Interna libertaria detrás de los pliegos: Caputo filtró candidatos para hundir a Mahiques

★ El envío al Senado de casi un centenar de nombres para cubrir vacantes judiciales en la Justicia Nacional desató esta semana una batalla interna en el Gobierno de Javier Milei que, bajo la superficie de los debates sobre «independencia judicial» y «sesgo kirchnerista», esconde una disputa de poder entre las dos facciones que se reparten la estructura del Estado libertario: el aparato de Santiago Caputo y el entorno de Karina Milei.

La interna que la Casa Rosada no pudo ocultar

Según trascendió, el sector que responde a Santiago Caputo impulsó la difusión pública de los antecedentes de varios candidatos antes de que los pliegos llegaran formalmente al Senado, con el objetivo declarado de presionar al ministro Mahiques. Los cuestionamientos se concentraron en media docena de postulantes del total enviado, pero la operación política apuntó más alto: instalar la idea de que el ministerio de Justicia estaría negociando con el kirchnerismo.

«La gente de Santiago marca públicamente a candidatos, entre ellos los que apoyaron a la propia Corte en el juicio político que le hizo el kirchnerismo», señalaron al matutino fuentes del entorno de Karina Milei. Según esas mismas fuentes, Santiago Caputo le hizo llegar las críticas directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, con la expectativa de disciplinar o desplazar a Mahiques. Sin embargo, el resultado fue el contrario: «Juan dio las explicaciones pertinentes al Presidente y a Karina y quedó zanjado el asunto, porque a ellos les pareció bien», indicó una fuente gubernamental. La derrota interna de Caputo habría sido el disparador de la filtración mediática posterior.

Este medio informó oportunamente que entre los pliegos más sensibles figuran el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; la actual secretaria del juez Julián Ercolini; y Ana Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que involucra directamente al presidente Milei.

Los candidatos cuestionados y las respuestas oficiales

El nombre más debatido entre los postulantes fue el de Juan Manuel Mejuto, propuesto por Mahiques para un tribunal oral en lo criminal. Sus detractores señalaron que fue firmante de la carta fundacional de Justicia Legítima, la agrupación de magistrados y funcionarios judiciales que impulsó políticas en sintonía con el kirchnerismo durante la gestión anterior.

La respuesta del Gobierno llegó a través de la Oficina de Respuesta Oficial, el área controlada por Santiago Caputo, que publicó en su cuenta de la red X que Mejuto «no tiene ni tuvo participación política alguna» y que «no hay ni una sentencia, ni una resolución, ni un despacho firmado por Juan Mejuto en una causa donde se hubiera sobreseído o absuelto a alguien vinculado al kirchnerismo». La misma cuenta oficial indicó que la firma en la solicitada fundacional de Justicia Legítima no fue voluntaria, sino que «un compañero de trabajo, exsecretario del tribunal oral federal Javier Falcioni, lo incorporó sin su conocimiento». Cabe señalar que la misma organización fue también suscripta por Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia y magistrado que el propio Gobierno impulsa para cinco años más en su cargo.

Otro nombre que generó rispideces fue el de Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad bajo la conducción del procurador Eduardo Casal y propuesta para la fiscalía ante un tribunal oral en lo penal económico. Fuentes judiciales reconocieron su capacidad técnica aunque la distanciaron de cualquier perfil militante.

También se cuestionó la candidatura de Pablo Matkovic para un tribunal oral federal en Neuquén, por haber sido asesor de la exministra de Seguridad Nilda Garré, por sus vínculos con causas de espionaje contra la Ciudad de Buenos Aires en el denominado «caso Lago Escondido» y por su intervención en acciones vinculadas a la comunidad mapuche.

Una selección que dejó huellas

La investigadora María Eugenia Talerico publicó en su cuenta de X que doce postulantes «saltaron» más de diez posiciones en el orden de mérito, en algunos casos hasta 32 lugares, tras etapas discrecionales como las entrevistas. La denuncia apunta al corazón del proceso de selección: la opacidad con que el Ejecutivo construye el mapa judicial que aspira a controlar.

El caso de Raúl Agustín Rubiero, propuesto para la Cámara Civil, ilustra otro tipo de irregularidad. Fue incorporado desde la lista complementaria del concurso, saltando a los candidatos de las ternas originales que no habían sido seleccionados. El artículo 48 del reglamento de concursos establece que ante la incompletud de una terna, el Ejecutivo debe considerar primero a los postulantes de las ternas ya conformadas antes de recurrir a la lista complementaria.

Desde el Ministerio de Justicia rechazaron la lectura y argumentaron que la lista complementaria «no tendría sentido» si no pudiera usarse, citando precedentes de designaciones similares de 2021 y 2022. Sin embargo, la controversia habilitó nuevas dudas sobre la transparencia del proceso.

El trasfondo: el poder judicial como campo de batalla

La polémica de los pliegos no es un episodio aislado. Se inscribe en la estrategia sistemática del Gobierno de Milei de reconfigurar el mapa judicial federal, que este medio viene documentando desde hace semanas. El propio Mahiques protagonizó recientemente otro movimiento de alto impacto: renunció a la Procuración General para presentarse como candidato al concurso por la Fiscalía General de Cámara que ocupó durante décadas el fiscal Germán Moldes, fallecido en 2024. El cargo le permitiría al exministro supervisar el curso de investigaciones federales desde adentro del propio Ministerio Público. Ningún otro candidato al concurso llega con el respaldo político del Poder Ejecutivo que tiene Mahiques.

La batalla por los pliegos revela que, más allá de las diferencias reales o exageradas sobre el perfil ideológico de algunos candidatos, el Gobierno libertario disputa el Poder Judicial con las mismas herramientas que siempre criticó: la discrecionalidad, el amiguismo y el uso del aparato del Estado para castigar enemigos y premiar lealtades.

Puntos clave

• La filtración a los medios de los antecedentes de candidatos judiciales fue atribuida por fuentes del entorno de Karina Milei al ala del asesor presidencial Santiago Caputo, como represalia tras perder una disputa interna con el ministro Mahiques.
• El candidato más cuestionado, Juan Manuel Mejuto, fue defendido por la cuenta oficial del Gobierno en X, aunque sus vínculos con Justicia Legítima también involucran al padre del propio ministro de Justicia.
• La investigadora María Eugenia Talerico denunció que doce candidatos saltaron hasta 32 posiciones en el orden de mérito tras etapas discrecionales del proceso de selección.
• Raúl Agustín Rubiero fue designado desde la lista complementaria sin agotar previamente las ternas originales, en aparente contradicción con el artículo 48 del reglamento de concursos.
• La controversia se suma a la cobertura previa de este medio sobre pliegos con el hijo de Rosatti, la secretaria de Ercolini y la esposa del juez de la causa $LIBRA.