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Desregulación

La industria textil argentina al límite: el 70% del mercado ya es importado

Con seis de cada diez máquinas paradas y una caída de la producción del 34% respecto a 2023, la industria textil argentina enfrenta su peor momento ante una apertura comercial que duplicó el ingreso de indumentaria importada. La Fundación Pro Tejer y la FITA denuncian competencia fraudulenta por subfacturación y reclaman al gobierno de Milei condiciones mínimas para sobrevivir.

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Milei abrió las puertas y el textil se hundió: 70% del mercado es importado y la subfacturación hace el resto.

Las importaciones ya explican el 70% del mercado textil argentino. Lo que históricamente era una disputa pareja entre producción local y productos del exterior se convirtió, bajo la gestión libertaria, en una derrota estructural para la industria nacional: en el primer semestre de 2026, la indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares, mientras las fábricas textiles del país operaban apenas al 39% de su capacidad instalada.

Esos datos fueron aportados por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), los dos organismos que nuclean al sector y que coinciden en un diagnóstico que el gobierno de Javier Milei prefiere ignorar: la política de apertura comercial irrestricta, combinada con la apreciación del tipo de cambio real y la demora en medidas de competitividad, está destruyendo una cadena productiva que empleó durante décadas a cientos de miles de trabajadores formales.

Apertura sin red: la caída en los eslabones primarios

En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria totalizaron 177.356 toneladas y 911 millones de dólares. La baja del 20% interanual en cantidades y del 5% en valores no es, como podría interpretarse, una señal de mejora: esa contracción se concentra en los insumos, no en los productos finales.

Según el informe de Pro Tejer, las materias primas cayeron un 33%, los hilados un 43%, los tejidos planos un 52% y los tejidos de punto un 34%. La lectura es inequívoca: hay menos insumos porque hay menos producción local. Las fábricas no fabrican, por lo tanto no demandan materias primas. El mercado interno simplemente se abastece con el producto terminado que llega del exterior.

La Fundación Pro Tejer precisó que «el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, la desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina».

Subfacturación: más del 70% de los productos entra a precio ficticio

La FITA fue más terminante en su diagnóstico y acuñó el término que sintetiza el problema de fondo: «competencia fraudulenta». La federación señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desregulación de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras la producción nacional continúa cargando con una presión tributaria elevada, altos costos logísticos y falta de financiamiento.

Pero el punto más crítico es la subfacturación. Más del 70% de los productos importados ingresa al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal. Esta práctica, que constituye una violación a las normas de comercio exterior vigentes, configura una ventaja artificial imposible de compensar por cualquier esfuerzo de eficiencia en la producción local.

A eso se suma la competencia de plataformas digitales como Shein y Temu, que comercializan indumentaria de origen asiático sin tributar aranceles, operando en un vacío regulatorio que el gobierno libertario no ha mostrado voluntad de cerrar.

La producción en caída libre: 34% menos que en 2023

Las cifras de actividad son concluyentes. En el primer semestre de 2026, la producción textil cayó un 24,4% respecto al mismo período de 2025 y un 34% respecto a 2023, el último año antes del gobierno de Milei. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 39%, lo que en términos prácticos significa que seis de cada diez máquinas están paradas en las fábricas del sector.

La FITA aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en términos generales. La entidad firmó recientemente una declaración conjunta con organizaciones del Mercosur y de Europa en el marco del acuerdo birregional, y gestiona activamente el avance comercial con Estados Unidos. El reclamo no es por el comercio exterior en sí, sino por las condiciones en que se da ese comercio: sin reglas de origen verificadas, sin valores de referencia que impidan la subfacturación y sin paridad de cargas tributarias entre lo que se produce aquí y lo que se importa.

El reclamo: que se cumpla la ley

La demanda del sector ante el gobierno no es, por ahora, proteccionismo clásico. La FITA y Pro Tejer reclaman el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior: aplicar los controles aduaneros que ya existen para detectar subfacturación, establecer valores de referencia para los principales productos importados y garantizar que las plataformas digitales extranjeras tributen igual que los comercios locales.

Sin esas condiciones mínimas, la industria textil argentina enfrenta un horizonte de desindustrialización acelerada que no se limita a una rama productiva: arrastra empleo registrado, capacidad de exportación, desarrollo regional y una cadena de valor que va desde el algodón en el norte del país hasta las terminaciones en los talleres del conurbano bonaerense.

Puntos clave

  • Las importaciones representan ya el 70% del mercado textil argentino, según la Fundación Pro Tejer.
  • La indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares en el primer semestre de 2026.
  • La producción textil cayó un 24,4% interanual y un 34% respecto a 2023, con solo el 39% de la capacidad instalada en uso.
  • La FITA denuncia que más del 70% de los productos importados ingresa subfacturado, sin cubrir el costo de la materia prima.
  • Plataformas como Shein y Temu operan sin pagar aranceles, ampliando la brecha de competitividad con la producción local.

Desregulación

El Gobierno cedió en el Senado: las sociedades automatizadas deberán tener responsables humanos

El oficialismo retrocedió en uno de los puntos más polémicos del proyecto de reforma de la Ley de Sociedades impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. La senadora Patricia Bullrich anunció que las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) deberán contar con al menos una persona física o jurídica responsable, descartando la posibilidad de empresas completamente automatizadas y sin intervención humana alguna.

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La IA sin control, frenada en el Congreso: cómo el Senado obligó al oficialismo a poner un humano detrás de las empresas algorítmicas.

El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás en uno de los aspectos más cuestionados de su proyecto de reforma a la Ley General de Sociedades. Durante una nueva jornada de debate en la Comisión de Legislación General del Senado, la jefa de la bancada oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich, reconoció las resistencias que generaba la figura de las «sociedades automatizadas» y anunció que el texto será modificado para incorporar la presencia obligatoria de al menos un responsable humano o jurídico en las nuevas entidades.

El proyecto original, elaborado por el ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, había introducido dos figuras sin precedentes en el derecho argentino: las «Sociedades Automatizadas», capaces de operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario; y las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras de gobernanza tecnológica con participaciones representadas en tokens y registros en blockchain. Ambas podían funcionar, en la letra del proyecto original, sin ningún director, gerente o representante legal humano.

Un retroceso en las formas, pero no en el fondo

«Estamos pensando desde el oficialismo y con algunos bloques más hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos», anunció Bullrich ante la comisión. La senadora justificó el cambio en la necesidad de brindar seguridad jurídica, asegurando que «el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados». La modificación concreta del texto seguía en discusión al cierre de la sesión, por lo que su redacción definitiva se conocerá en los próximos días.

El cambio no es menor en términos simbólicos: durante semanas, la posibilidad de habilitar empresas sin ningún ser humano a cargo generó críticas transversales. Abogados, docentes universitarios y especialistas en derecho comercial alertaron sobre el vacío de responsabilidad que implicaría una empresa cuyos actos fueran ejecutados íntegramente por algoritmos, sin ninguna persona física a quien reclamarle daños, incumplimientos contractuales o irregularidades fiscales.

El proyecto de Sturzenegger: desregulación total del esquema societario

La reforma de la Ley General de Sociedades, norma que regula la constitución y funcionamiento de empresas en Argentina desde 1972, fue enviada al Congreso en mayo de 2026. Uno de sus ejes centrales convierte las disposiciones de la ley vigente en normas supletorias: el estatuto de cada empresa prevalece sobre la legislación general, lo que en la práctica reduce las facultades de organismos de control como la Inspección General de Justicia (IGJ) y las Direcciones Provinciales de Personas Jurídicas. El proyecto también permite que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o arbitraje privado, sin pasar por la justicia argentina.

Sturzenegger justificó la iniciativa señalando que la ley vigente era «rígida y anacrónica» y estaba construida sobre «la desconfianza al sector privado». La reforma elimina la obligación de consignar un objeto social específico: si el estatuto no lo determina, la empresa podrá realizar cualquier actividad lícita. También admite la plena digitalización de la persona jurídica, incluyendo domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia y constitución por firma digital.

El debate continúa: segunda semana de septiembre, primer turno posible en el recinto

La comisión continúa recibiendo expositores invitados por los distintos bloques. La semana próxima se realizará una nueva ronda de presentaciones, lo que correría el tratamiento en el recinto al menos hasta la segunda semana de septiembre. El proyecto llega al Senado en un contexto político delicado: el oficialismo no cuenta con mayoría propia en la Cámara alta y necesita el apoyo de bloques aliados o dialoguistas para avanzar en su agenda legislativa.

La concesión de Bullrich sobre los responsables humanos en las DAO puede leerse, también, como una señal de que el oficialismo está dispuesto a negociar aspectos puntuales para destrabar el debate. Lo que no está en discusión, al menos de momento, es el núcleo desregulador del proyecto: la preeminencia del estatuto sobre la ley, la eliminación de controles registrales y la apertura al derecho extranjero para dirimir conflictos societarios internos.

Puntos clave

  • El oficialismo anunció que incorporará al menos un responsable humano o jurídico en las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), descartando empresas sin ninguna participación humana.
  • Patricia Bullrich realizó el anuncio durante el debate en la Comisión de Legislación General del Senado, en respuesta a críticas de expositores invitados.
  • El proyecto original de Sturzenegger habilitaba sociedades operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados ni directores humanos.
  • El texto de la modificación aún estaba en redacción al cierre de la jornada; el tratamiento en el recinto no se espera antes de la segunda semana de septiembre.
  • El núcleo desregulador del proyecto, que convierte la Ley de Sociedades en norma supletoria frente al estatuto de cada empresa, no fue puesto en cuestión.
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