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Desregulación

La motosierra de Sturzenegger no se apaga: el Gobierno planifica una nueva ola de despidos en el Estado

El ministro de Desregulación recorre ministerio por ministerio para determinar nuevos recortes de personal en la segunda mitad del año. Los sindicatos ATE y UPCN advierten sobre el deterioro salarial y amenazan con conflictividad.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.
Funcionarios del propio gobierno expresaron dudas sobre el impacto de una ola de despidos en la administración.

Sturzenegger recorre ministerios para planificar nuevos despidos en el Estado en el segundo semestre

★ La administración de Javier Milei prepara una nueva ronda de despidos en el sector público. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantiene activa la denominada «motosierra» y ejecuta un relevamiento sistemático de la planta de personal en todas las carteras del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de profundizar el ajuste en la segunda mitad del año.

En las últimas semanas, funcionarios del área de Sturzenegger, ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, recorrieron distintos ministerios para relevar dotaciones, funciones y eventuales duplicaciones de tareas. El criterio rector es determinar si las mismas funciones pueden cumplirse con menos trabajadores.

El mensaje que llega a cada ministerio

La señal que transmiten los enviados de Sturzenegger es unívoca. «Cada vez que gente de Sturzenegger aparece por las oficinas, se deja bien en claro la necesidad de continuar con más recortes de trabajadores en la segunda mitad de año, en lo posible en cada área estatal», reveló una fuente de alto rango. Desde las propias filas del gobierno libertario, no todos comparten el optimismo oficial: algunos funcionarios advierten que la eliminación masiva de empleados podría generar dificultades concretas en la gestión administrativa del Estado.

ATE promete conflicto abierto

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que resistirá la avanzada. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, fue contundente: «No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar». Aguiar también exigió la reapertura inmediata de las paritarias del sector. «Si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado», advirtió.

UPCN: preocupación sin definición táctica

En la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, la preocupación es palpable aunque la organización aún no definió medidas de fuerza. «Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado Nacional», señalaron desde el sindicato.

Los dirigentes de UPCN denunciaron que el Ejecutivo desvinculó a trabajadores con más de diez años de antigüedad, «muy formados y muy preparados», que incluso aprobaron el examen de idoneidad impuesto por el propio gobierno con un índice de aprobación del 95 por ciento. «Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales están lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa», señalaron.

La posición del gremio apunta a una distinción que el discurso oficial sistemáticamente evita: «El Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Por lo tanto, podemos hablar de eficientizarlo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable que no logre contener a la gente que más necesita del Estado», concluyeron.

El ajuste como política estructural

El plan de nuevos despidos se inscribe en un proceso de reducción del empleo público que lleva más de dos años. Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Milei recortó los salarios reales de los trabajadores estatales en torno al 29 por ciento, según datos del Foro Economía y Trabajo, y redujo el gasto primario total en un 31 por ciento acumulado. La política de ajuste responde a las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025 por USD 20.000 millones, cuya segunda revisión fue aprobada en abril de 2026.

La perspectiva de una nueva oleada de cesantías en el Estado agudiza la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos del sector, en un contexto en que los ingresos de los trabajadores estatales aún no recuperaron el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la gestión libertaria.

Puntos clave:

  • El ministerio de Sturzenegger recorre carteras para relevar personal y planificar nuevos despidos para el segundo semestre de 2026.
  • Funcionarios del propio gobierno expresaron dudas sobre el impacto en la gestión administrativa.
  • ATE anunció confrontación abierta y exigió la reapertura inmediata de paritarias.
  • UPCN advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad y aun así los despidos continúan.
  • Los recortes se ejecutan en el marco de las metas fiscales acordadas con el FMI.

Desregulación

Aportaron $40 millones a LLA y se quedaron con AySA y la Hidrovía: así funciona el modelo de negocios libertario

Walter Román lideró el consorcio que el 8 de octubre presentó la mejor oferta para quedarse con el 90% de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento más grande del país. Su pariente Leonardo, mientras tanto, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a la belga Jan de Nul. Una misma familia. Dos de las privatizaciones más estratégicas del ciclo Milei. Y $40 millones de aportes a la campaña de La Libertad Avanza que explican, al menos en parte, el acceso privilegiado al círculo del poder.

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El Argentino Diario-AySA.
Primero la Hidrovía, ahora el agua: los Román, la familia que se quedó con la infraestructura estratégica de Argentina.

Más de 11 millones de personas en el AMBA beben agua potabilizada por AySA. El 90% de las acciones de esa empresa acaba de tener la mejor oferta de compra por parte de un consorcio encabezado por Rowing S.A., la firma de Walter Román, quien, según consta en el registro público de aportantes privados de la Cámara Nacional Electoral, destinó 40 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos de sus empresas, Direct Group y Lógico. La apertura de sobres se realizó el 8 de octubre y la propuesta del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ascendió a US$340,2 millones por el 90% del paquete accionario de la empresa, superando en un 19% la oferta del Grupo Roggio, su único competidor.

Cuatro meses antes, en junio de 2026, otro miembro del clan familiar ya había protagonizado uno de los negocios más grandes de la era libertaria: Servimagnus, firma liderada por Leonardo Román, sobrino de Walter, se convirtió en el socio local de la empresa belga Jan de Nul en la concesión de la Vía Navegable Troncal, la Hidrovía Paraná-Paraguay, una infraestructura estratégica por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas y que concentra cerca de 60 terminales portuarias. Dos hermanos, dos privatizaciones, una familia.

El consorcio que se quedó con el agua

El consorcio que ganó la licitación de AySA está integrado por cuatro firmas. Rowing S.A., de Walter Román, tendrá el 20% de la participación accionaria; Transclor, de Mauricio Filiberti, apodado «El Rey del Cloro» por ser uno de los proveedores históricos de insumos para la potabilización de AySA; PHX AQUA AR B.V., un vehículo de inversión constituido en Londres en agosto de 2026, pocas semanas antes de la apertura de sobres; y Arcos Saneamento e Participações S.A., del Grupo Equipav de Brasil, que aportará el expertise técnico en operación de redes de agua y cloacas. PHX Aqua concentrará el 55% del paquete accionario dentro del grupo. La composición del consorcio generó cuestionamientos inmediatos desde la oposición, dado que uno de sus futuros accionistas es, hasta hoy, proveedor activo de la empresa que se dispone a adquirir.

La adjudicación fue habilitada por la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, en el marco de la Ley Bases (27742), que incluyó a AySA en la lista de empresas públicas sujetas a privatización. El proceso arrancó formalmente con los decretos 493 y 494 de julio de 2025, que establecieron el nuevo marco regulatorio y autorizaron la venta del 90% estatal. Se trata de la mayor privatización de infraestructura impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Las resistencias judiciales que el Gobierno ignoró

La licitación avanzó pese a múltiples obstáculos judiciales. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó una medida cautelar, promovida por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que prohíbe al Gobierno modificar, reducir o alterar las obligaciones esenciales vinculadas a la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la región metropolitana. La resolución alertó sobre un «riesgo inminente» de deterioro sanitario si la reestructuración corporativa desmantela los controles de calidad o valida el abandono de las más de 260 obras de infraestructura que el Ejecutivo mantiene paralizadas. La Cámara también ordenó girar la causa al fuero federal para que se resuelva si la privatización es legal o inconstitucional.

En paralelo, los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, exigiendo que el Gobierno revele la tasación oficial de AySA y solicitaron que se frene la adjudicación. La pregunta que el Gobierno no quiso responder es cuánto vale realmente la empresa que acaba de vender.

La Hidrovía, el primer gran negocio de los Román

Servimagnus, la empresa con la que Leonardo Román se convirtió en el socio local de Jan de Nul en la concesión de la Hidrovía, se dedica al salvamento y desguace de buques, remoción de estructuras portuarias, izado de carga de proyecto, montaje de equipamiento portuario, balizamiento, dragado y obras hidráulicas. En septiembre de 2026, la nueva concesionaria Vía Navegable Argentina (VNA) inició operaciones con una baja del 13,5% en la tarifa de peaje, presentada por el consorcio como una señal de mejora logística. El negocio, sin embargo, es de una magnitud difícil de exagerar: la Hidrovía moviliza el 80% de las exportaciones argentinas y articula cerca de 60 terminales portuarias.

Los Román, en el entramado familiar, son herederos del patriarca Alfredo Simón Román, fundador de la empresa de transporte y logística que lo convirtió en «El zar de las grúas». Sus cuatro hijos, Alfredo, Ricardo, Oscar y Walter, separaron sus negocios en 1996. Desde entonces expandieron sus áreas de influencia hacia la infraestructura portuaria, la construcción, la logística y los servicios. En el ciclo de privatizaciones del Gobierno de Milei, dos ramas de esa misma familia se convirtieron en los grandes beneficiarios de la transferencia de activos estratégicos al sector privado.

Karina Román y el círculo rojo

La tercera cara visible del clan es Karina Román, hija de Alfredo y, por tanto, prima de Leonardo. Su nombre no figura en ninguna licitación millonaria, pero su presencia en el establishment local creció con fuerza en los últimos años. Karina es la figura central en la conducción de las inversiones del holding a través de Puerto Asís Investments, el vehículo que controla la participación del grupo en Exolgan, con negocios en puerto, agro, energía e inmuebles. Su perfil se consolidó en ámbitos como el Foro Llao Llao, la Universidad Di Tella y Endeavor, los tres espacios de construcción de consenso del empresariado argentino.

En el entorno de los Román insisten en que cada uno lleva adelante sus empresas de manera independiente y que no existen vínculos comerciales entre ellos. Lo que sí existe, y es de acceso público, es la relación entre Walter Román y La Libertad Avanza: 40 millones de pesos aportados a la campaña electoral, un dato que permite contextualizar el vínculo entre el empresario y el partido de gobierno que habilitó las dos privatizaciones más estratégicas de las que su familia resultó beneficiaria.

Lo que tenés que saber:

  • El consorcio encabezado por Rowing S.A., de Walter Román, presentó la oferta más alta por AySA: US$340,2 millones por el 90% de las acciones, con un compromiso de inversión de US$15.040 millones en 30 años.
  • Leonardo Román, pariente de Walter, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a Jan de Nul a través de Servimagnus, concesión ganada en junio de 2026.
  • Walter Román aportó $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos empresas, según el registro público de la Cámara Nacional Electoral.
  • La privatización de AySA avanzó pese a una medida cautelar de la Justicia bonaerense y una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentada por legisladores de la oposición.
  • La Ley Bases (27742) habilitó la venta del 90% de AySA; la adjudicación se formalizó mediante la Resolución 1722/2026 firmada por el ministro Luis Caputo.
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