DDHH
La doble vara del Gobierno, pide cárcel para Milagro Sala mientras reclama por presos políticos en Venezuela
La Subsecretaría de Derechos Humanos reiteró ante la CIDH que la dirigenta social jujeña debe cumplir su condena «tras las rejas». El pedido lo firmó Joaquín Mogaburu, defensor de la «memoria completa» y militante antiaborto, junto a su jefe de gabinete Bryan Mayer, quien calificó de «pro-terrorista» a la película Argentina, 1985.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación volvió a solicitar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Milagro Sala abandone el régimen de prisión domiciliaria y cumpla su condena en una cárcel. El pedido se conoció este miércoles 5 de febrero, en momentos en que el gobierno de Javier Milei mantiene una activa campaña internacional exigiendo la liberación de presos políticos en Venezuela.
Desde 2017, Sala cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, cuando lideraba la agrupación Tupac Amaru en Jujuy. La dirigenta social fue trasladada a La Plata en 2023 por razones de salud y actualmente se encuentra internada en el Hospital de Gonnet con deterioro físico y emocional.
Quiénes firman el pedido
El pedido ante la CIDH fue firmado por la Subsecretaría de Derechos Humanos que actualmente encabeza Joaquín Ignacio Mogaburu, designado el 10 de diciembre de 2025 en reemplazo de Alberto Baños, quien había renunciado meses antes tras una gestión marcada por despidos masivos y declaraciones polémicas ante la ONU.
Mogaburu es profesor de historia y abogado egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA), con un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Navarra. Trabajó más de 15 años en Tribunales Orales Federales del Poder Judicial y hasta su designación como subsecretario fue Director Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa durante la gestión de Luis Petri.
El funcionario es defensor de la «memoria completa», término usado por el gobierno de Milei para contrarrestar el reclamo de los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia. En su paso por Defensa, encabezó seminarios de «memoria completa» junto a Silvia Ibarzábal (cercana a Cecilia Pando y vicepresidenta de AFAVITA) y Arturo Larraburu (cercano a Victoria Villarruel), ambos asesores en Derechos Humanos del Ministerio de Defensa e hijos de militares. Además, encabezó charlas contra el aborto legal y es militante activo contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Su jefe de gabinete es Bryan José Mayer, designado en enero de 2026. Mayer es oriundo de Rafaela, Santa Fe, fue asesor directo Luis Petri cuando estaba al frente de Defensa y actualmente es Director de Desarrollo de Capacidades Institucionales del CIPDH-UNESCO. En 2023 fue candidato a convencional constituyente por La Libertad Avanza en Santa Fe.
Mayer calificó de «pro-terrorista» a la película Argentina, 1985 en octubre de 2023 y publicó el texto «El desafío de revalorizar los derechos humanos», donde propone «asimilar los derechos humanos con la defensa de la vida desde la concepción». Organizaciones de derechos humanos lo señalan como vocero de las Fuerzas Armadas.
El argumento oficial: «violación de las condiciones»
A través de un comunicado oficial, el Gobierno argumentó que «Sala violó las condiciones de prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control».
El documento sostiene que Sala habría calificado las acciones de la Justicia como «hostigamiento» y que con ello «busca revertir invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio».
La Subsecretaría de Derechos Humanos afirmó que «la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales» y calificó a la medida de la CIDH como «un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres».
El texto agregó que «los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien».
La contradicción en política internacional
La posición del gobierno nacional respecto al caso de Milagro Sala contrasta con su discurso sobre Venezuela. Desde que asumió en diciembre de 2023, la administración de Milei ha denunciado sistemáticamente la situación de presos políticos en ese país y ha exigido su inmediata liberación en diversos foros internacionales.
La gestión libertaria pide la extradición a la Argentina de Nicolás Maduro para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, por persecución política, violación de garantías procesales y detenciones arbitrarias, argumentos similares a los que organismos internacionales de derechos humanos utilizan para reclamar por la libertad de Sala.
En el caso de la dirigenta jujeña, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidieron su inmediata liberación desde 2016, al considerar que su detención tiene características de persecución política.
El traslado a La Plata y las razones de salud
El traslado de Sala a La Plata en 2023 se decidió por razones médicas. La dirigenta padece trombosis profunda en el miembro inferior izquierdo y síndrome de May-Thurner, un cuadro vascular complejo que requiere control médico especializado constante.
Su médico personal, Jorge Rachid, confirmó en enero pasado que Sala atraviesa «un proceso de angustia muy fuerte que le provocó una desestabilización emocional profunda» y que permanece internada en el Hospital de Gonnet desde hace más de dos semanas.
El cambio de ubicación mencionado por el Gobierno en su comunicado se refiere precisamente a este traslado por cuestiones de salud, autorizado por la justicia jujeña y avalado por informes médicos que un equipo del Hospital Italiano de La Plata envía periódicamente a los tribunales.
El contexto de la condena
Milagro Sala cumple 10 años detenida desde el 16 de enero de 2016, cuando fue arrestada en un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, durante la gobernación de Gerardo Morales (UCR). Desde entonces, enfrenta 15 causas judiciales y atravesó seis debates orales y públicos.
En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de 15 años de prisión efectiva por las causas «Pibes Villeros» (acusada de extorsión, fraude y asociación ilícita en relación con la construcción de viviendas) y otra por amenazas telefónicas a una comisaría del Barrio Alto Comedero en 2014. Su defensa denunció recusaciones e irregularidades en ambos procesos.
Durante la detención de Sala, varios integrantes de la Tupac Amaru fueron detenidos con acusaciones similares. La dirigenta social es la única que continúa presa.
El antecedente de Alberto Baños
El actual subsecretario Mogaburu asumió en reemplazo de Alberto Julio Baños, quien había sido designado en mayo de 2025 y renunció en diciembre del mismo año. Baños, ex juez del fuero penal y amigo personal del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, tuvo una gestión breve pero polémica.
Durante su paso por la Subsecretaría, degradó la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría con un recorte del 40% de la estructura y del 30% del personal, despidió a 405 empleados (el 44% del personal recibido), cerró el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y prohibió actividades en sitios de memoria.
En septiembre de 2024, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Baños afirmó que los crímenes de la dictadura fueron «excesos aislados» y no delitos de lesa humanidad sistemáticos, declaración que generó repudio nacional e internacional. También puso en duda la cifra de «30.000 desaparecidos» ante el Comité contra la Tortura de la ONU.
La posición oficial sobre derechos humanos
La Subsecretaría de Derechos Humanos reafirmó la posición del gobierno del presidente Javier Milei sobre «el fin de privilegios para condenados con sentencias firmes».
Esta postura contrasta con la doctrina internacional de derechos humanos, que establece que las medidas cautelares como la prisión domiciliaria no constituyen privilegios sino garantías procesales para proteger la salud, la vida y la dignidad de las personas detenidas, especialmente cuando existen condiciones médicas graves que así lo justifican.
El caso de Milagro Sala pone en evidencia la doble vara del gobierno argentino en materia de derechos humanos: mientras exige estándares internacionales para presos políticos en Venezuela, rechaza la aplicación de esos mismos estándares cuando organismos internacionales cuestionan casos de persecución judicial en Argentina.
Puntos clave
- La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación es un chiste de mal gusto en su conformación: el pedido fue firmado por Joaquín Mogaburu, defensor de la «memoria completa» y militante antiaborto, junto a su jefe de gabinete Bryan Mayer, quien llamó «pro-terrorista» a Argentina, 1985
- El Gobierno argentino solicitó a la CIDH que Milagro Sala cumpla su condena en una cárcel, mientras exige libertad para presos políticos en Venezuela
- Sala está internada en el Hospital de Gonnet con graves problemas de salud y fue trasladada a La Plata en 2023 por razones médicas
- La ONU, la CIDH y la OEA pidieron la liberación de Sala desde 2016, al considerar su detención como persecución política
- Mogaburu reemplazó a Alberto Baños, quien renunció tras afirmar ante la ONU que los crímenes de la dictadura fueron «excesos aislados» ★
Buenos Aires
A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta
El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.
Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».
El testigo que incomodaba al poder
La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.
Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.
La desaparición en democracia
El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.
Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.
Veinte años, cero respuestas
La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.
Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.
Lo que tenés que saber
- El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
- Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
- Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
- La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
- A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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