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Causa $Libra: la oposición denuncia “impunidad” por la parálisis de la investigación y apunta contra Casal

Cuatro diputados opositores le exigieron al Procurador General Eduardo Casal que provea con carácter urgente las herramientas tecnológicas necesarias para que la Unidad Especial de Investigación de Ciberdelincuencia pueda continuar rastreando el dinero del escándalo cripto que involucra al presidente Milei.

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El Argentino Diario-La influencia de Karina Milei sobre su hermano-Hayden Davis-Hablar Milei.
Sin licencias ni recursos: cómo la falta de infraestructura amenaza la investigación más sensible del gobierno Milei.

Diputados opositores denuncian que la UFECI no tiene herramientas para investigar la causa $Libra

★ Cuatro legisladores nacionales de la oposición enviaron una nota formal al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para exigirle que garantice de manera «urgente» la continuidad de la investigación judicial del caso $Libra. Los firmantes, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino, todos integrantes de la comisión investigadora del caso, advirtieron que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) enfrenta una parálisis de hecho por falta de recursos tecnológicos.

Según trasciende de fuentes parlamentarias, la UFECI habría informado que se encuentra imposibilitada de cumplir determinadas medidas de análisis y trazabilidad de activos virtuales requeridas en el marco de la investigación, por carecer de las herramientas tecnológicas y licencias informáticas necesarias. La limitación afectaría directamente la capacidad de reconstruir el recorrido de los fondos involucrados y de analizar las billeteras virtuales identificadas en la causa.

Una investigación que involucra al Presidente

En la nota dirigida a Casal, los diputados subrayaron que «ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados» y solicitaron al procurador que arbitre «los medios y recursos necesarios para proveer a la UFECI de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente».

El tono político de la denuncia fue directo. A través de su cuenta en la red social X, Ferraro sostuvo: «Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad». Para el legislador de la Coalición Cívica, resulta «inadmisible» que la pesquisa judicial pueda verse frenada por carencias de infraestructura, «sobre todo, teniendo en cuenta que se investiga al Presidente y es la causa judicial de mayor trascendencia institucional del país».

La calificación de Ferraro no es menor: la causa $Libra es la investigación penal más sensible que atraviesa la gestión Javier Milei, dado que el propio mandatario fue identificado como promotor del token cripto que, según la acusación, fue utilizado en una maniobra de tipo pump and dump que perjudicó a miles de inversores. La causa tramita en el fuero federal y es considerada, por su proyección institucional, sin precedentes en la historia judicial argentina reciente.

Recursos escasos para una causa incómoda

El planteo de los legisladores abre un interrogante que la oposición no deja caer: ¿es la falta de recursos una limitación genuina o una forma de ralentizar deliberadamente una investigación incómoda para el Gobierno? Ferraro fue contundente al respecto: «La falta de medios no puede convertirse en una excusa para paralizar una causa ni en un obstáculo para conocer la verdad y denegar justicia».

El escándalo $Libra, que estalló en febrero de 2025 cuando el propio Milei difundió el token desde sus redes sociales para luego borrarlo abruptamente, derivó en la caída estrepitosa del activo cripto y en pérdidas millonarias para los inversores que compraron en el pico de la promoción oficial. La investigación judicial apunta a reconstruir quién se benefició con las ganancias obtenidas antes del derrumbe, razón por la cual el análisis de las billeteras virtuales y la trazabilidad de los fondos resultan centrales para el avance del expediente.

La UFECI, creada precisamente para investigar este tipo de delitos de alta complejidad tecnológica, requiere herramientas de análisis de blockchain y licencias de software especializado para cumplir con las diligencias ordenadas por el fiscal interviniente. Que esas herramientas no estén disponibles, en una causa de esta envergadura, es lo que los legisladores denuncian como una anomalía inaceptable.

Antecedentes de una causa que el Gobierno quiso enterrar

La causa $Libra tiene una historia de obstrucciones y dilaciones que la oposición viene documentando. Desde que el escándalo se hizo público, el entorno presidencial intentó minimizar la responsabilidad de Milei, argumentando que el mandatario solo «difundió» el proyecto sin conocer sus implicancias. Esa versión fue cuestionada por la investigación judicial, que avanzó sobre la estructura financiera detrás del lanzamiento del token.

El reclamo al procurador Casal se inscribe, además, en un contexto más amplio de tensiones institucionales. El Ministerio Público Fiscal, cuya autonomía de gestión es clave para garantizar que la investigación no se vea interferida por presiones políticas, es ahora interpelado directamente por legisladores opositores que advierten que la causa más importante del país no puede naufragar por una carencia logística que el propio Estado debe resolver.

Puntos clave:

  • Cuatro diputados opositores reclamaron al Procurador Casal que dote a la UFECI de herramientas tecnológicas para continuar la causa $Libra.
  • Según trascendidos parlamentarios, la unidad especializada no cuenta con las licencias informáticas para analizar billeteras virtuales y rastrear los fondos del escándalo cripto.
  • El diputado Ferraro calificó la situación como «impunidad» y advirtió que se investiga al Presidente de la Nación.
  • La causa $Libra es considerada la investigación judicial de mayor trascendencia institucional del país.
  • La oposición denuncia que la falta de recursos puede convertirse en un mecanismo de facto para paralizar la investigación.

Investigación 🔎

La Corte dejó firme la condena del exjuez Reynoso por servir al Patrón del Norte

El exjuez federal de Orán recibió dinero del narco Delfín Castedo para dictar fallos a su favor, incluida una indagatoria fraguada con un impostor. Ya tenía otra condena firme a 13 años y ahora la Fiscalía irá por la unificación de penas.

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Fachada del Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Un narco prófugo, buscado como autor intelectual de un crimen, consiguió que un juez federal le concediera una eximición de prisión con una indagatoria en la que ni siquiera estuvo presente. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez Raúl Reynoso por cobrar para beneficiar a Delfín Castedo, conocido como «El Patrón del Norte».

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja de la defensa por falta de fundamentación autónoma. Con esa decisión quedó firme la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que condenó al exmagistrado de Orán por cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión, a cinco años de prisión, una multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado el fallo en junio de 2025.

La indagatoria del impostor

Según se acreditó en la causa, Reynoso recibió dinero de Castedo y de su abogado defensor a cambio de resoluciones contrarias a derecho. El punto central de la investigación fue una declaración indagatoria atribuida al narco en diciembre de 2013, cuando estaba prófugo y tenía pedido de captura por la autoría intelectual del asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido en 2006 en Salvador Mazza.

De acuerdo con la reconstrucción judicial que difundió la prensa salteña, Castedo no estuvo en aquella audiencia: en su lugar se presentó otra persona, que declaró y firmó con su identidad. Los peritajes caligráficos de Gendarmería Nacional determinaron que la firma no pertenecía al narcotraficante. Con esa declaración trucha, el juez le otorgó una segunda eximición de prisión y, en noviembre de 2014, lo procesó sin prisión preventiva.

La lista de favores empezó antes. En febrero de 2007, Reynoso había imputado a Castedo por asociación ilícita y lavado de activos y había ordenado su detención; en 2008, el prófugo se presentó a pedir la excarcelación y el juez se la concedió con el argumento de que estaba a derecho por haberla solicitado. Para la fiscalía, ese fue el primer acto de prevaricato, y el propio Castedo declaró que pagó por ese beneficio. La acusación vinculó los fallos con un soborno estimado en 40.000 dólares, gestionado a través del abogado Luciano Ciscato.

Cobros a un comerciante

La condena también incluye las exigencias de dinero al comerciante Pablo Elías Torres. Reynoso le habría reclamado pagos para autorizar el ingreso de mercaderías al país sorteando las restricciones vigentes; según se tuvo por probado en el juicio, el mecanismo contemplaba destinar el 5% de las utilidades del comerciante a una fundación presidida por un cuñado del entonces juez.

En el mismo expediente, Ciscato fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso y Castedo recibió tres años como coautor de cohecho activo.

Dos condenas firmes y una causa pendiente

No es la primera vez que la Justicia condena a Reynoso. En marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta le impuso 13 años de prisión por concusión y prevaricato, en una causa que expuso un esquema de cobros a cambio de resoluciones favorables a imputados por narcotráfico y contrabando en el Juzgado Federal de Orán. Esa sentencia quedó firme en marzo de 2024 y ese mismo año el exjuez obtuvo la libertad condicional, tras más de ocho años de detención entre el penal de Güemes y el régimen domiciliario.

Con la segunda condena firme, la Fiscalía prevé pedir la unificación de penas, una definición que determinará si el exmagistrado vuelve a prisión. Además, Reynoso sigue con un tercer frente abierto: la causa por un presunto soborno de 150.000 dólares para favorecer a René Antonio «Choco» Arancibia, que permanece pendiente de juicio oral.

El caso Reynoso es la radiografía de cómo el narcotráfico puede comprar justicia en la frontera norte, y de lo que tarda el sistema en ponerle un límite.

Lo que tenés que saber:

  • La Corte Suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso.
  • Fue condenado por cohecho pasivo, falsedad ideológica y concusión por beneficiar al narco Delfín Castedo, «El Patrón del Norte».
  • Una de las resoluciones se basó en una indagatoria de 2013 en la que se presentó otra persona en lugar de Castedo.
  • Reynoso ya tenía una condena firme a 13 años desde marzo de 2024 y estaba en libertad condicional.
  • La Fiscalía prevé pedir la unificación de penas; resta un tercer juicio por un presunto soborno de 150.000 dólares.
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