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Protocolo Antipiquetes: Amnistía denuncia miles de heridos y represión sostenida

Un relevamiento internacional detalla cifras de lesionados, detenciones, ataques a periodistas y advertencias de organismos globales al Estado argentino.

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Lo que tenés que saber

  • Amnistía Internacional registró 2.557 personas heridas entre 2024 y 2025
  • En 2025 las detenciones crecieron un 77% respecto del año anterior
  • Se documentaron lesiones graves por balas de goma y gases lacrimógenos
  • Al menos 184 trabajadores de prensa sufrieron agresiones durante coberturas
  • ONU y CIDH emitieron advertencias formales al Estado argentino

Dos años del Protocolo Antipiquetes

Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, Amnistía Internacional presentó un informe que describe un escenario de “una escalada de represión” frente a la protesta social en Argentina. La norma, establecida por la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, tipifica como delito las manifestaciones que afecten la circulación y habilita desalojos y detenciones sin orden judicial.

El relevamiento documentó 2.557 personas heridas durante 2024 y 2025 por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad.

Heridos y detenciones en aumento

Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria citados por Amnistía Internacional:

  • En 2024 se registraron 1.216 personas heridas y 93 detenciones
  • En 2025 las cifras ascendieron a 1.341 heridos y al menos 165 detenidos

El incremento interanual de las detenciones alcanzó el 77%. Las lesiones relevadas incluyeron impactos de balas de goma en cabeza y rostro, gases lacrimógenos y pimienta, golpes con bastón y episodios de violencia física.

El informe identificó cuatro casos de impactos en los ojos con consecuencias permanentes. Entre ellos, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo el 12 de marzo de 2025 tras recibir un disparo de arma cinética de un agente de la Prefectura Naval durante una movilización de apoyo a jubilados. En noviembre de 2025, Rodrigo Troncoso denunció la pérdida de su ojo izquierdo por una bala de goma en una protesta cerca del Congreso.

El impacto sobre la prensa

El Protocolo Antipiquetes también afectó el ejercicio del periodismo. Amnistía Internacional registró al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa lesionados durante coberturas de protestas, además de detenciones arbitrarias.

El informe describe un efecto silenciador producto del uso de balas de goma, gases y agresiones físicas, junto con restricciones al trabajo periodístico que obligaron a cronistas a utilizar equipamiento de protección.

El caso más grave documentado corresponde al fotógrafo Pablo Grillo, herido el 12 de marzo de 2025 mientras cubría una marcha de jubilados. Recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, sufrió fractura expuesta de cráneo y permaneció internado en estado crítico. La Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo a partir de material del Mapa de la Policía.

Respuestas oficiales y alertas internacionales

Ante pedidos de acceso a la información pública, el Ministerio de Seguridad informó la apertura de solo dos sumarios administrativos por uso desproporcionado de la fuerza. Uno, vinculado a los hechos del 12 de marzo de 2025 en el Congreso, cerró sin sanciones.

La preocupación se extendió a organismos internacionales. El 23 de enero de 2024, tres Relatorías Especiales de la ONU alertaron al Estado argentino sobre las implicancias de la Resolución 943/2023. La CIDH exhortó a respetar los derechos de reunión y asociación pacífica y pidió investigar los hechos del 12 de marzo de 2025.

El 12 de mayo de 2025, Relatorías de la ONU advirtieron un deterioro del espacio cívico desde diciembre de 2023. El 28 de noviembre de 2025, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó preocupación por el Protocolo, señaló lesiones graves por armas menos letales y reclamó investigaciones independientes y adecuación a estándares internacionales.

Acciones judiciales en curso

Amnistía Internacional calificó la escalada represiva como “innegable” y afirmó que la violencia estatal se naturalizó. “Su aplicación opera como un mecanismo de intimidación y disciplinamiento destinado a desalentar y silenciar la participación social”, sostuvo Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

La organización integra una acción de amparo que solicita la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes y espera que la evidencia presentada sea considerada por la Justicia.

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La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla

La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.

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El Argentino Diario-Nicolás Maduro en Nueva York.
La justicia de EEUU fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral contra Nicolás Maduro y su esposa.

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.

Un cronograma acordado entre partes

Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.

En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.

La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo

El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.

La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.

El estado físico de los procesados y el contexto político

Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.

Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.

Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos

El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.

Puntos clave

  • El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
  • La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
  • La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
  • Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
  • Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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