Desregulación
La industria textil argentina al límite: el 70% del mercado ya es importado
Con seis de cada diez máquinas paradas y una caída de la producción del 34% respecto a 2023, la industria textil argentina enfrenta su peor momento ante una apertura comercial que duplicó el ingreso de indumentaria importada. La Fundación Pro Tejer y la FITA denuncian competencia fraudulenta por subfacturación y reclaman al gobierno de Milei condiciones mínimas para sobrevivir.
Las importaciones ya explican el 70% del mercado textil argentino. Lo que históricamente era una disputa pareja entre producción local y productos del exterior se convirtió, bajo la gestión libertaria, en una derrota estructural para la industria nacional: en el primer semestre de 2026, la indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares, mientras las fábricas textiles del país operaban apenas al 39% de su capacidad instalada.
Esos datos fueron aportados por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), los dos organismos que nuclean al sector y que coinciden en un diagnóstico que el gobierno de Javier Milei prefiere ignorar: la política de apertura comercial irrestricta, combinada con la apreciación del tipo de cambio real y la demora en medidas de competitividad, está destruyendo una cadena productiva que empleó durante décadas a cientos de miles de trabajadores formales.
Apertura sin red: la caída en los eslabones primarios
En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria totalizaron 177.356 toneladas y 911 millones de dólares. La baja del 20% interanual en cantidades y del 5% en valores no es, como podría interpretarse, una señal de mejora: esa contracción se concentra en los insumos, no en los productos finales.
Según el informe de Pro Tejer, las materias primas cayeron un 33%, los hilados un 43%, los tejidos planos un 52% y los tejidos de punto un 34%. La lectura es inequívoca: hay menos insumos porque hay menos producción local. Las fábricas no fabrican, por lo tanto no demandan materias primas. El mercado interno simplemente se abastece con el producto terminado que llega del exterior.
La Fundación Pro Tejer precisó que «el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, la desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina».
Subfacturación: más del 70% de los productos entra a precio ficticio
La FITA fue más terminante en su diagnóstico y acuñó el término que sintetiza el problema de fondo: «competencia fraudulenta». La federación señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desregulación de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras la producción nacional continúa cargando con una presión tributaria elevada, altos costos logísticos y falta de financiamiento.
Pero el punto más crítico es la subfacturación. Más del 70% de los productos importados ingresa al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal. Esta práctica, que constituye una violación a las normas de comercio exterior vigentes, configura una ventaja artificial imposible de compensar por cualquier esfuerzo de eficiencia en la producción local.
A eso se suma la competencia de plataformas digitales como Shein y Temu, que comercializan indumentaria de origen asiático sin tributar aranceles, operando en un vacío regulatorio que el gobierno libertario no ha mostrado voluntad de cerrar.
La producción en caída libre: 34% menos que en 2023
Las cifras de actividad son concluyentes. En el primer semestre de 2026, la producción textil cayó un 24,4% respecto al mismo período de 2025 y un 34% respecto a 2023, el último año antes del gobierno de Milei. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 39%, lo que en términos prácticos significa que seis de cada diez máquinas están paradas en las fábricas del sector.
La FITA aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en términos generales. La entidad firmó recientemente una declaración conjunta con organizaciones del Mercosur y de Europa en el marco del acuerdo birregional, y gestiona activamente el avance comercial con Estados Unidos. El reclamo no es por el comercio exterior en sí, sino por las condiciones en que se da ese comercio: sin reglas de origen verificadas, sin valores de referencia que impidan la subfacturación y sin paridad de cargas tributarias entre lo que se produce aquí y lo que se importa.
El reclamo: que se cumpla la ley
La demanda del sector ante el gobierno no es, por ahora, proteccionismo clásico. La FITA y Pro Tejer reclaman el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior: aplicar los controles aduaneros que ya existen para detectar subfacturación, establecer valores de referencia para los principales productos importados y garantizar que las plataformas digitales extranjeras tributen igual que los comercios locales.
Sin esas condiciones mínimas, la industria textil argentina enfrenta un horizonte de desindustrialización acelerada que no se limita a una rama productiva: arrastra empleo registrado, capacidad de exportación, desarrollo regional y una cadena de valor que va desde el algodón en el norte del país hasta las terminaciones en los talleres del conurbano bonaerense.
Puntos clave
- Las importaciones representan ya el 70% del mercado textil argentino, según la Fundación Pro Tejer.
- La indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares en el primer semestre de 2026.
- La producción textil cayó un 24,4% interanual y un 34% respecto a 2023, con solo el 39% de la capacidad instalada en uso.
- La FITA denuncia que más del 70% de los productos importados ingresa subfacturado, sin cubrir el costo de la materia prima.
- Plataformas como Shein y Temu operan sin pagar aranceles, ampliando la brecha de competitividad con la producción local.
Desregulación
AySA: el 13 de noviembre el consorcio comprador se sienta en el directorio
La empresa convocó a tres asambleas para el mismo día en que vence el plazo para firmar la venta del 90%. Se tratará la renuncia de los directores estatales, el nombramiento de sus reemplazantes y una reforma de 11 artículos del estatuto.
El mismo día en que vence el plazo para firmar la venta del 90% de AySA, la empresa convocó a tres asambleas para tratar la renuncia de los directores designados por el Estado y el nombramiento de sus reemplazantes, que definirá el consorcio comprador.
La convocatoria, publicada el 27 de octubre en el Boletín Oficial, fija las asambleas Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas Clase A para el 13 de noviembre en Tucumán 752, Ciudad de Buenos Aires, a las 10, 11 y 12; si no hay quórum, los segundos llamados serán a las 13, 14 y 15. La fecha coincide con el plazo que la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, estableció para suscribir el contrato de compraventa de acciones.
Qué se vota
La Asamblea Especial Clase A, que agrupa las 135.000 acciones del Estado nacional equivalentes al 90% del capital y de los votos, tratará la renuncia de los directores y síndicos designados por esa clase y el nombramiento de sus reemplazantes, cuyos nombres todavía no son públicos. El directorio que responde al Gobierno de Javier Milei está encabezado por Alejo Maxit, como presidente, y Oscar Pedro Ernesto Ferrari, como vicepresidente. José Luis Lingeri integra el directorio en representación del 10% de los trabajadores, que no forma parte de la venta.
La Asamblea Extraordinaria considerará la reforma de los artículos 1, 4, 8, 11, 15, 25, 26, 27, 28, 32 y 33 del estatuto para incorporar las disposiciones que exige el Pliego Único de Bases y Condiciones, aprobado por la Resolución 704/2026 de Economía. La Ordinaria analizará la gestión de los directores y síndicos designados por la Clase A durante 2026, sus honorarios y la designación de presidente y vicepresidente.
Quién compra
La Resolución 1818/2026, publicada el 22 de octubre en el Boletín Oficial, adjudicó el 90% de AySA por USD 340,2 millones, sin IVA, al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA. En segundo lugar quedó el grupo integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, que ofertó USD 285 millones, es decir USD 55,2 millones menos. La resolución consigna que el dictamen de evaluación no recibió impugnaciones y que las ofertas resultan razonables respecto de la tasación del BICE.
La resolución de adjudicación no detalla cómo se reparten las acciones entre los socios ni identifica a los beneficiarios finales de PHX Aqua. Según trascendió, PHX Aqua tendría el 55% del consorcio, Rowing el 20%, Arcos Saneamento el 15% y Transclor el 10%. La prensa local señaló que Rowing está vinculada con el empresario Walter Román y que Transclor, una compañía del negocio químico que abastece productos usados en el tratamiento de agua, es controlada por Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro”. PHX Aqua AR BV, en tanto, es un vehículo financiero creado este año en Londres.
Qué cambia con el nuevo dueño
El Plan de Acción de la Concesionaria 2027 a 2031, aprobado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución 30/2026, prevé inversiones por $2.892.111 millones sin IVA, a valores de diciembre de 2025. El contrato de concesión establece que durante ese primer ciclo tarifario no habrá Revisión Tarifaria Ordinaria, y el ERAS fijó la tasa de costo de capital en 8,90% real y 11,36% nominal. La resolución también consigna que AySA no tiene endeudamiento proyectado para 2027 a 2031 y que su salida al mercado de deuda será progresiva, con una meta de 50% de deuda en el último año del ciclo.
El propio ERAS admitió que la ausencia de los auditores independientes técnico y contable impidió contar con certificaciones independientes durante la evaluación del plan. El sistema de agua y saneamiento alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Leé también: AySA: Michel pidió a la AGN auditar la privatización antes de marzo de 2027
Lo que tenés que saber:
- AySA convocó a tres asambleas para el 13 de noviembre, en Tucumán 752.
- Se tratará la renuncia de los directores y síndicos estatales y el nombramiento de sus reemplazantes.
- La Asamblea Extraordinaria reformará 11 artículos del estatuto para adecuarlo al pliego aprobado por la Resolución 704/2026.
- Ese día vence el plazo para firmar la venta del 90% por USD 340,2 millones, fijado por la Resolución 1818/2026.
- Según el contrato de concesión, no habrá Revisión Tarifaria Ordinaria entre 2027 y 2031.
Analítico: AySA: asambleas, estatuto y directorio, el mapa del traspaso del agua al consorcio privado
De Impacto: AySA: el 13 de noviembre, tres asambleas para que el Estado deje el mando
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