El presidente Javier Milei recibió este viernes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, según fuentes oficiales. Desde el entorno del ministro coordinador aclararon que el encuentro tuvo como objetivo repasar la agenda de gestión y coordinar los próximos compromisos institucionales. Sin embargo, la reunión se produjo en uno de los momentos de mayor tensión política para el oficialismo desde el inicio de la gestión libertaria, con versiones cada vez más insistentes sobre una posible salida de Adorni del cargo y con la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito en plena escalada.

El blindaje de Milei en un contexto de desgaste

La decisión de convocar a Adorni a Olivos se interpreta en los círculos políticos como una nueva señal de respaldo presidencial hacia uno de los funcionarios de mayor confianza del círculo libertario, ladero directo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según trascendió, la instrucción de sostener al ministro coordinador en su cargo proviene del propio presidente, quien evalúa que el costo político de conservarlo resulta todavía asumible, al menos hasta que la Justicia se expida sobre el fondo de la causa.

Esa ecuación, sin embargo, enfrenta una presión creciente. El oficialismo reconoció en las últimas horas que el caso Adorni paralizó parte de la agenda legislativa y obligó a desplegar negociaciones de urgencia con bloques aliados para evitar derrotas en el Senado. La Cámara alta postergó la sesión prevista para el jueves pasado y convocó una nueva para el 25 de junio, instancia en la que la oposición buscará avanzar con los proyectos de interpelación al jefe de Gabinete, con fecha tentativa de comparecencia el 2 de julio. En paralelo, la reunión en Olivos también sirvió para repasar proyectos de la agenda de reformas, entre ellos el paquete de propiedad privada y el denominado Súper RIGI, cuyo cronograma de tratamiento se vio perturbado por la crisis en torno al funcionario.

La causa judicial y la maniobra del oficialismo en el Senado

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita analiza el crecimiento patrimonial de Adorni, que según el expediente supera los 840.000 dólares en bienes y gastos de difícil justificación. Entre los elementos bajo análisis figuran refacciones de lujo pagadas en efectivo, viajes al exterior con gastos en moneda extranjera que superan los 27.000 dólares y presuntas triangulaciones con organismos del Estado. La diputada Marcela Pagano impulsó en su momento una de las denuncias que alimentó la causa y solicitó, además, la detención preventiva del funcionario por supuesto entorpecimiento de la investigación.

En el plano parlamentario, el oficialismo ensayó una maniobra para elevar el umbral de votos necesario para habilitar la interpelación. Desde el bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostienen ahora que el pedido debe aprobarse con dos tercios, y no con mayoría absoluta como acordó la Labor Parlamentaria, lo que abre otro frente de tensión con los bloques dialoguistas que ya reclaman una definición antes de que el Congreso intervenga. La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó el acuerdo para sesionar el 25 de junio, aunque el criterio sobre los votos necesarios volvió a quedar en disputa.

El hermano también: indagatoria para Francisco Adorni

En las últimas horas la trama judicial se extendió más allá del jefe de Gabinete. El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó ante el Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, un pedido formal de declaración indagatoria contra Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del ministro coordinador.

La causa, iniciada a partir de una denuncia de la diputada Pagano, investiga presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos patrimoniales en las declaraciones juradas correspondientes al período en que Francisco Adorni se desempeñó en el Ministerio de Defensa y el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), entre febrero de 2024 y enero de 2026.

Según el dictamen fiscal, Francisco Adorni presentó rectificaciones sucesivas de sus tres declaraciones juradas obligatorias una vez que la investigación tomó estado público, incorporando de forma retroactiva sumas en efectivo, cuentas bancarias en pesos y dólares, tarjetas de crédito, fondos de inversión y bienes inmuebles que no figuraban en los documentos originales. En la última rectificación, de junio de 2026, declaró 24,5 millones de pesos en efectivo, de los cuales 21 millones los atribuyó a una herencia familiar no informada previamente.

La fiscalía descartó que el funcionario pudiera alegar desconocimiento de sus obligaciones: antes de ingresar al Estado, Francisco Adorni trabajó en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires en un área con vinculación directa a las declaraciones juradas. El patrimonio neto del diputado provincial habría pasado de 43,7 millones de pesos a 80,5 millones entre 2024 y 2025, una duplicación que desató la denuncia formal.

La Bandera como telón de la crisis

La reunión en Olivos tiene además un trasfondo simbólico de cara al fin de semana. Tanto Adorni como el presidente participarán de los actos por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, donde la presencia conjunta del mandatario y su jefe de Gabinete será leída como una nueva fotografía de respaldo institucional. El dato no es menor en un contexto donde la permanencia del funcionario en el cargo se mide jornada a jornada y donde la presión opositora, según admitieron en el propio Gobierno, ya no afecta solo la agenda mediática sino también la capacidad de avance legislativo del oficialismo.

Puntos clave

• El presidente Javier Milei recibió al jefe de Gabinete Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en medio de versiones de salida del cargo y nuevos movimientos judiciales.
• El Senado convocó sesión para el 25 de junio, donde la oposición buscará avanzar en la interpelación de Adorni, con comparecencia tentativa el 2 de julio.
• El fiscal Guillermo Marijuán pidió indagatoria para Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales.
• El caso paralizó parte de la agenda legislativa del oficialismo e impactó en el cronograma del Súper RIGI y otras reformas.
• El Gobierno asume el costo político de sostener a Adorni, al menos hasta que la Justicia se expida sobre la causa principal.