Alberto Fernández tardó apenas unas horas en echar a Ginés; mientras Milei insiste en encubrir a Adorni

★ Hay una pregunta que el oficialismo libertario no puede responder sin contradecirse: ¿qué tiene que hacer un funcionario para que el presidente le pida la renuncia? La comparación entre el caso de Ginés González García, fallecido en septiembre de 2025, y el del actual jefe de Gabinete Manuel Adorni expone con una claridad incómoda la diferencia entre un gobierno que aplicó sus propios estándares, aunque fuera con dolor, y otro que los bendice con la maquinaria institucional completa.

El día que Fernández bajó el pulgar

El 19 de febrero de 2021, el periodista Horacio Verbitsky contó en vivo en El Destape Radio que había llamado a su «viejo amigo» Ginés González García, entonces ministro de Salud de la Nación, para preguntarle cómo vacunarse contra el COVID-19. El resultado fue un escándalo político instantáneo: el secretario del ministro lo citó en el propio edificio del Ministerio de Salud, en pleno centro de Buenos Aires, donde un equipo de enfermeros del Hospital Posadas se desplazó especialmente para aplicarle la dosis. Esto ocurría en plena escasez de vacunas, con la población esperando en largas listas y los protocolos reservando las dosis para personal de salud y grupos de riesgo.

Lo que el relato de Verbitsky dejó al descubierto fue que el dispositivo era más amplio: decenas de personas vinculadas políticamente al gobierno habían sido vacunadas de la misma manera. En la lista figuraban el expresidente Eduardo Duhalde y su familia, el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el entonces senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés y varios empresarios cercanos al ministro. Todos habían sido registrados como «personal de salud» en los listados del Hospital Posadas.

El presidente Alberto Fernández se enteró del escándalo mientras encabezaba el lanzamiento del Consejo Económico y Social en el CCK. Llamó por teléfono a González García y le pidió explicaciones. Los argumentos del ministro no lo conformaron. Esa misma tarde, le exigió la renuncia. González García la presentó esa noche y la publicó en su propia cuenta de Twitter. Carla Vizzotti asumió como nueva ministra de Salud desde el día siguiente. El mismo día del escándalo, Fernández excluyó también del viaje oficial a México a Taiana y a Valdés.

Al día siguiente, el Presidente declaró a Página 12: «Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias.»

Una carrera de décadas, hundida por un episodio que no requería la Justicia

Es importante poner en perspectiva qué fue exactamente lo que acabó con la carrera política de González García. No había una causa judicial activa. No había allanamientos en marcha. No había peritos de la Corte reconstruyendo su patrimonio. No había testigos declarando sobre deudas no documentadas. No había propiedades ocultas ante la Oficina Anticorrupción. Solo había una declaración radial que evidenciaba que el ministro había usado su cargo para facilitarle el acceso a la vacuna a un amigo, en un contexto de escasez donde ese privilegio tenía un costo social concreto.

González García era un médico sanitarista con una trayectoria de décadas en la salud pública argentina. Había sido ministro de Salud durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, embajador en Chile durante ocho años bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y retornó al cargo en 2019 de la mano de Alberto Fernández con el desafío de liderar la respuesta sanitaria a la pandemia más grave en un siglo. El propio Fernández reconoció que «era un gran ministro». Lo bajó igual.

La causa judicial llegó después. La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a González García y a otros cuatro funcionarios por peculado y abuso de autoridad. En octubre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal confirmó ese procesamiento con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, impuso un embargo de 20 millones de pesos y ordenó investigar también a los vacunados como posibles partícipes de la maniobra. González García murió en septiembre de 2025, horas después de conocerse esa confirmación judicial. No pudo ver el final de la causa que su propio gobierno consideró suficiente para eyectarlo del cargo en el mismo día del escándalo.

Adorni: muchos escándalos, ningún pulgar abajo

El contraste con el tratamiento que el Gobierno de Javier Milei le dispensa a Manuel Adorni no requiere interpretación. Los hechos hablan solos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que tramita ante el juez Ariel Lijo. El expediente documenta la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por un valor declarado de 230.000 dólares, de los cuales 200.000 fueron financiados por cuatro mujeres con perfil de jubiladas y empleadas públicas cuyo poder adquisitivo no condiría con el monto prestado. La inmobiliaria interviniente afirmó que el valor real del inmueble era de 345.000 dólares, es decir 115.000 dólares más que lo declarado. Un testigo clave, Pablo Martín Feijoo, amigo del funcionario, declaró ante la Justicia que Adorni le debe 65.000 dólares no documentados por refacciones que costeó de su propio bolsillo. En noviembre vence además el pago de 200.000 dólares del financiamiento de esa compra, más otros 70.000 dólares con intereses otorgados por dos agentes policiales.

La Justicia ordenó allanamientos en tres inmobiliarias vinculadas a la operación y decretó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. La casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti, no figuraba en las declaraciones juradas del funcionario y solo fue informada a la Oficina Anticorrupción cuando la Justicia ya le reclamó toda su documentación patrimonial. Sobre estas causas materiales pesa además la imputación en la querella del abogado Martín Romeo por el fraude con la criptomoneda $LIBRA, donde Adorni figura como «legitimador» del esquema según registros del iPhone del intermediario Mauricio Novelli analizados por la DATIP (División de Análisis Tecnológico e Investigación de Delitos Informáticos de la PFA).

Un único alivio judicial llegó esta semana: el juez Daniel Rafecas cajoneó la causa por el viaje de Angeletti en el avión presidencial a los Estados Unidos, tras el pedido de la fiscal federal Alejandra Mangano, quien concluyó que el traslado no generó gastos adicionales para el Estado. El propio Adorni festejó el “archivo” en sus redes sociales. Pero el beneficio que obtuvo de esa causa (que si se puede comparar al caso Ginés) no toca el núcleo del problema: las investigaciones por enriquecimiento ilícito, propiedades no declaradas, deudas ocultas y el caso $LIBRA siguen completamente activas.

La respuesta del Gobierno ante todo esto no fue pedir explicaciones. Fue blindar al funcionario. Milei confirmó que el miércoles 29 de abril estará en el palco del Congreso, junto a todo su gabinete, para «acompañar» a Adorni durante su informe de gestión. Karina Milei articuló el operativo político para que la sesión sea lo menos dañina posible: formato cerrado, cinco minutos por legislador, sin reunión previa de Labor Parlamentaria. Y mientras todo esto ocurría, la Oficina Anticorrupción publicó el viernes 25 de abril la Resolución 3/2026, firmada por su nueva titular Gabriela Carmen Zangaro, que prorrogó el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas patrimoniales del 30 de mayo al 31 de julio de 2026, dos meses de respiro extra en el momento de mayor exposición judicial del jefe de Gabinete.

La ética que el peronismo aplicó y el libertarismo no puede invocar

Fernández dijo en 2021 que «lo que hizo es imperdonable» y que «tenemos que terminar con la cultura de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias». Son palabras que el gobierno de Milei no puede pronunciar sin mirarse en el espejo. El mismo espacio político que construyó toda su identidad sobre la guerra a «la casta» y sus privilegios sostiene hoy a un funcionario investigado por operar exactamente dentro de esa lógica, con una arquitectura de maniobras institucionales diseñada para protegerlo.

González García pagó con su cargo y con su reputación el precio de haber facilitado el acceso a una vacuna a un amigo, en un episodio que ni siquiera requería la intervención de la Justicia para ser considerado inaceptable. Murió procesado, sin haber podido ver el cierre de una causa que su propio presidente consideró suficiente para eyectarlo en el mismo día.

Adorni llega al Congreso con allanamientos, secreto bancario levantado, testigos declarando deudas no documentadas, propiedades ocultas y el presidente en el palco para aplaudirlo.

Puntos clave

• Fernández le exigió la renuncia a González García el mismo día del escándalo radial, sin causa judicial activa, sin allanamientos y sin bienes no declarados; González García falleció en septiembre de 2025, horas después de conocerse la confirmación de su procesamiento por la Cámara Federal.
• La Cámara Federal confirmó en octubre de 2024 el procesamiento de González García por peculado y abuso de autoridad, con embargo de 20 millones de pesos y orden de investigar a los vacunados VIP.
• Adorni enfrenta causas activas por enriquecimiento ilícito con allanamientos, secreto bancario levantado, testigos ante la Justicia y propiedades no declaradas; la única causa cajoneada fue la del vuelo de su esposa en el avión presidencial.
• La Oficina Anticorrupción prorrogó el plazo para presentar declaraciones juradas patrimoniales del 30 de mayo al 31 de julio de 2026, mediante la Resolución 3/2026, en el momento de mayor exposición judicial del jefe de Gabinete.
• Milei confirmó su presencia en el Congreso el miércoles 29 para «acompañar» a Adorni, en una sesión blindada sin reunión previa de Labor Parlamentaria y con cinco minutos máximos por legislador.