El empresario Guillermo Tofoni, exarquero, agente FIFA, organizador histórico de amistosos de la Selección argentina durante la gestión de Julio Grondona y principal impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) junto al Gobierno nacional, recibió un nuevo y severo revés judicial en Estados Unidos. El juez federal del Distrito Medio de Georgia, Clay D. Land, emitió una resolución de cuatro páginas firmada el 21 de julio en la que le negó a Tofoni la posibilidad de utilizar documentación bancaria de la firma TourProdEnter LLC para impulsar cuatro procesos penales en la Argentina.

El fallo no se limitó a rechazar la solicitud. El magistrado constató que Tofoni ya había distribuido parte de esa documentación a periodistas y la había presentado ante otros tribunales argentinos, pese a que existía una orden de protección que limitaba expresamente el uso de ese material. Frente a esa infracción, el juez Land le impuso a Tofoni la obligación de notificar a todas las personas y entidades que recibieron los documentos para que el material sea devuelto o destruido, con un plazo de 14 días para cumplir la medida.

Los límites del artículo 1782 y el uso no autorizado

El proceso fue iniciado por Tofoni al amparo del artículo 1782 del Código de los Estados Unidos, una norma que permite obtener pruebas en territorio estadounidense para utilizarlas en litigios extranjeros. Sin embargo, la autorización que el tribunal había otorgado oportunamente tenía un alcance específico y acotado: la documentación bancaria de TourProdEnter LLC solo podía emplearse en una demanda civil presentada por Tofoni contra la AFA en la Argentina, y no para derivaciones de índole penal ni para su circulación mediática.

El juez Land fue categórico en la resolución: señaló que, pese a la declaración expresa del tribunal de que Tofoni debía presentar una nueva solicitud conforme a la sección 1782 si quería utilizar los materiales para un fin no autorizado previamente, el empresario no presentó dicha solicitud. Además, el magistrado concluyó que ni Tofoni ni su defensa técnica lograron demostrar que la legislación argentina permitiera exigir la presentación de registros bancarios privados de una sociedad extranjera para iniciar investigaciones penales de esta naturaleza.

La AFA contraataca: nulidad de causas como estrategia

La resolución del juez de Georgia llegó como agua al molino de las defensas de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino. Fuentes de la AFA confirmaron que los abogados defensores presentarán el fallo del juez Land en todas las causas en su contra para dejar constancia de que la documentación aportada por Tofoni no puede ser utilizada como prueba. Más aún: advirtieron que, en aquellas causas donde esa documentación ya fue incorporada, pedirán la nulidad de las actuaciones.

La entidad conductora del fútbol argentino también emitió un comunicado en el que calificó a Tofoni como parte de un grupo que impulsa acciones mediáticas y judiciales contra la conducción de la asociación con el objetivo de apropiarse del negocio del fútbol argentino. La AFA aclaró además que el documento difundido en las últimas horas sobre una citación del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida «no constituye una citación dirigida» a sus dirigentes, sino que apunta a un tercero al que se le requiere comparecer ante un Gran Jurado.

Dos frentes judiciales paralelos en Estados Unidos

El escenario judicial estadounidense presenta dos frentes simultáneos que conviene distinguir con precisión. Por un lado, la resolución del juez Clay D. Land en Georgia, que constituye un freno al litigio civil impulsado por Tofoni y que acaba de derivar en una orden de confidencialidad estricta. Por otro, la investigación penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre presuntos delitos de lavado de activos y fraude a través del sistema financiero norteamericano, que avanza por un carril separado y sobre la cual la AFA tiene menos control narrativo.

Esta doble arquitectura judicial generó una guerra de interpretaciones: las defensas celebran el fallo de Georgia como una victoria procesal definitiva, mientras los fiscales federales norteamericanos preparan citaciones ante el Gran Jurado en el marco de la investigación sobre los contratos comerciales de la Selección argentina y los flujos de dinero canalizados a través de TourProdEnter LLC, la firma controlada por Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.

El trasfondo político: SAD, Milei y el control del fútbol

El contexto en el que se produce este nuevo capítulo judicial no es neutro. Tofoni es señalado públicamente como uno de los operadores del Gobierno nacional en su intento de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, un modelo que la conducción de la AFA y la mayoría de los clubes rechazan con firmeza. La ofensiva judicial contra Tapia y Toviggino se potenció precisamente durante el período más álgido de ese conflicto político e institucional.

En ese marco, el fallo del juez Land no es un dato menor. La resolución deja al descubierto que parte de la estrategia de Tofoni consistió en obtener documentación bajo una autorización judicial acotada y luego utilizarla para fines distintos de los autorizados, distribuyéndola a medios de comunicación y a tribunales argentinos. El resultado es que las pruebas con las que el empresario intentó sostener sus denuncias penales quedan ahora bajo seria cuestionamiento, con una orden explícita de destrucción o devolución emanada de un tribunal federal norteamericano.

Puntos clave

• El juez federal Clay D. Land (Distrito Medio de Georgia) rechazó que Tofoni use documentación bancaria de TourProdEnter LLC en cuatro causas penales argentinas.
• El fallo constató que Tofoni distribuyó documentación a periodistas y tribunales en violación de una orden de protección preexistente.
• El juez ordenó que toda esa documentación sea devuelta o destruida en un plazo de 14 días.
• Las defensas de Tapia y Toviggino anunciaron que presentarán el fallo en todas las causas en su contra y pedirán la nulidad donde esa documentación fue incorporada.
• El caso coexiste con una investigación penal separada del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre los contratos de la Selección argentina y TourProdEnter LLC.