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Verónica Gómez asumió como jueza de la Corte Interamericana de DDHH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principal tribunal de la región, busca construirse sobre la «base de la paridad de género», según anunció el organismo.

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La jueza argentina Verónica Gómez asumió este martes, junto a otros tres magistrados latinoamericanos, como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el principal tribunal de la región, que busca construirse sobre la «base de la paridad de género», según anunció el organismo.

En concreto, juraron sus cargos por un período de cinco años, además de la magistrada argentina, la costarricense Nancy Hernández López, la chilena Patricia Pérez Goldberg y el brasileño Rodrigo de Bittencourt Mudrovitch, informó la Corte IDH en un comunicado difundido en sus redes.

El acto de asunción se realizó en San José de Costa Rica, sede de este tribunal regional, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial Interamericano 2022, en la que también asumió la nueva directiva encabezada por el magistrado uruguayo Ricardo Pérez Manrique, como presidente, y el jurista colombiano Humberto Sierra Porto, como vicepresidente.

La incorporación de tres nuevas magistradas fue celebrada por Pérez Manrique, quien destacó que «la impartición de justicia tanto nacional como internacional debe construirse sobre la base de la paridad de género».

«Paridad es reconocer que las mujeres tienen el derecho a estar plenamente representadas en los espacios de toma de decisiones», agregó el flamante presidente, quien señaló que el organismo retomará las reuniones presenciales.

También el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, se congratuló al respecto: «Su sola presencia es un aire fresco de convocatoria para que la mujer en nuestro continente pueda seguir avanzando no solamente en las conquistas de sus derechos sino en el liderazgo que deben seguir ejerciendo».

La Corte Interamericana es el órgano judicial autónomo que debe velar por el cumplimiento de la Convención Americana, conocida como Pacto de San José y pilar del sistema interamericano de derechos humanos.

Tras asumir el cargo, Pérez Manrique se comprometió a que el tribunal mantenga los «oídos bien atentos para (…) oír a quienes no tienen la posibilidad de ser escuchados, a las personas en situación de vulnerabilidad, que son millones en la región».

La Corte IDH ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias y una función consultiva.

Otros dos tribunales regionales de protección de los derechos humanos son la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

DDHH

Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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