#Represión a trabajadores que marcharon contra el ajuste: 25.000 fábricas cerradas y un herido en la cabeza

La protesta, convocada por sindicatos, gremios y empresarios pyme para visibilizar el impacto del ajuste sobre el tejido industrial, terminó con heridos, denuncias por uso de gas pimienta y cuestionamientos sobre la jurisdicción del operativo policial.

Este miércoles la avenida General Paz fue escenario de una movilización popular que reunió a trabajadores, sindicalistas y empresarios del sector pyme en el puente de San Martín, en la arteria que separa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria tuvo un eje claro: denunciar el cierre masivo de fábricas y la destrucción del empleo industrial bajo la gestión de Javier Milei. La respuesta del Estado fue la represión.

Golpes, gas pimienta y un herido trasladado al hospital

Según denunciaron los propios manifestantes, la Policía de la Ciudad avanzó sobre la columna con escudos, gases lacrimógenos y golpes, en medio de empujones y corridas que derivaron en al menos un herido grave. Agustín, abogado presente en la protesta, sufrió una herida en la cabeza y relató lo ocurrido en la TV con el rostro ensangrentado: «Estábamos en la calle, aparecieron los policías con los escudos y nos golpearon en la cabeza. Están buscando la confrontación y la violencia. Tiraron gas pimienta. Esto es una manifestación pacífica. Han muerto 25 mil pymes en este país. La cantidad de familias sin trabajo es terrible.»

Otro manifestante describió el mismo cuadro de situación: «Atacaron a todos sin motivo. Es un desastre. Estábamos sobre la vereda en el puente. Son de la Ciudad y vinieron para el lado de provincia.» Un tercer testigo fue categórico: «Le abrieron la cabeza a un compañero. Reprimieron de la nada, estábamos todos tranquilos y en orden.»

El problema jurisdiccional: la Policía de la Ciudad del lado bonaerense

Uno de los cuestionamientos más graves que emergieron de la jornada apunta a la competencia territorial del operativo. Varios de los incidentes más violentos habrían ocurrido en la franja provincial de la General Paz, donde la Policía de la Ciudad carece de jurisdicción para actuar. La denuncia abre una dimensión institucional que podría derivar en reclamos formales ante la justicia, aunque a la fecha este medio no pudo confirmar si ya fue iniciada alguna actuación judicial al respecto.

Desindustrialización: el trasfondo de la marcha

Los organizadores de la movilización denunciaron que el escenario económico vigente ya provocó el cierre de unas 25.000 empresas y la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Estas cifras fueron proporcionadas por los propios manifestantes y no han sido verificadas de manera independiente por este medio, aunque se enmarcan en un contexto económico que las propias estadísticas oficiales confirman como crítico.

Según datos del INDEC correspondientes a marzo de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumula una variación interanual del 32,8%, mientras que el gasto primario del Estado cayó un 31% en términos reales desde diciembre de 2023. El rubro transporte acumula subas del 912% desde el inicio de la gestión libertaria, según informes del IIEP (UBA-CONICET), una carga que golpea de manera directa la estructura de costos de las pequeñas y medianas industrias y que profundiza la crisis del sector.

Las voces del rechazo: Katopodis y los empresarios pyme

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, estuvo presente en la movilización y no midió sus palabras: «Basta Milei. No podemos permitir, tenemos que frenar este desastre que es el cierre de la industria. Milei cree que la Argentina sale de pie ajustando y pidiéndole más sacrificio a los trabajadores y a la clase media. Nosotros creemos que la Argentina se pone de pie con industria nacional y apoyando a los empresarios de nuestro país.»

La presencia del sector empresarial pyme resultó significativa en la jornada. El empresario textil Rodolfo Liberman advirtió: «Estamos viendo una desindustrialización del país. La apertura de importaciones y la caída del consumo forman parte de una política destructiva que queremos revertir.» La imagen de empresarios y trabajadores marchando bajo la misma consigna refleja el alcance transversal del deterioro industrial que atraviesa el país.

Un patrón que se repite

La represión no es un hecho aislado en el mapa de la protesta social argentina. Durante la gestión de Javier Milei, las movilizaciones contra el ajuste económico han sido recurrentemente respondidas con operativos de dispersión que derivaron en enfrentamientos, heridos y detenidos. La figura de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, artífice del protocolo antipiquetes, sobrevuela cada episodio represivo como el telón de fondo de una política de control del espacio público que prioriza el «orden» por encima del derecho constitucional a la protesta y la libre expresión.