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Desregulación

La motosierra de Sturzenegger no se apaga: el Gobierno planifica una nueva ola de despidos en el Estado

El ministro de Desregulación recorre ministerio por ministerio para determinar nuevos recortes de personal en la segunda mitad del año. Los sindicatos ATE y UPCN advierten sobre el deterioro salarial y amenazan con conflictividad.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.
Funcionarios del propio gobierno expresaron dudas sobre el impacto de una ola de despidos en la administración.

Sturzenegger recorre ministerios para planificar nuevos despidos en el Estado en el segundo semestre

★ La administración de Javier Milei prepara una nueva ronda de despidos en el sector público. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantiene activa la denominada «motosierra» y ejecuta un relevamiento sistemático de la planta de personal en todas las carteras del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de profundizar el ajuste en la segunda mitad del año.

En las últimas semanas, funcionarios del área de Sturzenegger, ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, recorrieron distintos ministerios para relevar dotaciones, funciones y eventuales duplicaciones de tareas. El criterio rector es determinar si las mismas funciones pueden cumplirse con menos trabajadores.

El mensaje que llega a cada ministerio

La señal que transmiten los enviados de Sturzenegger es unívoca. «Cada vez que gente de Sturzenegger aparece por las oficinas, se deja bien en claro la necesidad de continuar con más recortes de trabajadores en la segunda mitad de año, en lo posible en cada área estatal», reveló una fuente de alto rango. Desde las propias filas del gobierno libertario, no todos comparten el optimismo oficial: algunos funcionarios advierten que la eliminación masiva de empleados podría generar dificultades concretas en la gestión administrativa del Estado.

ATE promete conflicto abierto

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que resistirá la avanzada. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, fue contundente: «No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar». Aguiar también exigió la reapertura inmediata de las paritarias del sector. «Si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado», advirtió.

UPCN: preocupación sin definición táctica

En la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, la preocupación es palpable aunque la organización aún no definió medidas de fuerza. «Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado Nacional», señalaron desde el sindicato.

Los dirigentes de UPCN denunciaron que el Ejecutivo desvinculó a trabajadores con más de diez años de antigüedad, «muy formados y muy preparados», que incluso aprobaron el examen de idoneidad impuesto por el propio gobierno con un índice de aprobación del 95 por ciento. «Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales están lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa», señalaron.

La posición del gremio apunta a una distinción que el discurso oficial sistemáticamente evita: «El Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Por lo tanto, podemos hablar de eficientizarlo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable que no logre contener a la gente que más necesita del Estado», concluyeron.

El ajuste como política estructural

El plan de nuevos despidos se inscribe en un proceso de reducción del empleo público que lleva más de dos años. Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Milei recortó los salarios reales de los trabajadores estatales en torno al 29 por ciento, según datos del Foro Economía y Trabajo, y redujo el gasto primario total en un 31 por ciento acumulado. La política de ajuste responde a las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025 por USD 20.000 millones, cuya segunda revisión fue aprobada en abril de 2026.

La perspectiva de una nueva oleada de cesantías en el Estado agudiza la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos del sector, en un contexto en que los ingresos de los trabajadores estatales aún no recuperaron el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la gestión libertaria.

Puntos clave:

  • El ministerio de Sturzenegger recorre carteras para relevar personal y planificar nuevos despidos para el segundo semestre de 2026.
  • Funcionarios del propio gobierno expresaron dudas sobre el impacto en la gestión administrativa.
  • ATE anunció confrontación abierta y exigió la reapertura inmediata de paritarias.
  • UPCN advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad y aun así los despidos continúan.
  • Los recortes se ejecutan en el marco de las metas fiscales acordadas con el FMI.

Desregulación

La industria textil argentina al límite: el 70% del mercado ya es importado

Con seis de cada diez máquinas paradas y una caída de la producción del 34% respecto a 2023, la industria textil argentina enfrenta su peor momento ante una apertura comercial que duplicó el ingreso de indumentaria importada. La Fundación Pro Tejer y la FITA denuncian competencia fraudulenta por subfacturación y reclaman al gobierno de Milei condiciones mínimas para sobrevivir.

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El Argentino Diario-Ropa-Vestimenta-Indumentaria.
Milei abrió las puertas y el textil se hundió: 70% del mercado es importado y la subfacturación hace el resto.

Las importaciones ya explican el 70% del mercado textil argentino. Lo que históricamente era una disputa pareja entre producción local y productos del exterior se convirtió, bajo la gestión libertaria, en una derrota estructural para la industria nacional: en el primer semestre de 2026, la indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares, mientras las fábricas textiles del país operaban apenas al 39% de su capacidad instalada.

Esos datos fueron aportados por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), los dos organismos que nuclean al sector y que coinciden en un diagnóstico que el gobierno de Javier Milei prefiere ignorar: la política de apertura comercial irrestricta, combinada con la apreciación del tipo de cambio real y la demora en medidas de competitividad, está destruyendo una cadena productiva que empleó durante décadas a cientos de miles de trabajadores formales.

Apertura sin red: la caída en los eslabones primarios

En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria totalizaron 177.356 toneladas y 911 millones de dólares. La baja del 20% interanual en cantidades y del 5% en valores no es, como podría interpretarse, una señal de mejora: esa contracción se concentra en los insumos, no en los productos finales.

Según el informe de Pro Tejer, las materias primas cayeron un 33%, los hilados un 43%, los tejidos planos un 52% y los tejidos de punto un 34%. La lectura es inequívoca: hay menos insumos porque hay menos producción local. Las fábricas no fabrican, por lo tanto no demandan materias primas. El mercado interno simplemente se abastece con el producto terminado que llega del exterior.

La Fundación Pro Tejer precisó que «el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, la desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina».

Subfacturación: más del 70% de los productos entra a precio ficticio

La FITA fue más terminante en su diagnóstico y acuñó el término que sintetiza el problema de fondo: «competencia fraudulenta». La federación señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desregulación de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras la producción nacional continúa cargando con una presión tributaria elevada, altos costos logísticos y falta de financiamiento.

Pero el punto más crítico es la subfacturación. Más del 70% de los productos importados ingresa al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal. Esta práctica, que constituye una violación a las normas de comercio exterior vigentes, configura una ventaja artificial imposible de compensar por cualquier esfuerzo de eficiencia en la producción local.

A eso se suma la competencia de plataformas digitales como Shein y Temu, que comercializan indumentaria de origen asiático sin tributar aranceles, operando en un vacío regulatorio que el gobierno libertario no ha mostrado voluntad de cerrar.

La producción en caída libre: 34% menos que en 2023

Las cifras de actividad son concluyentes. En el primer semestre de 2026, la producción textil cayó un 24,4% respecto al mismo período de 2025 y un 34% respecto a 2023, el último año antes del gobierno de Milei. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 39%, lo que en términos prácticos significa que seis de cada diez máquinas están paradas en las fábricas del sector.

La FITA aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en términos generales. La entidad firmó recientemente una declaración conjunta con organizaciones del Mercosur y de Europa en el marco del acuerdo birregional, y gestiona activamente el avance comercial con Estados Unidos. El reclamo no es por el comercio exterior en sí, sino por las condiciones en que se da ese comercio: sin reglas de origen verificadas, sin valores de referencia que impidan la subfacturación y sin paridad de cargas tributarias entre lo que se produce aquí y lo que se importa.

El reclamo: que se cumpla la ley

La demanda del sector ante el gobierno no es, por ahora, proteccionismo clásico. La FITA y Pro Tejer reclaman el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior: aplicar los controles aduaneros que ya existen para detectar subfacturación, establecer valores de referencia para los principales productos importados y garantizar que las plataformas digitales extranjeras tributen igual que los comercios locales.

Sin esas condiciones mínimas, la industria textil argentina enfrenta un horizonte de desindustrialización acelerada que no se limita a una rama productiva: arrastra empleo registrado, capacidad de exportación, desarrollo regional y una cadena de valor que va desde el algodón en el norte del país hasta las terminaciones en los talleres del conurbano bonaerense.

Puntos clave

  • Las importaciones representan ya el 70% del mercado textil argentino, según la Fundación Pro Tejer.
  • La indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares en el primer semestre de 2026.
  • La producción textil cayó un 24,4% interanual y un 34% respecto a 2023, con solo el 39% de la capacidad instalada en uso.
  • La FITA denuncia que más del 70% de los productos importados ingresa subfacturado, sin cubrir el costo de la materia prima.
  • Plataformas como Shein y Temu operan sin pagar aranceles, ampliando la brecha de competitividad con la producción local.
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