Tarifas
La Justicia frenó el aumento de la luz en Provincia: qué pasa con las tarifas
La resolución alcanza a cuatro empresas reguladas por la Provincia y dispone utilizar nuevamente el cuadro previo para determinados componentes. También establece qué ocurrirá con quienes ya pagaron las facturas con la suba.
La Justicia bonaerense ordenó suspender los aumentos de las tarifas de electricidad que comenzaron a aplicarse en agosto y dispuso que las distribuidoras vuelvan a utilizar el cuadro tarifario anterior para los componentes bajo jurisdicción provincial.
La resolución fue dictada este viernes por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, luego de una presentación realizada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
Según publicó El Día, la medida alcanza a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, las cuatro distribuidoras reguladas por la Provincia.
Qué empresas quedaron alcanzadas
La resolución comprende a las siguientes distribuidoras:
- EDELAP.
- EDES.
- EDEA.
- EDEN.
En cambio, Edenor y Edesur quedaron fuera de la medida debido a que prestan el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires y se encuentran bajo regulación nacional.
Las cooperativas eléctricas tampoco están alcanzadas por la resolución judicial.
Qué aumento quedó suspendido
La medida cuestiona la aplicación de la Resolución 585/2026, mediante la cual el Gobierno bonaerense estableció un nuevo cuadro tarifario desde el 1° de agosto.
Los cambios alcanzaron distintos componentes provinciales de las facturas, entre ellos el Valor Agregado de Distribución (VAD).
La Defensoría del Pueblo planteó ante la Justicia que, antes de establecer los nuevos valores, la Provincia debía realizar una nueva audiencia pública o implementar un mecanismo formal de participación de los usuarios.
El planteo sobre las audiencias públicas
Ante la presentación, el Gobierno bonaerense sostuvo que no resultaba necesaria una nueva audiencia pública.
Según el argumento presentado ante la Justicia, los aumentos forman parte de un esquema de transición tarifaria relacionado con la emergencia energética. También señaló que los criterios generales para establecer las tarifas fueron tratados en audiencias públicas realizadas en 2016.
El juez consideró relevante el tiempo transcurrido desde aquellas instancias de participación.
“Hace diez años que no se realiza una audiencia pública. Pretender justificar constantes subas en una ‘tarifa de transición’ por tiempo indefinido desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios”, señaló el magistrado.
Qué dijo la Justicia sobre la participación de los usuarios
Uno de los ejes de la resolución está relacionado con el derecho de los usuarios a recibir información y participar antes de la definición de nuevos valores para un servicio público.
Para fundamentar la decisión, el juez citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluido el precedente conocido como CEPIS.
“En materia tarifaria, la participación de los usuarios no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida”, sostiene el fallo.
La resolución también menciona el precedente “Negrelli”, de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y señala que la información y participación de los usuarios deben producirse antes de la adopción de una decisión tarifaria.
Qué ordenó la Justicia sobre las facturas
La medida cautelar suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 y ordenó a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN volver al cuadro tarifario anterior para los componentes provinciales.
Las cuatro distribuidoras también deberán dejar de aplicar los aumentos derivados de esa resolución y de cualquier disposición posterior que no haya sido precedida por una instancia de participación de los usuarios.
La resolución contempla además las facturas que ya incorporaron los valores correspondientes al aumento suspendido.
Qué pasa si ya pagaste con el aumento
Los usuarios que ya abonaron importes correspondientes a la suba suspendida deberán recibir una acreditación o una imputación a su favor en la próxima factura.
El juez fundamentó la urgencia de la medida en que los nuevos valores ya comenzaron a cobrarse o estaban próximos a trasladarse a las facturas.
En ese sentido, la resolución señala que cada factura emitida con los valores cuestionados podía generar un perjuicio económico concreto para los usuarios.
Desregulación
AySA privatizada: el agua del AMBA ya tiene nuevo dueño
El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, en el que participa el empresario Mauricio Filiberti, se quedó con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos por US$340,2 millones, monto que quedó por debajo de los US$500 millones que pretendía el Gobierno. La operación, amparada en la Ley Bases, consumó la segunda privatización de la empresa que brinda agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en la Ciudad y el conurbano.
El agua que beben 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense quedó, a partir de este 8 de octubre de 2026, bajo control privado por primera vez en dos décadas. El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX superó en la licitación al grupo Roggio y se quedó con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones, casi un 20% más que la oferta rival de US$285 millones, pero muy lejos de los US$500 millones que el Ministerio de Economía esperaba recaudar.
El proceso, encuadrado en la Resolución 704/2026, se inició con la Ley Bases 27.742 aprobada en 2024, que incluyó a AySA en el listado de empresas sujetas a privatización. El 10% restante de las acciones permanecerá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada, cuyo referente sindical es Omar Lingeri. La adjudicación definitiva aún aguarda la revisión final de la Comisión de Evaluación.
Un proveedor que ahora será el dueño
El consorcio ganador está encabezado por Rowing S.A., firma de ingeniería e infraestructura fundada por Walter Román, cuyas empresas aportaron $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza en 2023. Lo integran también Transclor, del empresario Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav; y el fondo de inversión PHX AQUA AR BV, con sede en los Países Bajos. Arcos opera agua y cloacas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, y fue designada como Operador Técnico de la concesión.
La figura de Filiberti merece una lectura aparte. Transclor es proveedora exclusiva de AySA desde 2009 del policloruro de aluminio, el insumo más importante para la potabilización del agua. Al ganar la concesión, Filiberti pasa de proveedor a controlante de la misma empresa a la que le vende su principal insumo. Además, es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus mayores clientes. El encadenamiento de negocios regulados en torno a un mismo grupo concentrado no es un detalle menor: es la radiografía de cómo funciona el llamado «círculo rojo» empresarial cuando el Estado decide soltar activos estratégicos.
Historia de ida y vuelta: de Menem a Kirchner, de Kirchner a Milei
AySA no siempre se llamó así ni siempre fue estatal. Su historia condensa cinco décadas de disputas sobre quién debe controlar el agua. La empresa se llamó Obras Sanitarias de la Nación (OSN), fundada en 1912, hasta que Carlos Menem la privatizó en 1993 y la concesionó al consorcio Aguas Argentinas, operado mayoritariamente por el grupo francés Suez. Ese proceso judicial derivó en la determinación de que la empresa había sido vendida a menos de una quinta parte de su valor real.
En 2006, Néstor Kirchner rescindió el contrato con Suez por incumplimientos en las inversiones de infraestructura comprometidas, creó AySA y colocó el 90% del capital bajo control estatal. Desde entonces y hasta 2022, la cobertura de agua potable en el área original de concesión subió del 76% al 85%, y la de cloacas del 57% al 72,6%, según datos de Chequeado. El Gobierno de Milei eligió destacar otro ángulo: desde la reestatización, la empresa requirió aportes del Tesoro por más de US$13.400 millones.
El contrato y los compromisos de inversión
El holding ganador confirmó un compromiso de inversión de US$1.940 millones en los primeros cinco años de concesión y de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años del contrato. El nuevo pliego establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación.
Las metas de cobertura también quedaron fijadas: para 2031 se prevé alcanzar el 75,3% en agua y el 63,9% en cloacas; al finalizar el período inicial de concesión, los pisos suben al 90% y 75% respectivamente. El Gobierno asumió además la deuda de la empresa por US$70 millones, que será transferida a los adjudicatarios. Los que paguen las tarifas también pagarán esa deuda.
Un negocio que sale debajo del precio de reserva
La oferta ganadora de US$340,2 millones equivale, considerando el 10% en manos del sindicato, a un precio implícito de US$378 millones por el 100% de la empresa. El Ministerio de Economía había proyectado recaudar US$500 millones. La diferencia de US$160 millones entre lo esperado y lo obtenido es la brecha entre el discurso de eficiencia del mercado y la realidad de una licitación con apenas dos oferentes, de un proceso que comenzó con 17 grupos interesados y terminó con solo dos dispuestos a presentarse.
Así funciona la privatización de servicios esenciales en mercados cautivos: sin competencia real, el precio lo pone el comprador. Los 14 millones de usuarios no eligieron al nuevo concesionario ni votaron la Ley Bases que lo habilitó.
Lo que tenés que saber:
- El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX se adjudicó el 90% de AySA por US$340,2 millones, por debajo de los US$500 millones esperados por el Gobierno.
- Mauricio Filiberti, a través de Transclor, era el proveedor exclusivo de cloro para potabilización de AySA desde 2009 y ahora pasará a ser parte del grupo controlante.
- La empresa brinda agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en CABA y 26 municipios del conurbano.
- AySA fue creada en 2006 por Néstor Kirchner tras rescindir el contrato con el grupo francés Suez; su privatización es la segunda en la historia de la empresa.
- El grupo controlante asumirá una deuda de US$70 millones de la empresa y se comprometió a invertir US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
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