Transporte
Flybondi colapsó: un avión operativo, 12 cancelaciones y sin sanciones reales
La aerolínea low cost que nació con la apertura de Mauricio Macri opera al borde de la quiebra: 12 de sus 13 aviones permanecen en tierra por deudas de leasing y mantenimiento, mientras el organismo regulador acumula sumarios sin ejecutar multas ni suspensiones. El nuevo dueño, Leonardo Scatturice, empresario con vínculos con el gobierno de Javier Milei, hereda una crisis que el Estado parece no querer resolver.
Flybondi canceló más de 2.500 vuelos en un año y opera con un solo avión activo.
★ La primera aerolínea de bajo costo argentina atraviesa el peor momento de su historia. Al inicio de junio, Flybondi operó con un único Boeing 737-800, matrícula LV-KJD, sobre una flota registrada de 13 aeronaves. Las otras 12 permanecieron en tierra por incumplimientos en el pago de contratos de alquiler y deudas con proveedores de mantenimiento, según el sitio especializado Aviación en Argentina. La consecuencia fue inmediata: 12 vuelos cancelados en un solo día y alrededor de 2.200 pasajeros varados.
En el Aeroparque Jorge Newbery, ese 1° de junio, el tablero de partidas lo decía todo: Aerolíneas Argentinas, LATAM, Gol, Sky, Jetsmart, Azul, todas con vuelos programados. Flybondi: ninguno. Cero.
Una crisis que no es nueva sino estructural
Los números acumulados revelan que esta no es una crisis coyuntural. Entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, la compañía canceló más de 2.500 vuelos, afectando a más de 350.000 pasajeros, según datos de la consultora Adventus relevados por fuentes aeronáuticas. Solo en mayo, el índice de puntualidad fue del 26,64%, mientras que el 46,93% de los vuelos programados fue cancelado.
La brecha con el resto del mercado es abismal. En el mismo período, Aerolíneas Argentinas registró una puntualidad del 89,77% y cancelaciones del 0,56%, mientras que Jetsmart alcanzó el 90,13% de puntualidad con apenas el 0,32% de cancelaciones.
El deterioro tampoco es nuevo. Según un análisis del sitio especializado Aviación Online sobre 7.681 vuelos programados entre octubre de 2025 y enero de 2026, el 20% registró incumplimientos: 928 con «cancelaciones encubiertas», 442 con desvíos de destino y 124 cancelaciones directas. El 53,4% de los vuelos presentó demoras.
La flota en tierra: deudas en dólares que no se consiguen
El núcleo del problema es financiero. Flybondi tiene actualmente 11 aeronaves fuera de servicio, en su mayoría por problemas vinculados al mantenimiento y al pago de contratos de leasing. Fuentes del sector indicaron que varias unidades permanecen inmovilizadas por deudas con proveedores internacionales. Entre los casos más críticos, dos aviones fueron enviados a México para tareas de mantenimiento mayor y no pudieron regresar al país por deudas que rondarían los 5,5 millones de dólares.
Especialistas del sector advierten que la compañía necesita al menos 25 millones de dólares para recomponer parcialmente su operación, pero la falta de inversores dispuestos a asumir ese riesgo complica cualquier normalización en el corto plazo. A esto se suma, según reportes técnicos, un embargo preventivo trabado sobre las cuentas bancarias de la sociedad comercial por fallos de los tribunales del trabajo, lo que incrementa las dudas sobre la capacidad real de la firma para sostener su flota.
El dueño y sus vínculos: un empresario cercano al poder
La crisis de Flybondi tiene un nombre propio en su conducción: Leonardo Scatturice. A mediados de 2025, el fondo COC Global Enterprise, de su propiedad y con sede en Estados Unidos, adquirió la mayoría accionaria de la compañía, desplazando al grupo Cartesian Capital. Scatturice es un empresario al que distintos medios identificaron con presuntos vínculos con el sector de inteligencia y con el gobierno de Javier Milei, quien además se quedó con el control del correo OCA y cerró varios negocios con el Estado nacional.
Bajo la conducción de Scatturice, la empresa anunció un ambicioso plan de expansión: 35 aeronaves nuevas y un crecimiento del 230% de la flota en cuatro años. Ese plan no se concretó. Las demoras en la llegada de aeronaves alquiladas y las dificultades financieras derivaron en un aumento sostenido de cancelaciones desde fines de 2025.
En febrero de 2025, Scatturice también quedó en el centro de una polémica cuando un avión de su propiedad aterrizó en Aeroparque con equipaje que, según versiones periodísticas, no habría sido inspeccionado por la Aduana. El episodio no derivó en consecuencias judiciales inmediatas, pero contribuyó a aumentar la exposición pública del nuevo grupo controlador.
A fines de mayo de 2026, otro cambio de conducción agravó la incertidumbre: Mauricio Sana dejó el grupo COC Global Enterprise tras más de siete años vinculado al proyecto. Previamente, en febrero, había abandonado su cargo como CEO, reemplazado por Paz Lovisolo, quien actualmente también preside la compañía.
La ANAC: actas de infracción, sumarios y ninguna sanción efectiva
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intervino ante la crisis, pero sus acciones fueron calificadas de insuficientes. A fines de 2025 y comienzos de 2026, el organismo labró actas de infracción por cancelaciones y reprogramaciones sin aviso previo, e inició un sumario administrativo advirtiendo que podría aplicar multas o suspensiones de licencia.
Sin embargo, el abogado especializado en derecho aeronáutico Fernando Dozo, asesor del Ministerio de Transporte durante la gestión de Cambiemos, señaló a Chequeado que en el caso de Flybondi «la reincidencia es evidente», pero reconoció que «no he visto que se sancione a la empresa». La Resolución N° 43/2025 de la Secretaría de Transporte establece que la cancelación o demora es una falta grave pasible de multas de hasta 150 millones de pesos o la suspensión temporal de operaciones. Hasta el cierre de esta nota, ninguna sanción efectiva se había materializado.
El periodista Pablo Díaz, editor del sitio Aviación Online, advirtió que por los reiterados incumplimientos Flybondi podría perder la prioridad para operar en los mejores horarios de Aeroparque. La amenaza existe en el papel; la ejecución, por ahora, brilla por su ausencia.
El origen: la herencia del modelo Macri
Flybondi inició sus operaciones en 2018 en el marco de la apertura del mercado aerocomercial impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, con un modelo de bajo costo orientado a ampliar el acceso a los vuelos domésticos. En sus primeros años, la compañía logró expandirse y posicionarse como la segunda operadora de cabotaje detrás de Aerolíneas Argentinas.
La crisis actual, entonces, no es solo el colapso de una empresa privada: es también el espejo de un modelo de desregulación que prometió más acceso y democratización del transporte aéreo, y que hoy deja a 350.000 pasajeros afectados en un año, con aviones varados en México por deudas en dólares y un organismo regulador que mira para otro lado. Un patrón que, bajo la actual administración libertaria, no hace más que profundizarse.
Puntos clave:
- Flybondi operó el 1° de junio con un solo Boeing 737-800 de una flota de 13 aeronaves, con 12 cancelaciones y 2.200 pasajeros afectados.
- En el último año, la compañía acumuló más de 2.500 vuelos cancelados y más de 350.000 pasajeros perjudicados, según la consultora Adventus.
- 11 aeronaves permanecen fuera de servicio por deudas de leasing y mantenimiento; dos aviones quedaron varados en México por deudas de aproximadamente 5,5 millones de dólares.
- La ANAC labró actas de infracción y abrió sumarios pero no ejecutó sanciones concretas pese a la reincidencia documentada.
- El nuevo controlador, Leonardo Scatturice, empresario cercano al gobierno de Milei, asumió el control en 2025 con un plan de expansión que nunca se concretó.
Deuda externa
EEUU confirmó que Argentina debe pagar US$ 390 millones por la expropiación de Aerolíneas
La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó el fallo que condena al país a abonar ese monto al fondo Titan Consortium. La deuda acumula más de dieciséis meses de incumplimiento y el caso Webuild, que estaba suspendido, queda ahora reactivado.
La Cámara de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia falló en contra de la Argentina en el litigio que el Estado mantiene con el fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El tribunal confirmó la sentencia que obliga al país a pagar más de US$ 390 millones a ese fondo de inversión. La información fue dada a conocer por Sebastián Maril, director de Latam Advisors, especialista en el seguimiento de los litigios que enfrenta la Argentina en el exterior. Maril advirtió además que «esta decisión también reactiva el caso Webuild, que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas».
Un conflicto con décadas de historia judicial
El origen del pleito se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner resolvió la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que en ese momento operaba el grupo español Marsans. Tras la expropiación, los antiguos accionistas iniciaron un reclamo internacional que llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. En 2017, el CIADI dictó un primer laudo contra el país a favor del grupo Marsans. Dos años después, en 2019, el organismo emitió una sentencia firme que fijó la indemnización en US$ 320 millones más intereses, monto que Argentina nunca abonó.
El litigio estuvo originalmente en manos de Burford Capital, el estudio jurídico-financiero británico conocido también por impulsar la millonaria demanda contra la Argentina por la expropiación de YPF. En 2018, con la sentencia a su favor pero consciente de que el país continuaría apelando, Burford decidió vender los derechos del caso a Titan Consortium por US$ 107 millones. Desde 2021, Titan litiga ante la justicia estadounidense para lograr el cobro efectivo de la condena.
La estrategia del Estado y su fracaso ante el tribunal
La defensa argentina intentó bloquear la ejecución de la sentencia argumentando que el reclamo había prescripto. El tribunal de primera instancia rechazó ese argumento, considerando que los plazos invocados «no son convincentes». El Gobierno apeló esa decisión ante la Cámara, pero el tribunal superior ratificó el criterio del juzgado inferior y dejó firme la obligación de pago. Según Maril, la Argentina lleva más de dieciséis meses sin abonar un solo dólar de esa sentencia, situación que llevó a Titan a intensificar su estrategia de cobro mediante mecanismos de embargo de activos soberanos en territorio estadounidense.
En 2024, las partes parecían encaminarse a un acuerdo extrajudicial: se llegaron a acordar los términos y condiciones de pago, fijándose la deuda en US$ 389,5 millones incluyendo intereses, que acumularían a una tasa variable del 5,11% desde la fecha del fallo. Sin embargo, Argentina cambió de estrategia judicial, no caucionó la sentencia y Titan retomó el camino del embargo. El propio Maril señaló que un acuerdo extrajudicial previo hubiera reducido los costos del caso en más del 50%, y lamentó que ninguna administración, independientemente del signo político, haya podido cerrar estos litigios de manera oportuna.
Activos soberanos en la mira y el caso Webuild
Tras el fallo de apelaciones, Titan Consortium avanza con medidas concretas para ejecutar los bienes del Estado argentino en jurisdicción estadounidense. El fondo busca establecer prioridad por sobre otros acreedores para cobrarse con los colaterales de bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los mismos activos que el Gobierno de Milei había comprometido para cancelar el litigio con los fondos Attestor y Bainbridge por sentencias impagas del default de 2001. Esa superposición de reclamos sobre un mismo colateral genera una complicación adicional para la gestión financiera internacional del Ejecutivo.
El otro flanco que se abre con la confirmación del fallo es la reactivación del caso Webuild, que permanecía suspendido a la espera de la resolución de la apelación en el expediente Aerolíneas. Con la sentencia ya firme, ese litigio retoma su curso, sumando otro frente judicial al ya complejo panorama de deudas soberanas que enfrenta el Estado argentino en el exterior.
El costo político de los litigios no resueltos
El fallo del tribunal de Columbia expone una paradoja que atraviesa todos los gobiernos desde 2008: ninguna administración, peronista, macrista ni libertaria, logró cerrar este expediente antes de que los intereses y costas lo convirtieran en una deuda aún más onerosa para el Estado. Desde la oposición, el diputado Rodolfo Tailhade y sectores del kirchnerismo señalaron que la responsabilidad de no haber pagado o negociado a tiempo durante los últimos tres años recae sobre la gestión de Javier Milei, que heredó el litigio con posibilidades de acuerdo y optó por el camino de la apelación fallida. La suma actual supera ampliamente el monto original de la condena arbitral de 2019, precisamente por los intereses devengados durante años de incumplimiento.
Puntos clave
- La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la condena a la Argentina por más de US$ 390 millones a favor de Titan Consortium.
- El litigio se origina en la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008 y en un laudo del CIADI de 2019 que el país nunca pagó.
- La Argentina acumula más de dieciséis meses de incumplimiento y el fondo avanza en el embargo de activos soberanos en EE.UU.
- El fallo reactiva el caso Webuild, que permanecía suspendido a la espera de esta resolución.
- En 2024 hubo un acuerdo de términos de pago que Argentina no honró, lo que derivó en la actual ejecución judicial.
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