La ley que Milei presentó en cadena nacional como respuesta a un peligro para la causa Malvinas llegó a la reunión con su aliado estadounidense con las sanciones en revisión. El Gobierno recibió al funcionario de Washington que un día antes había admitido la preocupación de su país por las empresas que podría alcanzar el proyecto.

Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, número dos de Marco Rubio. Según el parte de la Oficina del Presidente en X, participaron el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford; por la delegación estadounidense, el embajador Peter Lamelas, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, y la asesora principal del área, Viviana Bovo. El encuentro estaba previsto para las 11. El Gobierno no informó qué se habló ni si hubo compromisos sobre la ley.

Las empresas, en el centro de la escena

El jueves, en conferencia de prensa en el Palacio San Martín junto a Quirno, Landau dijo que las leyes argentinas son un asunto del país, pero admitió que su gobierno observa «obviamente» los intereses de las empresas estadounidenses. Sostuvo que es natural que cualquier país se preocupe por eso y agregó que Estados Unidos respeta el proceso legislativo argentino. Según trascendió, el embajador Lamelas ya había transmitido a funcionarios argentinos la inquietud de Washington y de empresas norteamericanas por el alcance del Título I del proyecto.

Qué sanciona el proyecto y qué cambia

El proyecto 0010-PE-2026 modifica la Ley 26.659, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y apunta al proyecto petrolero Sea Lion, a cargo de las compañías Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica). Milei lo anunció en cadena nacional el 3 de septiembre, junto con un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios, e incluye juicios en ausencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Quirno lo defendió y dijo que la ley vigente no da todas las herramientas necesarias para proteger los intereses nacionales en el Atlántico Sur.

La redacción original alcanzaba también a firmas asociadas a esas compañías en otros emprendimientos. Las penalidades podían llegar a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores. El proyecto se envió a Diputados a mediados de septiembre y todavía no tiene dictamen: el titular de la Cámara, Martín Menem, no logró reunir las voluntades para firmar uno unificado.

De acuerdo a versiones extraoficiales, tras las conversaciones con el PRO, el MID y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el oficialismo aceptó cambios. Las sanciones quedarían limitadas a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de proyectos ilegales, lo que dejaría afuera a los fondos de inversión indirectos. Se crearía una Comisión Bicameral que audite al Consejo de Seguridad Nacional, se acotaría la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructura crítica a casos de amenaza a la defensa y se reformularía el artículo 111, que penaliza la injerencia extranjera y la desinformación, con excepciones para el periodismo, la investigación académica y la diplomacia. El oficialismo apuntaría a un dictamen hacia fines de octubre (se mencionó el martes 27), sin fecha cerrada.

El C-24, en la agenda de reformas de Trump

Estados Unidos pidió el 15 de octubre, ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, terminar el mandato del Comité Especial de Descolonización (C-24) y calificó algunas de sus actividades de «despilfarro de recursos». Landau lo encuadró en una reforma general de los organismos multilaterales. Afirmó que existen numerosos comités que no hicieron casi nada y sostuvo que el C-24 tomó posiciones bastante radicales contra Estados Unidos, como en el caso de Puerto Rico. Pidió además no leer la iniciativa como un tema ligado a Malvinas.

Quirno calificó el reclamo argentino de «innegociable» y dijo que la eventual desaparición del comité no cambia la posición del país, aunque reconoció que es un foro de interés porque allí se presenta el reclamo cada año. Solo la Asamblea General puede poner fin al mandato del C-24 y hasta ahora no se presentó ni se votó una resolución para disolverlo. El mismo 15 de octubre, la Argentina se abstuvo en dos de los 23 proyectos sobre descolonización de la Cuarta Comisión: Quirno lo atribuyó a razones técnicas, mientras la oposición lo interpretó como un gesto hacia Washington y el excanciller Jorge Taiana advirtió que la abstención terminó favoreciendo la posición estadounidense.

En la Casa Rosada admitieron que la iniciativa estadounidense llegó en un momento incómodo para el debate de la ley. Funcionarios del Ejecutivo sostuvieron que la eliminación del comité no sería favorable porque permite sostener el reclamo jurídico argentino, aunque no esperan avances concretos en la disputa de soberanía.

Alineamiento total, soberanía con matices

Landau aseguró que no hay otro país en todo el mundo con el que Estados Unidos esté tan alineado y habló de una nueva era dorada para la Argentina. Quirno detalló que Washington aprobó US$13 millones para programas contra el narcotráfico (US$7,5 millones para proyectos en el país) y se anunció un aporte no reembolsable de US$15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad.

Consultado sobre si el respaldo estadounidense depende de una reelección de Milei en 2027, Quirno respondió que el único condicionamiento es mantener el rumbo económico. El martes, en Neuquén, Lamelas había dicho que Estados Unidos prevé movilizar hasta US$20.000 millones en inversiones y financiamiento antes del final de 2027: «Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección». Agregó que el apoyo seguirá más allá de ese año si el país va «hacia la derecha», no hacia la izquierda.

El contraste es difícil de ignorar. Milei presentó la ley en cadena nacional como respuesta a un «peligro claro y urgente» para la causa y dijo que Trump revalúa la posición histórica de Estados Unidos sobre las islas. Trump, consultado sobre el tema, había respondido que «siempre reviso todas las posiciones» y que esa es apenas una entre muchas. Ahora el mismo aliado pide atención para sus empresas, propone cerrar el foro donde la Argentina deja asentado el reclamo cada año y, según esas versiones, el Gobierno acepta acotar el alcance de su propia ley.

Lo que tenés que saber:

• Milei recibió a Landau en Casa Rosada un día después de que el funcionario admitiera que Estados Unidos sigue de cerca el impacto de la ley de Soberanía sobre sus empresas.
• Según versiones extraoficiales, el oficialismo aceptó limitar las sanciones a operadoras y socios directos y crear una comisión bicameral de control.
• El proyecto 0010-PE-2026 apunta a Navitas y Rockhopper, a cargo del proyecto petrolero Sea Lion.
• Estados Unidos pidió el 15 de octubre disolver el C-24 y Quirno calificó el reclamo argentino de «innegociable».
• Lamelas dijo que Estados Unidos prevé movilizar hasta US$20.000 millones antes del final de 2027 y condicionó el apoyo posterior a que el país siga «hacia la derecha».