La Cámara de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia falló en contra de la Argentina en el litigio que el Estado mantiene con el fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El tribunal confirmó la sentencia que obliga al país a pagar más de US$ 390 millones a ese fondo de inversión. La información fue dada a conocer por Sebastián Maril, director de Latam Advisors, especialista en el seguimiento de los litigios que enfrenta la Argentina en el exterior. Maril advirtió además que «esta decisión también reactiva el caso Webuild, que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas».

Un conflicto con décadas de historia judicial

El origen del pleito se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner resolvió la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que en ese momento operaba el grupo español Marsans. Tras la expropiación, los antiguos accionistas iniciaron un reclamo internacional que llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. En 2017, el CIADI dictó un primer laudo contra el país a favor del grupo Marsans. Dos años después, en 2019, el organismo emitió una sentencia firme que fijó la indemnización en US$ 320 millones más intereses, monto que Argentina nunca abonó.

El litigio estuvo originalmente en manos de Burford Capital, el estudio jurídico-financiero británico conocido también por impulsar la millonaria demanda contra la Argentina por la expropiación de YPF. En 2018, con la sentencia a su favor pero consciente de que el país continuaría apelando, Burford decidió vender los derechos del caso a Titan Consortium por US$ 107 millones. Desde 2021, Titan litiga ante la justicia estadounidense para lograr el cobro efectivo de la condena.

La estrategia del Estado y su fracaso ante el tribunal

La defensa argentina intentó bloquear la ejecución de la sentencia argumentando que el reclamo había prescripto. El tribunal de primera instancia rechazó ese argumento, considerando que los plazos invocados «no son convincentes». El Gobierno apeló esa decisión ante la Cámara, pero el tribunal superior ratificó el criterio del juzgado inferior y dejó firme la obligación de pago. Según Maril, la Argentina lleva más de dieciséis meses sin abonar un solo dólar de esa sentencia, situación que llevó a Titan a intensificar su estrategia de cobro mediante mecanismos de embargo de activos soberanos en territorio estadounidense.

En 2024, las partes parecían encaminarse a un acuerdo extrajudicial: se llegaron a acordar los términos y condiciones de pago, fijándose la deuda en US$ 389,5 millones incluyendo intereses, que acumularían a una tasa variable del 5,11% desde la fecha del fallo. Sin embargo, Argentina cambió de estrategia judicial, no caucionó la sentencia y Titan retomó el camino del embargo. El propio Maril señaló que un acuerdo extrajudicial previo hubiera reducido los costos del caso en más del 50%, y lamentó que ninguna administración, independientemente del signo político, haya podido cerrar estos litigios de manera oportuna.

Activos soberanos en la mira y el caso Webuild

Tras el fallo de apelaciones, Titan Consortium avanza con medidas concretas para ejecutar los bienes del Estado argentino en jurisdicción estadounidense. El fondo busca establecer prioridad por sobre otros acreedores para cobrarse con los colaterales de bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los mismos activos que el Gobierno de Milei había comprometido para cancelar el litigio con los fondos Attestor y Bainbridge por sentencias impagas del default de 2001. Esa superposición de reclamos sobre un mismo colateral genera una complicación adicional para la gestión financiera internacional del Ejecutivo.

El otro flanco que se abre con la confirmación del fallo es la reactivación del caso Webuild, que permanecía suspendido a la espera de la resolución de la apelación en el expediente Aerolíneas. Con la sentencia ya firme, ese litigio retoma su curso, sumando otro frente judicial al ya complejo panorama de deudas soberanas que enfrenta el Estado argentino en el exterior.

El costo político de los litigios no resueltos

El fallo del tribunal de Columbia expone una paradoja que atraviesa todos los gobiernos desde 2008: ninguna administración, peronista, macrista ni libertaria, logró cerrar este expediente antes de que los intereses y costas lo convirtieran en una deuda aún más onerosa para el Estado. Desde la oposición, el diputado Rodolfo Tailhade y sectores del kirchnerismo señalaron que la responsabilidad de no haber pagado o negociado a tiempo durante los últimos tres años recae sobre la gestión de Javier Milei, que heredó el litigio con posibilidades de acuerdo y optó por el camino de la apelación fallida. La suma actual supera ampliamente el monto original de la condena arbitral de 2019, precisamente por los intereses devengados durante años de incumplimiento.

Puntos clave

• La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la condena a la Argentina por más de US$ 390 millones a favor de Titan Consortium.
• El litigio se origina en la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008 y en un laudo del CIADI de 2019 que el país nunca pagó.
• La Argentina acumula más de dieciséis meses de incumplimiento y el fondo avanza en el embargo de activos soberanos en EE.UU.
• El fallo reactiva el caso Webuild, que permanecía suspendido a la espera de esta resolución.
• En 2024 hubo un acuerdo de términos de pago que Argentina no honró, lo que derivó en la actual ejecución judicial.