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Trump le pone precio a Groenlandia: quiere pagar USD 700.000 millones por un territorio que no se vende
Un grupo de expertos coordinado por la Casa Blanca tasó el territorio ártico en una cifra que economistas califican de «completamente arbitraria». Tanto Dinamarca como Groenlandia rechazan cualquier negociación, mientras juristas internacionales advierten que la amenaza del uso de la fuerza viola el derecho internacional.
★ La ambición del presidente electo Donald Trump por hacerse con Groenlandia escaló esta semana con la revelación de una cifra concreta: 700.000 millones de dólares (601.800 millones de euros). Según adelantó la cadena NBC News este miércoles, la tasación fue determinada por un grupo de expertos académicos y exfuncionarios de alto nivel coordinado por Marco Rubio, futuro secretario de Estado.
Sin embargo, la información no aclara qué criterios utilizaron para llegar a esa cantidad, lo que generó críticas inmediatas desde el ámbito económico y jurídico.
Una cifra sin sustento objetivo
«Ese es un precio completamente arbitrario. ¿Cuánto cuesta la soberanía nacional de un territorio? ¿Cuánto cuesta el sentimiento de pertenencia a una tierra? Ponerle precio a Groenlandia es como si yo se lo pongo al amor que siento por mi hija», señaló a Público el economista Juan Torres.
Torres explicó que si bien se pueden calcular los recursos naturales de Groenlandia y los beneficios potenciales de su explotación, «sigue habiendo elementos inmateriales que no responden a un criterio objetivo».
El economista también recordó que Estados Unidos históricamente amplió sus fronteras mediante compras, pero siempre a precios bajos. «No hay un mercado de islas ni de territorios. No en el siglo XXI», afirmó Torres, quien mencionó la compra de las Islas Vírgenes a Dinamarca en 1917 y otras adquisiciones territoriales a España, Francia, México y Rusia durante los siglos XIX y XX. «Estas compras eran de dominio, por imposición, por la fuerza de un país sobre otro, por lo tanto eran precios de colonización, de dominio, de imperio», agregó.
Los recursos que están detrás de la oferta
El interés estadounidense por Groenlandia no es nuevo. En 1946, durante la presidencia de Harry Truman, Washington ofreció 100 millones de dólares por la isla, propuesta que fue rechazada por Dinamarca.
El think tank American Action Forum (AAF) estimó que el valor total de los recursos minerales de Groenlandia asciende a 4,4 billones de dólares (3,79 billones de euros), incluyendo petróleo, gas, cuya explotación está prohibida desde 2021 por razones ambientales, y tierras raras estratégicas.
Esta cifra sugiere que si Trump está dispuesto a pagar 700.000 millones de dólares, es porque el valor real del territorio es considerablemente mayor.
Obstáculos legales y políticos
Montserrat Abad Castelos, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid, explicó a Público que cualquier compra exigiría un tratado internacional entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, además de la autorización de la población groenlandesa.
«Hay que tener en cuenta que el estatuto actual de Groenlandia es un territorio autónomo bajo soberanía danesa, no es simplemente una propiedad de Dinamarca que pueda venderse; tiene su propio Gobierno, Parlamento y tiene autonomía. El consentimiento es necesario para cualquier transferencia», señaló la experta.
Abad Castelos advirtió que al amenazar con el uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia, Trump estaría violando el derecho internacional. «Una eventual compra sin contar con el consentimiento del pueblo groenlandés también violaría el derecho a la autodeterminación, porque el 85% de los groenlandeses se opone a formar parte de Estados Unidos», agregó, recordando además la protección que merecen los pueblos indígenas de la isla, los inuits.
La catedrática estableció una diferencia crucial: «Una diferencia esencial entre el derecho internacional clásico y el de ahora, el contemporáneo que ahora mismo Trump está haciendo peligrar, es que hoy en día los territorios no son mercancías intercambiables entre Estados, sino que también se conciben como espacios donde los pueblos ejercen su derecho fundamental a la autodeterminación».
Alternativas sin compra
Según informó The New York Times el 7 de enero, existe un acuerdo poco conocido de la Guerra Fría por el cual Estados Unidos ya disfruta de amplio acceso militar al territorio. Este pacto permite a Washington «construir, instalar, mantener y operar» bases militares en toda la isla, así como «controlar aterrizajes, despegues, anclajes, amarres, movimientos y operaciones de barcos, aviones y embarcaciones».
Otra opción que maneja el equipo de Trump sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, similar a los que Estados Unidos tiene con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia. En este esquema, Washington brindaría asistencia financiera a cambio de mayor presencia militar.
Sin embargo, dentro de Estados Unidos ya se escuchan voces contrarias a la compra, principalmente por su elevado precio: 700.000 millones de dólares representan casi la mitad del presupuesto del Departamento de Defensa para todo un año. Además, Trump necesitaría la aprobación de la Cámara de Representantes y del Senado.
Rechazo categórico
Tanto las autoridades de Dinamarca como de Groenlandia descartaron que el territorio esté en venta. Los líderes groenlandeses fueron claros en su posición: no quieren ser estadounidenses.
«Ese derecho de libre determinación es ahora un pilar del ordenamiento jurídico internacional», concluyó Abad Castelos.
Puntos clave:
• La Casa Blanca tasó Groenlandia en 700.000 millones de dólares sin especificar los criterios utilizados
• Economistas califican la cifra de «completamente arbitraria» ya que no existe un mercado de territorios en el siglo XXI
• El 85% de los groenlandeses se opone a formar parte de Estados Unidos
• Cualquier transferencia violaría el derecho internacional sin el consentimiento del pueblo groenlandés
• Estados Unidos ya tiene amplio acceso militar a Groenlandia mediante un acuerdo de la Guerra Fría
DDHH
La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla
La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.
Un cronograma acordado entre partes
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.
La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo
El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.
La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.
El estado físico de los procesados y el contexto político
Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.
Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.
Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos
El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.
Puntos clave
- El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
- La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
- La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
- Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
- Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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