Judiciales ⚖️
Más de 18 mil atenciones por “violencia doméstica”: la cara que el Gobierno libertario no quiere ver
El informe anual de la Oficina de “Violencia Doméstica” (violencia de género) de la Corte Suprema registró 18.014 atenciones en 2025, un 5% más que el año anterior. La violencia psicológica afectó al 96% de los casos; el 25% de las evaluaciones correspondió a situaciones de riesgo altísimo o alto.
“Violencia doméstica”: un drama que crece mientras el Estado se achica
★ La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que registra los casos de violencia de género y familiar), publicó su informe estadístico correspondiente al año 2025, y los números confirman una tendencia que se agrava: las atenciones crecieron un 5% respecto de 2024, con un promedio de 49 casos por día, en un contexto donde el ajuste presupuestario del Gobierno de Javier Milei golpea con fuerza a las políticas de género y a las redes de contención estatal.
La OVD registró en total 18.014 atenciones durante los doce meses del año pasado, distribuidas en 10.124 presentaciones formales y 7.890 consultas informativas presenciales. En ambos casos, la mayoría de las personas que se acercaron al organismo lo hicieron fuera del horario judicial habitual, lo que da cuenta de la urgencia con que se viven estas situaciones. Respecto de 2024, las presentaciones aumentaron un 3% y las consultas un 8%.

Un drama con rostro de mujer y edad promedio de 9 años
Los equipos interdisciplinarios del organismo realizaron 13.313 evaluaciones de riesgo, correspondientes a 12.566 personas afectadas. El grupo más numeroso fue el de mujeres adultas de entre 18 y 59 años, que representaron el 50% del total. Detrás de ellas, con una presencia que estremece, aparecen las niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 0 a 17 años, que concentraron el 31% de los casos y cuya edad promedio fue de apenas 9 años.
Esos datos no son una abstracción estadística: son menores que conviven cotidianamente con situaciones de violencia, en hogares donde el miedo es parte del paisaje doméstico.
Quiénes son los agresores
El informe detalla también el perfil de las personas denunciadas. Se registraron 10.280 individuos en esa categoría, de los cuales el 71% eran varones con una edad promedio de 40 años. Un dato particularmente preocupante es que 3 de cada 10 presentaban consumo problemático de alcohol (29%) o de sustancias psicoactivas (28%), y 855 personas poseían armas (8%), lo que eleva exponencialmente el nivel de riesgo para las víctimas.
El vínculo entre agresor y víctima refuerza la idea de que la violencia doméstica ocurre, en la mayoría de los casos, en el entorno más íntimo: el 45% de las situaciones involucró a parejas o ex parejas y el 35% a vínculos filiales.
La violencia que no deja marca visible
Cuando se analiza el tipo de violencia ejercida, el dato más contundente es que la violencia psicológica aparece en el 96% de los casos, muy por encima de la física y la simbólica, presentes ambas en el 42% de las situaciones. La violencia de tipo ambiental alcanzó el 28%, la económico-patrimonial el 27% y la sexual el 7%.
En el 90% de los casos, las personas afectadas eran de sexo femenino, una cifra que vuelve a interpelar las políticas públicas de género en un gobierno que desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en sus primeros días de gestión.
Riesgo altísimo y lesiones: la punta del iceberg
Uno de los datos más alarmantes que arroja el informe es que el 25% de las evaluaciones correspondió a situaciones de riesgo altísimo o alto, y que 1.758 personas presentaban lesiones físicas producto de la violencia al momento de acercarse a la OVD.
La frecuencia de los episodios tampoco deja lugar para el optimismo: el 57% de las situaciones relatadas ocurrió con una frecuencia diaria o semanal, y apenas el 6% describió un primer episodio, lo que revela que la enorme mayoría de las personas que llegan a la OVD llegan después de haber soportado una historia prolongada de violencia.
La maquinaria judicial que intenta contener
Ante el volumen de casos, el sistema judicial respondió con derivaciones masivas y medidas preventivas. El 99% de los casos fue derivado a la Justicia Nacional en lo Civil, el 67% al Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 31% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (GCABA) y el 12% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
En ese marco, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó al menos 34.913 medidas preventivas urgentes, entre ellas la prohibición de acercamiento a la denunciante (66%), la prohibición de contacto (63%), la entrega de botón antipánico (39%) y el cese de actos de perturbación e intimidación (33%).
La maquinaria judicial trabaja a pleno. Pero sin políticas públicas que ataquen las causas estructurales, las medidas preventivas son parches sobre una herida que no cierra.
Puntos clave
- La OVD registró 18.014 atenciones en 2025, un 5% más que en 2024, con un promedio de 49 casos por día.
- El 50% de las personas afectadas fueron mujeres adultas de 18 a 59 años; el 31% fueron niñas, niños y adolescentes con una edad promedio de 9 años.
- La violencia psicológica fue la más frecuente (96%), seguida por la física y simbólica (42% cada una).
- El 25% de las evaluaciones correspondió a situaciones de riesgo altísimo o alto; 1.758 personas presentaban lesiones al momento de la atención.
- La Justicia Civil ordenó más de 34.900 medidas preventivas urgentes en el marco de estas derivaciones.
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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión
La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.
La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.
La nueva causa y el fiscal que la lleva
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.
En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».
Las cifras bajo la lupa fiscal
Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.
Una segunda causa que se monta sobre la primera
Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.
La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación
El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.
Doble estándar en la cima del fisco
La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.
Puntos clave:
– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
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