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La plataforma de Peter Thiel que quiere juzgar a la prensa con inteligencia artificial

Una plataforma financiada por el magnate tecnológico de la ultraderecha busca que particulares impugnen notas periodísticas por 2.000 dólares, con exfuncionarios de la CIA y la NSA como «investigadores» y modelos de lenguaje como jueces.

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Objection.AI: el nuevo instrumento de la derecha contra el periodismo independiente

★ Una nueva plataforma tecnológica llamada Objection.AI fue lanzada el 15 de abril de 2026 con el respaldo financiero del empresario Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir y uno de los principales referentes del ecosistema tecnológico de la ultraderecha estadounidense. La herramienta fue creada por Aron D’Souza, empresario y jurista australiano cercano a Thiel, quien se presenta como el artífice del caso judicial que llevó a la quiebra al medio digital Gawker en 2016.

Según informó TechCrunch el día del lanzamiento, D’Souza afirma que la plataforma busca permitir a los estadounidenses «acceder a la justicia, al esclarecimiento de los hechos y a la verdad, de una forma mucho menos costosa y más eficaz». Sin embargo, el diseño concreto de Objection.AI genera serias alarmas entre los defensores de la libertad de prensa.

Cómo funciona el mecanismo

El esquema es el siguiente: por 2.000 dólares, cualquier particular puede presentar una «objeción» a una afirmación publicada por un periodista o un medio de comunicación. Esa objeción es investigada por exfuncionarios del FBI, la NSA y la CIA en un plazo de apenas unos días. Luego, el caso es evaluado por lo que la plataforma denomina un «tribunal de IA»: un jurado digital compuesto por grandes modelos de lenguaje que determina si la información periodística es «verdadera» o no.

El proyecto recibió inversiones de varios millones de dólares de Thiel, del ex director de Coinbase, Balaji Srinivasan, y de otros fondos de capital de riesgo vinculados al ecosistema tecnológico conservador de Estados Unidos.

El antecedente Gawker y la huella de Thiel

El lanzamiento de Objection.AI no puede leerse sin el antecedente del caso Gawker. En 2013, ese medio digital publicó información sobre la homosexualidad del cofundador de Palantir, empresa en la que Thiel tiene un rol central. Thiel financió discretamente varias demandas judiciales contra Gawker, entre ellas la del luchador Hulk Hogan, que terminó por llevar a la publicación a la quiebra en 2016. D’Souza afirma haber «dirigido» ese caso.

El patrón se repite: usar el poder económico para presionar judicialmente a medios que incomodan a figuras del poder tecnológico y financiero.

Las fuentes anónimas en la mira

Uno de los ejes más inquietantes de la plataforma es su enfoque sobre las fuentes periodísticas reservadas. D’Souza propone que los periodistas suban los documentos de identidad de sus fuentes anónimas a la plataforma para que la IA las «certifique». Al final del proceso, el periodista recibiría un certificado que confirma que la fuente fue verificada «de forma independiente en un sistema de código abierto descentralizado».

Esta propuesta ataca de manera directa uno de los pilares del periodismo de investigación: la protección de quienes proveen información sensible a riesgo personal. Revelar la identidad de una fuente, aunque sea a una plataforma privada controlada por ex agentes de inteligencia, pone en peligro real a personas que denuncian abusos de poder.

Una herramienta para los poderosos, no para «el pueblo»

La revista El Grand Continent, que analizó la plataforma en profundidad, señaló que el costo de 2.000 dólares por objeción «podría disuadir a la mayoría de los estadounidenses», al tiempo que incitaría «a los más adinerados o a las empresas privadas a utilizarlo como una herramienta paralela al sistema judicial para ejercer presión sobre los periodistas y los medios de comunicación independientes».

La misma publicación advirtió sobre los sesgos propios de los grandes modelos de lenguaje, como las alucinaciones, la tendencia a seguir pruebas en lugar de instrucciones y otras fallas sistémicas que cuestionan seriamente la fiabilidad de un «tribunal de IA» para emitir veredictos sobre la veracidad periodística.

El contexto: la ofensiva de la derecha contra la prensa

Objection.AI no surge en el vacío. Desde hace años, la derecha estadounidense sostiene una ofensiva sostenida contra los medios de comunicación, a los que acusa de alinearse con la agenda del Partido Demócrata. El eslogan «fake news», popularizado por Donald Trump, es la expresión más visible de una estrategia más amplia que busca deslegitimar al periodismo crítico e independiente.

Referentes del universo MAGA como Angelo Codevilla y el teórico Curtis Yarvin, cuyo concepto de «Catedral» engloba a medios y universidades como supuestos centros del poder progresista, forman parte del trasfondo ideológico en el que se inscribe este tipo de iniciativas. Objection.AI es, en ese marco, la versión tecnológica y financiada por capital de riesgo de esa misma estrategia.

Puntos clave:

  • Objection.AI fue lanzada el 15 de abril de 2026 por Aron D’Souza con financiamiento de Peter Thiel y otros inversores de capital de riesgo.
  • Por 2.000 dólares, usuarios pueden impugnar afirmaciones periodísticas ante un «tribunal de IA» compuesto por modelos de lenguaje.
  • Las investigaciones previas al veredicto son realizadas por exfuncionarios del FBI, la NSA y la CIA.
  • La plataforma propone que los periodistas revelen la identidad de sus fuentes reservadas a la IA para «certificarlas».
  • Analistas advierten que el mecanismo favorece a actores con poder económico y puede funcionar como herramienta de presión extrajudicial contra la prensa independiente.

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Escándalo con la Hidrovía: EEUU estalló contra Milei por China y crece la tensión por la licitación

La licitación más grande del gobierno de Javier Milei suma denuncias, advertencias internacionales y cuestionamientos judiciales. Aparecieron acusaciones por posibles documentos apócrifos, reuniones reservadas y condiciones que favorecían a empresas específicas.

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Lo que tenés que saber

  • EEUU detectó presuntos vínculos ocultos con China en la licitación de la Hidrovía.
  • El informe involucró reuniones entre emisarios chinos y la ANPyN.
  • La Justicia permitió que el proceso continúe pese a las denuncias.
  • Investigan posibles irregularidades en el pliego licitatorio.
  • También surgieron cuestionamientos sobre un “peaje” con valores idénticos entre oferentes.
  • Una empresa brasileña denunció presuntas anomalías en documentos vinculados a Naciones Unidas.
  • La Procuraduría de Investigaciones Administrativas prepara un nuevo dictamen.
  • La Hidrovía concentra el transporte del 80% de las exportaciones de granos y derivados.

Crecen las denuncias alrededor de la licitación de la Hidrovía

La licitación de la Hidrovía volvió a quedar en el centro de la polémica tras la aparición de nuevos cuestionamientos vinculados con presuntas irregularidades administrativas, supuestos contactos con actores chinos y observaciones judiciales sobre el proceso impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Según trascendió, un informe de inteligencia de Estados Unidos detectó “vasos comunicantes ocultos con China” que, de acuerdo con la publicación, previamente habían sido negados por funcionarios argentinos ante autoridades norteamericanas.

El informe también mencionó reuniones entre representantes de la embajada china y funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo encabezado por Iñaki Arreseygor.

La polémica por el “peaje” y las ofertas económicas

Uno de los puntos cuestionados surgió durante la apertura de sobres económicos. Las empresas Jan de Nul y DEME presentaron la misma tarifa de peaje de u$s3,80 por tonelada de registro neto en la etapa inicial.

De acuerdo con las críticas planteadas alrededor del proceso, el valor fijado funcionaría como un piso y no como un tope, algo considerado inusual dentro de una licitación destinada a reducir costos logísticos.

Además, sectores vinculados con la actividad señalaron que el costo del peaje impacta directamente sobre los valores de exportación y podría trasladarse a productores medianos y pequeños.

El informe de inteligencia de EEUU y la preocupación por China

La publicación del medio estadounidense The Floridian indicó que legisladores y autoridades norteamericanas exhibieron un documento de inteligencia durante una visita de Santiago Caputo.

El texto sostuvo que organismos estadounidenses realizaron seguimientos vinculados con la actividad en la Hidrovía y detectaron contactos frecuentes entre representantes chinos y sectores relacionados con la licitación.

Entre las empresas mencionadas apareció Servimagnus, vinculada al conglomerado Loginter, controlado por la familia Román. Según el informe citado, la compañía mantiene relaciones comerciales con firmas chinas como Huawei y Cosco.

También se mencionó al Grupo Neuss, señalado por presuntos vínculos empresariales relacionados con compañías del gigante asiático.

La denuncia por presuntos documentos apócrifos

Otro de los puntos que sumó controversia surgió a partir de una presentación de la firma brasileña DTA Engenheria Ltda, que cuestionó documentos utilizados como supuesto aval técnico de Naciones Unidas.

La empresa pidió a la UNCTAD que confirme la autenticidad de los textos incorporados al proceso licitatorio. Según la denuncia, los archivos presentarían inconsistencias técnicas y carecerían de elementos oficiales de validación.

Entre las observaciones mencionadas figuraron:

  • Ausencia de firma criptográfica
  • Falta de código oficial UNCTAD
  • Inexistencia de ISBN
  • Presuntas referencias a un autor ligado a consultoras vinculadas con Jan de Nul

La firma brasileña solicitó una respuesta formal del organismo internacional para verificar la validez de la documentación.

La postura de la Justicia y el avance de la investigación

La Justicia rechazó una medida cautelar que buscaba frenar el proceso licitatorio. Sin embargo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas continuará analizando posibles irregularidades vinculadas con funcionarios públicos y condiciones del pliego.

Entre los puntos observados aparece una deuda cercana a los u$s80 millones que, según los cuestionamientos planteados, quedaría trasladada al futuro adjudicatario.

Además, el Ministerio Público Fiscal analiza si existen elementos suficientes para avanzar con investigaciones penales relacionadas con el diseño y desarrollo de la licitación.

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