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Indignante: a casi 50 años del golpe, un defensor de represores llega a la Subsecretaría de DDHH

En el año que se cumplen 50 años del golpe cívico-militar, Bryan José Mayer asume como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos. En 2023 calificó de «pro terrorista» a la película Argentina, 1985. La gestión de Joaquín Mogaburu profundiza el giro negacionista del área.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación vive una transformación alarmante. Bryan José Mayer, quien en 2023 calificó de «pro terrorista» a la película Argentina, 1985 sobre el Juicio a las Juntas, se presenta como futuro jefe de gabinete del organismo. La designación llega en un contexto especialmente delicado: en marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

De atacar el Juicio a las Juntas a la función pública

Mayer ganó notoriedad en 2023 cuando descalificó públicamente a Argentina, 1985, el filme que retrata el trabajo de la fiscalía en el histórico juicio que condenó a las juntas militares. Sus declaraciones lo posicionaron como vocero oficioso de sectores de las Fuerzas Armadas que reivindican la última dictadura.

El perfil de Mayer encaja con la línea impuesta por Joaquín Mogaburu, quien llegó a la titularidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos con posiciones cuestionadas por organismos de memoria. Bajo su conducción, el área parece virarse hacia posiciones más cercanas al Ministerio de Defensa que a las políticas de memoria, verdad y justicia.

El avance militar en la gestión libertaria

La incorporación de Mayer forma parte de un proceso más amplio de militarización del gabinete nacional. El caso más resonante fue la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa, en lo que representa un quiebre con la tradición democrática de conducción civil de las Fuerzas Armadas.

Este avance de posiciones militares en áreas clave del Estado se profundiza en la segunda fase del gobierno de Javier Milei, cuando el área de Derechos Humanos queda en manos de funcionarios con posiciones abiertamente confrontativas con las políticas de memoria desarrolladas desde la recuperación de la democracia en 1983.

Un mensaje a 50 años del golpe

La designación de Mayer cobra particular relevancia en el marco de la conmemoración del medio siglo del golpe de Estado que inauguró la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La fecha convoca a una reflexión sobre las políticas de memoria que el Estado viene implementando desde hace cuatro décadas.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, creada para garantizar políticas públicas en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, ahora queda en manos de funcionarios que cuestionan públicamente el relato histórico construido por organismos de derechos humanos, la Justicia y la sociedad civil.

Puntos clave:

• Bryan José Mayer será jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos tras calificar de «pro terrorista» a la película Argentina, 1985

• La designación se produce a semanas del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976

• Mayer actuó como vocero oficioso de sectores militares que reivindican la última dictadura

• El nombramiento refuerza el giro de la Subsecretaría bajo Joaquín Mogaburu

• El gobierno libertario profundiza la presencia militar en áreas clave, como muestra la designación del teniente general Presti en Defensa

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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