El Gobierno de Javier Milei logró apenas una semana de respiro para su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La reunión de Labor Parlamentaria del Senado, realizada este miércoles, resolvió postergar la sesión prevista para el jueves 18 al 25 de junio, pero no pudo evitar lo que ya era inevitable: ese día se tratarán los proyectos de interpelación y, si hay mayoría, Adorni quedará citado a comparecer el 2 de julio para responder ante los senadores por el escandaloso crecimiento de su patrimonio. Así lo confirmó la propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, al término de la reunión.

La semana ganada es un triunfo pírrico. El oficialismo resignó el tratamiento de proyectos que consideraba prioritarios, entre ellos la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para comprar tiempo. Pero los bloques dialoguistas, que hasta hace pocas semanas funcionaban como escudo parlamentario del Ejecutivo, ya no están dispuestos a cubrir indefinidamente a un funcionario que ellos mismos califican de «indefendible». El PRO, la UCR y los bloques provinciales aceptaron la postergación de una semana, pero solo como plazo para que el Gobierno resuelva internamente la salida de Adorni. Si no hay decisión política, advierten que acompañarán la interpelación.

Un acuerdo que no disimula el aislamiento

Bullrich cerró el acuerdo con los bloques dialoguistas después de tensas negociaciones bilaterales sostenidas durante las últimas 24 horas. La jefa del bloque de La Libertad Avanza explicó que los proyectos de interpelación y moción de censura serán tratados el 25 de junio, y que si obtienen mayoría, Adorni quedará convocado para el 2 de julio. «Si se vota la interpelación, puede hacerse antes o después del informe, según lo que se acuerde; es un artículo operativo de la Constitución y requiere mayoría absoluta», precisó Bullrich, aunque aclaró que el bloque oficialista no acompañará los proyectos impulsados por la oposición.

El peronismo, que impulsó la ofensiva parlamentaria a través del interbloque peronista liderado por el senador formoseño José Mayans, aceptó la postergación ante la certeza de que no reunía los dos tercios necesarios para tratar el proyecto sobre tablas ese mismo jueves. Sin embargo, Mayans no dejó lugar a dudas sobre las intenciones de su bloque: «Se llegó a un acuerdo para pedir la interpelación, pero nosotros vamos a pedir la moción de censura porque (Adorni) ha incurrido en varios delitos», sentenció.

El PRO le suelta la mano: «Su continuidad rompe el vínculo con la sociedad»

El dato político más contundente de la jornada lo aportó el presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, quien fue terminante: «Adorni no puede estar más en su cargo». El legislador amarillo señaló que la permanencia del funcionario «está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión», y anticipó que su bloque acompañará «un pedido de censura o remoción» si Adorni no ofrece explicaciones convincentes sobre su patrimonio cuando llegue la instancia de debatirlo. El PRO ya había publicado días atrás un comunicado dirigido directamente al presidente Milei: «Los que estamos apoyando el cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni.»

En la misma línea, la UCR emitió comunicados conjuntos entre sus bancadas de ambas cámaras calificando la situación como una «falta grave» e incompatible con «la ejemplaridad» exigible a quien conduce el Estado. «Quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado», señaló el Comité Nacional radical. Desde el bloque senatorial radical se dejó trascender que «debería irse», aunque los boinas blancas siguen siendo herméticos sobre sus movimientos concretos para el 25 de junio.

Los votos: un mapa que se vuelve adverso para Adorni

El proyecto de interpelación ya cuenta con respaldo asegurado. El peronismo tiene 25 votos propios, a los que se suman 3 de Convicción Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil. La lista se completa con 2 de Provincias Unidas Santa Cruz, 2 de Frente de la Concordia, 1 de Despierta Chubut, 1 de la Neuquinidad y bloques provinciales afines. Sumados, representan en torno a los 30 votos, a 7 de la mayoría absoluta de 37 necesaria. La diferencia la pone el PRO, con su jefe de bloque Goerling ya inclinado hacia la moción de censura, y los radicales, donde entre dos o tres serían favorables según el propio cómputo del oficialismo.

El escenario en Diputados sigue su propio carril. La oposición convocó a una sesión especial para el 23 de junio con seis proyectos que proponen interpelar al funcionario, aunque todavía no reúnen quórum sin el aporte del PRO y sectores radicales. Desde la Cámara baja, el camino también avanza, pero más lento: primero deberían dictaminar las comisiones y luego llevar el tema al recinto.

Un mecanismo sin precedentes y una causa judicial que no para

La moción de censura es el mecanismo constitucional previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional para remover al jefe de Gabinete mediante el voto de las dos cámaras del Congreso. Desde la reforma constitucional de 1994, ninguno de los 19 jefes de Gabinete que ocuparon el cargo llegó a enfrentarlo. Adorni podría ser el primero. El mecanismo requiere mayoría absoluta de los miembros totales de cada cámara: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

La presión parlamentaria se monta sobre una investigación judicial en curso. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan a Adorni por enriquecimiento ilícito, con un patrimonio bajo sospecha que supera los US$ 840.000 e incluye refacciones de lujo pagadas en efectivo sin declarar en su country de Exaltación de la Cruz, el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa Bettina Angeletti y conexiones con la denominada Causa $Libra. El juez Lijo ya dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti, y ordenó el peritaje de los dispositivos de testigos clave. A todo eso se suma la revelación de que Adorni omitió declarar más de US$ 565.000 en inversiones en Bitcoin, un dato que él mismo admitió públicamente y que contradijo sus declaraciones previas ante el Congreso.

El fiscal amplía el frente: hermano, country, criptomonedas y una compra millonaria

En simultáneo con la crisis parlamentaria, la fiscalía impulsó una serie de nuevas medidas de prueba destinadas a reconstruir ingresos, bienes, gastos y posibles movimientos patrimoniales. Las diligencias fueron ordenadas con plazos de respuesta de 72 horas y amplían significativamente el perímetro de la investigación.

Una de las medidas apunta directamente a la causa que tramita contra Francisco Jorge Adorni, hermano del funcionario. El fiscal solicitó una certificación del objeto procesal de ese expediente, incluyendo las personas involucradas, los hechos investigados, el estado del trámite y toda referencia vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo, la sucesión de Jorge Adorni o cualquier otro elemento que pudiera guardar relación con el patrimonio de Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Otra medida está dirigida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y apunta a la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. El fiscal requirió toda la información sobre vínculos laborales, cargos, contrataciones, asesorías y remuneraciones que Adorni hubiera percibido entre 2017 y 2023, y los correspondientes a Angeletti entre 2018 y 2023. También pidió saber si ambos presentaron declaraciones juradas patrimoniales ante esa institución y, en caso afirmativo, obtener copias.

La investigación también puso la lupa sobre el inmueble ubicado en el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. El fiscal requirió los registros de ingreso y egreso del período comprendido entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, con el objetivo de identificar proveedores, contratistas, personal de obra, transportistas y empresas que hayan intervenido en los trabajos de reforma, provisión de materiales, amoblamiento y demás gastos ya bajo investigación. La medida busca determinar quiénes ingresaron mercadería, muebles, electrodomésticos y otros bienes, incluyendo los destinatarios y las personas que recibieron los envíos.

También se investiga la situación de Silvia Pais, madre del vocero presidencial. A partir de publicaciones periodísticas, el fiscal pidió a la administración del barrio privado Fincas de Iraola 2 que informe si la mujer reside allí, desde cuándo, bajo qué modalidad y, en caso de tratarse de una locación, cuál es el monto mensual, la forma de pago y si existieron adelantos. Se solicitaron además liquidaciones de expensas, recibos y constancias de pago desde el inicio de la ocupación.

A partir del análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, el fiscal detectó una factura emitida el 2 de junio de 2025 a nombre de Gisela Kocsis por la firma Industria Argentina del Descanso S.A., conocida comercialmente como Rosen The Store, por un monto de $8.183.303,25. La fiscalía pidió conocer el medio de pago, la identidad de quien lo efectuó, el domicilio de entrega y quién recibió los productos.

Por último, la fiscalía solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un relevamiento completo de todas las empresas, plataformas, exchanges, billeteras virtuales y prestadores de servicios de activos digitales que operaron en Argentina desde 2012 hasta la actualidad, año por año, con razón social, denominación comercial, situación actual y antecedentes regulatorios. La medida apunta a reconstruir el circuito de las operaciones en criptomonedas que Adorni reconoció haber realizado sin haberlas declarado ante el fisco.

La paradoja del Gobierno es evidente: La Libertad Avanza, el espacio que llegó al poder prometiendo combatir a «la casta» y la corrupción, dedica hoy buena parte de su energía parlamentaria a blindar a un jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito. Como recordó más de un legislador opositor, defender a Adorni empieza a costar lo mismo que defender al ex senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con 200.000 dólares sin declarar: solo cuatro votos del PRO y uno de la UCR se opusieron entonces a su expulsión.