconocido para los Menem: ya ocupó exactamente el mismo cargo durante el último año de la presidencia de Carlos Saúl Menem, en 1999. Su regreso al frente del organismo vial bajo la gestión libertaria coincidió directamente con el inicio del flujo de contratos hacia los Pocovi. El registro de visitas a la Casa Rosada, según la investigación de Diagonales, muestra que Campoy se reunió con Eduardo «Lule» Menem en más de 30 ocasiones durante los últimos dos años.

La causa ANDIS y la llamada a indagatoria

El expediente judicial pone en contexto la magnitud del escándalo. El fiscal federal Franco Picardi citó a Alan Pocovi a declaración indagatoria para el 3 de junio de 2026, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero ligadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según fuentes judiciales de Comodoro Py consultadas por medios especializados, Pocovi habría formado parte del entramado financiero paralelo que coordinaba Miguel Calvete para el presunto desvío de fondos de ese organismo. Su rol específico, según los chats de los teléfonos secuestrados por la justicia, habría sido el de recibir y canalizar transferencias millonarias desde una oficina ubicada en Madero al 900, en el barrio porteño de Catalinas. La causa tramita en el juzgado del magistrado Ariel Lijo, el mismo que lleva adelante la investigación por enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Fuentes camaristas al tanto del expediente admitieron que Pocovi también aparece señalado en maniobras vinculadas a los contratos de Vialidad, lo que unifica ambas investigaciones en un mismo esquema de captura de fondos públicos.

El silencio oficial y la contradicción del relato

Los pedidos de acceso a la información pública dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei, sobre los criterios de selección de la firma y los vínculos familiares de su titular con legisladores oficialistas no recibieron respuestas sustantivas. La opacidad contrasta con el discurso oficial de transparencia y «motosierra» contra el gasto, y pone de manifiesto una de las contradicciones más flagrantes de la gestión: mientras el gobierno ajusta jubilaciones, salarios y programas sociales, los contratos de organismos como Vialidad Nacional alimentan las cuentas de empresas del entorno político del propio oficialismo.

Puntos clave:

  • He Vras SRL, empresa del entorno familiar del diputado Martín Menem, recibió contratos de Vialidad Nacional por un total de $2.584 millones para corte de pasto y desmalezado en rutas nacionales.
  • La firma fue fundada en octubre de 2023, días antes de las elecciones presidenciales, con un capital de $15 millones y rubro inmobiliario, no vial.
  • La prórroga del contrato fue otorgada en diciembre de 2025, pese a que su titular, Alan Pocovi, ya era investigado en la causa ANDIS por presunto lavado de dinero.
  • El titular de Vialidad, Marcelo Campoy, registra reuniones con «Lule» Menem en más de 30 oportunidades y ya fue funcionario del organismo durante la presidencia de Carlos Menem en 1999.
  • El fiscal Franco Picardi citó a Pocovi a indagatoria el 3 de junio de 2026 en la causa ANDIS, que tramita ante el juez Ariel Lijo.

Investigación 🔎

Adorni: Pollicita descarta el enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión

El fiscal no pudo refutar que el dinero de las compras fuera anterior a la función pública, pero detectó USD 374.081 pagados en efectivo y tenencias ocultas al fisco desde 2014. Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico. No es un sobreseimiento: decide Lijo.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

El fiscal que investigó a Manuel Adorni no encontró pruebas de que se haya enriquecido en la función pública, pero sí de que durante más de una década ocultó al fisco dólares en efectivo y criptoactivos. Por eso Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.

El dictamen se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el expediente que se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación revisó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El pedido no implica un sobreseimiento: si Lijo lo acepta, Adorni seguirá investigado, pero por otro delito y en otro fuero.

Lo que encontró la Fiscalía

Según el dictamen, la Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras y cancelaciones de deudas del período. Entre esos pagos figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.

La defensa sostuvo que ese dinero provenía de ahorros en criptomonedas anteriores a su llegada al Gobierno. Pollicita concluyó que no pudo refutar esa versión y que la investigación no logró vincular los fondos con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. Por eso escribió que “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica” en el enriquecimiento ilícito, “lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”.

De la corrupción a la evasión

El giro tiene una explicación jurídica: el enriquecimiento ilícito exige que el patrimonio crezca después de asumir el cargo. Si el dinero ya existía, el delito no encaja, aunque se haya usado durante la gestión. Pero esa misma explicación de la defensa abrió otra puerta. Según el fiscal, la fuente que Adorni invoca “se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”, y la omisión se extendió “desde 2014 y hasta su exteriorización en 2026”, es decir, cuando la causa ya estaba en trámite.

Pollicita enumeró indicadores que, a su juicio, exceden una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de los fondos una vez iniciada la investigación. El fuero Penal Económico deberá reconstruir, ejercicio por ejercicio, lo que correspondía pagar de Ganancias y Bienes Personales.

La lectura política: el vocero de la “casta” y el efectivo

El dictamen deja al Gobierno una victoria a medias. Evita la figura de corrupción para uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, pero lo describe como alguien que durante años manejó dólares en efectivo fuera del radar de la AFIP, hoy ARCA. Es el mismo Gobierno que llegó al poder con el discurso contra la “casta” y que impulsó un blanqueo y la llamada “inocencia fiscal” para quienes tengan dólares sin declarar. La causa ahora queda en manos de Lijo, que debe decidir si se declara incompetente.

Lo que tenés que saber:

  • Pollicita dictaminó que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante la función pública.
  • Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
  • La Fiscalía detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo.
  • Según el fiscal, Adorni mantuvo tenencias sin declarar desde 2014 hasta 2026, cuando ya estaba en marcha la causa.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver si acepta el pedido.
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