La justicia que falló dos veces: jury contra los fiscales que liberaron a Barrelier y tardaron en buscar a Agostina

A las 11.00 de este lunes, representantes de bloques opositores de la Legislatura de Córdoba presentaron ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial el pedido formal de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. El documento solicita la apertura del proceso, la suspensión preventiva de ambos funcionarios y sus eventuales destituciones. La presentación cierra, al menos en el plano institucional, un proceso que comenzó a tomar forma días después del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega y que convirtió al Poder Judicial cordobés en el centro de una tormenta política de magnitud inédita en la provincia.

Dos fiscales, dos causas, un mismo acusado

La acusación abarca dos actuaciones distintas. Rodríguez intervino en una causa de 2025 en la que Barrelier estuvo detenido por privación ilegítima de la libertad y luego recuperó la libertad. Ese antecedente directo fue el que colocó al fiscal en el centro de la ofensiva legislativa desde el primer momento. Garzón, por su parte, es el fiscal de instrucción que tiene a cargo la causa que investiga el femicidio de la adolescente.

El escrito presentado este lunes ante el Jurado de Enjuiciamiento detalla los motivos del pedido: la demora en la recepción formal de la denuncia por la desaparición de Agostina, la tardanza en la activación del Alerta Sofía (protocolo nacional de búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos), los retrasos en los allanamientos y en la detención de Barrelier, y la polémica conferencia de prensa que brindó el fiscal Garzón al confirmarse el hallazgo del cuerpo de la menor, una semana después de su desaparición.

A esos cargos se suma la jura de Rodríguez para asumir un nuevo cargo en la Procuración Penitenciaria, adonde había sido promovido por la conducción judicial, fue suspendida en el marco de la crisis desatada por el caso.

El reclamo, en palabras de los propios legisladores

«No se trata de prejuzgar ni de reemplazar el trabajo de la Justicia. Se trata de que los mecanismos institucionales funcionen y permitan determinar si las decisiones adoptadas estuvieron a la altura de las responsabilidades que exige la función judicial», subraya el comunicado remitido a este medio por los impulsores del pedido.

La legisladora Alejandra Ferrero (UCR) fue una de las voces más contundentes al justificar la presentación: calificó el procedimiento como «plagado o viciado de acciones tardías y omisiones» y sostuvo que los fiscales «tienen que dar respuestas». «Hay una familia que fue revictimizada, que atravesó el dolor y atravesó la crueldad del sistema», afirmó.

En la misma línea, el radical Alfredo Nigro señaló que el caso expone «una situación de gravedad institucional que amerita que tengamos un pronunciamiento como legisladores de la provincia de Córdoba».

«Por respeto a Agostina, a su familia y a toda la sociedad cordobesa, creemos que cada actuación debe ser revisada con seriedad, transparencia y apego a la ley», concluye el comunicado.

Una oposición unificada en el Jurado

La presentación reúne una amplitud política poco frecuente. La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por legisladores de la UCR, el Frente Cívico, el PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos. Suscribieron el documento, entre otros, Matías Gvozdenovich, Brenda Austin, Walter Nostrala, Oscar Agost Carreño, Viviana Martoccia, Alejandra Ferrero, Daniel Juez, Gerardo Grosso, Patricia Botta, Agustín Spaccesi, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi, Oscar Saliba y Noelia Agüero.

Días antes de esta formalización, el diputado nacional Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, también había anunciado públicamente su respaldo a la iniciativa: «Vamos a impulsar el jury al fiscal Rodríguez (que dejó en libertad a Barrelier) y al fiscal Garzón para que se investigue su proceder instructivo», expresó a través de sus redes sociales.

La demanda opositora excede, sin embargo, el ámbito estrictamente judicial. Varios bloques también exigieron la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, a quien responsabilizan por la actuación del Gobierno durante la búsqueda de la menor. Y el pedido de expulsión del concejal oficialista Ricardo Moreno, señalado por sus vínculos con Barrelier, completó el cuadro de una crisis que arrastró a múltiples actores del sistema político cordobés.

El Jurado y el peso de un voto

La decisión sobre la apertura del proceso de jury quedará ahora en manos del Jurado de Enjuiciamiento provincial. La paridad entre oficialismo y oposición dentro del organismo convierte a la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, en una figura clave para cualquier definición. Su trayectoria vinculada a la perspectiva de género genera expectativas entre quienes impulsan el proceso.

El caso de Agostina Vega dejó de ser desde hace tiempo una investigación criminal para convertirse en un test de funcionamiento institucional. Lo que comenzó como la búsqueda de una adolescente desaparecida terminó exponiendo, con una crudeza difícil de ignorar, la capacidad del Estado para proteger a las mujeres y niñas, activar los mecanismos de alerta que existen en el papel y garantizar que quienes tienen historia judicial no queden impunes por inercia burocrática.

Puntos clave

• El pedido de jury fue presentado este lunes a las 11.00 ante el Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba.
• Los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón enfrentan cargos de negligencia grave, mal desempeño y morosidad.
• Rodríguez libró a Barrelier en 2025 por una causa de privación ilegítima de la libertad; Garzón conduce la investigación por el femicidio de Agostina.
• El escrito solicita apertura del proceso, suspensión preventiva y eventual destitución de ambos fiscales.
• La presentación fue impulsada por legisladores de siete bloques opositores, incluyendo UCR, Frente Cívico, PRO y La Libertad Avanza.