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Human Rights Watch apuntó contra Milei por socavar controles, atacar a la prensa y reprimir protestas

El Informe Anual 2026 de la organización internacional fue lapidario con el Gobierno libertario, cuestiona los intentos de evadir controles institucionales, la represión de protestas, la estigmatización de periodistas y los recortes en programas sociales. También alertó sobre las vacantes judiciales récord y los casos de corrupción que involucran al oficialismo.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

Human Rights Watch (HRW) incluyó en su Informe Anual 2026 un capítulo sobre Argentina en el que denunció que el gobierno de Javier Milei intenta socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo, obstaculiza la libertad de reunión pacífica y utiliza una «retórica hostil para estigmatizar a los periodistas». La organización internacional también alertó sobre los recortes en programas sociales, las vacantes récord en el Poder Judicial y los presuntos casos de corrupción que involucran al oficialismo.

«El 2025 puso a prueba el Estado de derecho en Argentina. El presidente Milei intentó con poco éxito evadir controles constitucionales y acentuó su tono confrontativo contra la prensa», señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. Y agregó: «Los argentinos quieren y necesitan mayor estabilidad económica y ello no tiene por qué venir a costa de mayor deterioro institucional».

«El segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo», sintetizó el informe.

Protocolo antipiquetes y represión a manifestaciones

Según el documento de HRW, el protocolo antipiquetes implementado por el Gobierno «criminaliza impedimentos al tránsito derivados de manifestaciones y permite a la policía utilizar la fuerza en una amplia gama de circunstancias».

La organización recuperó la protesta del 12 de marzo del año pasado, protagonizada por jubilados y a la que, según denunció el Gobierno, se sumaron barrabravas. «Aunque algunos manifestantes cometieron actos violentos, las fuerzas de seguridad respondieron en ocasiones con un uso de la fuerza indiscriminado e imprudente», alertó el informe. A su vez, detalló que hubo al menos 20 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo.

Apenas semanas después de aquella marcha, HRW había reclamado a las autoridades argentinas que investigaran la represión policial y pidió revisar el protocolo antipiquetes. La organización dijo que su aplicación «facilita violaciones de derechos humanos».

Ataques sistemáticos a la prensa

En línea con estos cuestionamientos, el último informe sostuvo que Milei y altos funcionarios del Gobierno «han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas». Señaló que el jefe del Estado repite que «no odiamos lo suficiente a los periodistas» y que los acusa «sin pruebas» de recibir sobornos.

Además, HRW mencionó la investigación que informó sobre el DNU de la SIDE que había aprobado el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que entreabría la puerta a tareas de espionaje interno que podrían recaer sobre periodistas, economistas, académicos y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o al gobierno nacional.

Casos de corrupción: $LIBRA y Agencia Nacional de Discapacidad

En términos de corrupción, HRW relató los casos $LIBRA y el de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sobre el primero, indicó que la comisión creada por el Congreso para investigar si el líder libertario cometió un delito al promocionar la criptomoneda «determinó que el presidente Milei desempeñó un ‘papel indispensable’ en un ‘plan fraudulento'».

Respecto del caso Andis, se detuvo en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por un pedido suyo, «un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona, una medida que viola la libertad de expresión».

Vacantes judiciales récord y maniobras en la Corte Suprema

En lo referido a la Justicia, HRW alertó sobre el debate para ampliar el número de jueces de la Corte Suprema, «una medida utilizada en el pasado para garantizar el control político sobre el máximo tribunal en Argentina».

A su vez, insistió en que el decreto que firmó Milei para cubrir las vacantes de la Corte con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla «pasó por alto al Senado, órgano encargado de nombrar a los magistrados». La organización había expresado su preocupación en otras ocasiones, en las que dijo que el Presidente «debe demostrar que su gobierno respeta la independencia judicial siguiendo el proceso legislativo para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema».

También puso el foco en los «330 cargos judiciales federales y nacionales» (a julio del año pasado) que siguen vacantes, «lo que supone casi el 35% del total».

En noviembre, desde que asumió Milei, renunciaron 83 magistrados nacionales y federales. En contraposición con la cantidad de salidas, no hubo designaciones. El análisis concluye que al finalizar el año las vacantes totales entre jueces, fiscales y defensores nacionales llega al 37%, un récord.

Alineamiento automático con Trump y Netanyahu

«En el ámbito internacional, es lamentable que Argentina haya desmontado a buena parte de su servicio exterior de carrera y abandonado algunas posiciones de derechos humanos para alinearse de forma automática a Trump y Netanyahu», afirmó Goebertus.

«Durante su primer año en el cargo, la administración Trump ha tenido una influencia indudablemente negativa en América Latina y el Caribe», agregó en el informe sobre la región. «Pero en última instancia, los gobiernos latinoamericanos tienen la responsabilidad de defender la democracia y garantizar que esta beneficie a sus ciudadanos, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca».

El documento de HRW mencionó que el gobierno nacional «se ha opuesto a las resoluciones internacionales» sobre derechos económicos, sociales, culturales y de género, y que anunció que retiraba a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Crisis social: inflación, pobreza y recortes en programas esenciales

En los capítulos dedicados a los derechos económicos, sociales, de las mujeres y de las personas con discapacidad, HRW indicó que los precios de los bienes y servicios esenciales aumentaron 55,4% interanual (en agosto), más de 20 puntos por encima de la inflación.

Además, apuntó que la pobreza disminuyó a un ritmo más lento que en 2024 y que la reducción de gasto público afectó a las jubilaciones y las pensiones para personas con discapacidad e impactó en servicios destinados a la educación y la salud. Sin embargo, reconoció que se amplió el presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La organización subrayó que el Gobierno «profundizó los recortes a los programas destinados a combatir la violencia de género y proporcionar asistencia urgente a las víctimas» y recordó los dichos de Milei en la edición anterior del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, en la que «hizo comentarios despectivos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género y la educación sexual inclusiva».

El informe también remarcó que el Gobierno «recortó los fondos destinados a las políticas de memoria, verdad y justicia».

Puntos clave

  • Human Rights Watch denunció que el gobierno de Javier Milei intenta socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo y obstaculiza la libertad de reunión
  • El informe cuestiona el protocolo antipiquetes por criminalizar manifestaciones y facilitar el uso indiscriminado de la fuerza policial
  • La organización alertó sobre la retórica hostil contra periodistas, el espionaje interno y los casos de presunta corrupción como $LIBRA y Andis
  • Las vacantes judiciales alcanzaron el 37%, un récord histórico, mientras el Gobierno intentó designar jueces de la Corte por decreto
  • HRW criticó el alineamiento automático con Trump y Netanyahu, el retiro de la OMS y los recortes en programas sociales y políticas de memoria ★

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La Justicia suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires

Un juzgado de Lomas de Zamora frenó por 60 días la aplicación de la ley que reduce a 14 años la edad de imputabilidad. La jueza advirtió sobre una posible vulneración de derechos y cuestionó si el Estado cuenta con recursos suficientes para implementar el nuevo sistema.

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La Justicia bonaerense suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que interrumpió por 60 días la entrada en vigencia de la normativa que establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años.

La resolución fue firmada por la jueza Marta Elba Pascual, quien planteó que la implementación inmediata del nuevo sistema podría generar una afectación grave de derechos fundamentales de adolescentes privados de su libertad.

El fallo puso el foco en una cuestión central: si el Estado cuenta actualmente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema penal sin vulnerar los estándares constitucionales y convencionales vigentes.

La advertencia de la Justicia

La magistrada señaló que antes de aplicar el nuevo régimen resulta necesario determinar si existen condiciones objetivas que permitan garantizar los derechos de los adolescentes alcanzados por la normativa.

En particular, advirtió sobre la posibilidad de que el Estado no cuente con suficientes recursos ni establecimientos adecuados para alojar a los jóvenes que eventualmente sean privados de su libertad.

El fallo también alertó sobre el posible incremento de la población adolescente detenida. Según la jueza, aunque el aumento podría producirse de manera progresiva, algunos cambios en los parámetros para disponer detenciones y prisiones preventivas podrían generar un impacto inmediato.

La suspensión tendrá una duración de 60 días.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La nueva normativa establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos.

La edad mínima de imputabilidad fue establecida por el Congreso mediante la Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma fijó un plazo de 180 días para su entrada en vigencia.

Posteriormente, el Gobierno reglamentó el régimen mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.

Entre sus funciones se encuentran la implementación del régimen, el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la articulación con las distintas jurisdicciones.

El régimen contempla distintas medidas según la gravedad del hecho y las características de cada caso. Entre ellas se encuentran:

  • Amonestaciones.
  • Restricciones de contacto o circulación.
  • Trabajos comunitarios.
  • Reparación del daño.
  • Monitoreo electrónico.
  • Penas privativas de la libertad.

La normativa establece que, en los casos en los que corresponda una pena de prisión, no podrá aplicarse prisión o reclusión perpetua. El máximo previsto para adolescentes es de 15 años.

Supervisores para controlar a los adolescentes

Uno de los principales cambios previstos por el nuevo sistema es la incorporación de supervisores especializados.

Estos profesionales deberán acompañar y controlar a los adolescentes cuando un juez determine determinadas medidas o sanciones. Entre sus obligaciones estará mantener entrevistas semanales y elaborar informes mensuales sobre la evolución del joven.

Los informes deberán contemplar aspectos vinculados con la educación, la formación, la conducta y el proceso de reinserción social.

Para integrar el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil será necesario contar con formación terciaria o universitaria en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología o trabajo social, o acreditar preparación específica en adicciones.

Además, los postulantes deberán contar con al menos dos años de experiencia profesional y aprobar una capacitación obligatoria sobre justicia penal juvenil y derechos de niños y adolescentes.

También deberán realizar instancias de formación continua todos los años.

Una implementación que queda bajo la lupa

La reglamentación establece restricciones para quienes pretendan desempeñarse como supervisores. Quedarán excluidas determinadas personas con antecedentes de procesamientos o condenas penales y quienes figuren en registros vinculados con hechos de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes.

Mientras se conforma el registro definitivo, el Ministerio de Justicia elaborará una nómina provisoria.

La primera convocatoria pública deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto.

En los procesos de competencia nacional y federal, los jueces seleccionarán a los supervisores entre los profesionales habilitados. En las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, cada jurisdicción deberá establecer sus propios mecanismos de designación, remoción y sanción, respetando los lineamientos generales establecidos por la Ley 27.801.

La decisión adoptada en Lomas de Zamora introduce así un freno a la implementación del nuevo régimen en territorio bonaerense y pone en el centro del debate una cuestión clave: si la ampliación del sistema penal hacia adolescentes de menor edad puede concretarse sin contar previamente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para garantizar sus derechos.

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