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Seguridad social

Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.

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El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización

★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.

El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.

El argumento oficial y la trampa del diagnóstico

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».

La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.

El bono que se derrite

El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.

Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.

A quiénes alcanza el decreto

El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:

  • Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.

El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».

Un parche que no alcanza

El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.

Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.

Puntos clave:

  • El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
  • La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
  • El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
  • La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
  • Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.

Actualidad

CGT, CTA y UTEP marchan al Congreso con los jubilados en el inicio de un nuevo plan de lucha

La central obrera relanzó su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei con una movilización convocada para las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña. El cosecretario general Cristian Jerónimo anticipó que no acompañarán «ninguna ley que presente el Gobierno». El acto marca el inicio de un plan de lucha que podría derivar en un quinto paro general.

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El Argentino Diario-Operativo de seguridad-Congreso-Marcha federal.
Sin tregua con Milei: el sindicalismo y los movimientos reflejan a la calles con cuatro paros de historia y un quinto en el horizonte.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados, confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La convocatoria, que se extenderá con adhesiones del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof y del Frente de Izquierda (FIT), marcó el relanzamiento formal de un plan de lucha acordado entre las tres centrales sindicales luego de la pausa que impuso el Mundial de Fútbol 2026.

«No acompañamos ninguna ley que presente el Gobierno»

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue contundente en declaraciones radiales durante la previa de la movilización: la central obrera no acompañará «ninguna ley que presente el Gobierno», porque «se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad». El dirigente también hizo un repaso de la historia de conflictividad entre el sindicalismo y la actual administración: «La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT», recordó.

Jerónimo también señaló que el problema estructural que enfrenta la economía argentina no se resuelve con la agenda oficial: «El problema más grande que tiene la mayoría de las actividades es lo que les está sucediendo a las empresas: que no hay trabajo, que hay una recesión profunda y que lo único que se ve todos los días es cómo cierra una empresa». Su par en el triunvirato, Jorge Sola, había anticipado días atrás que la central marcharía «para poner en evidencia lo que sucede con los trabajadores».

Cuatro paros generales y una reforma laboral ya aprobada

La movilización de este miércoles se produce en un contexto de derrota parcial para el sindicalismo. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación de la CGT y dejó vigentes los artículos más cuestionados de la Ley de Modernización Laboral, aprobada en el Congreso en febrero de 2026 tras el cuarto paro general de la central obrera. Aquella huelga, que el propio Sola cifró con un acatamiento superior al 90%, no alcanzó para frenar la norma que, según la CGT, «retrocede 100 años» en materia de derechos laborales.

Los cuatro paros generales bajo la gestión Milei se realizaron el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024, el 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026. A eso se suman más de 14 movilizaciones vinculadas al rechazo de la reforma laboral y marchas en defensa de la universidad pública y el sistema de salud. Pese al historial de conflictividad, el Gobierno resistió cada uno de esos embates y avanzó con su agenda de desregulación y ajuste sin modificar su rumbo central.

Jubilados en el centro de la escena

La jornada de este miércoles se articuló en torno a la protesta que distintas organizaciones de jubilados vienen realizando cada semana frente al Congreso. Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar luego hacia la Plaza del Congreso. Las consignas centrales apuntan a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición real de los haberes y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional, que profundizaron la pérdida de poder adquisitivo de los sectores pasivos.

La cuenta verificada de la CGT en la red X convocó a la movilización bajo la consigna: «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados. En defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna». Además de la concentración central en Buenos Aires, se prevén actos y concentraciones en las regionales de distintas provincias, con actividades confirmadas en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras ciudades.

Un plan de lucha que se extiende hasta noviembre

La movilización de este miércoles es solo el punto de partida de una serie de protestas que las centrales sindicales acordaron extender hasta noviembre de 2026. La próxima fecha confirmada es el 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, cuando se prevé una nueva concentración masiva. Los dirigentes sindicales no descartaron convocar un quinto paro general si el Gobierno no da respuestas a los reclamos del movimiento obrero, aunque por el momento la estrategia apuesta a una escalada progresiva de protestas en lugar de medidas de fuerza inmediatas.

El operativo de seguridad desplegado para la jornada implicará cortes de tránsito en los alrededores del Congreso y restricciones en las principales arterias del centro porteño. Los organizadores de algunas concentraciones del interior resolvieron no anunciar previamente los puntos de concentración para evitar interferencias de las fuerzas de seguridad, una práctica que se viene repitiendo en protestas recientes.

El trasfondo: un sindicalismo que no cierra la tregua

Pese a que el Gobierno logró corregir, mediante negociaciones reservadas, algunas de las disposiciones más lesivas para la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, el gesto no alcanzó para sellar una tregua. La CGT retoma la ofensiva en un contexto político marcado por el inicio del ciclo electoral de 2027 y la necesidad de las centrales sindicales de mostrar capacidad de movilización frente a sus propias bases. El rechazo explícito de Jerónimo a cualquier proyecto legislativo del Ejecutivo, sin distinción, constituye una señal política de que el sindicalismo no está dispuesto a acompañar la segunda etapa del ajuste libertario, que incluye una nueva reforma que el Gobierno planea enviar al Congreso con capítulos que fueron eliminados del texto original de la ley laboral.

Puntos clave

  • CGT, CTA y UTEP marchan este miércoles al Congreso junto a jubilados, con concentración desde las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña.
  • El cosecretario Cristian Jerónimo confirmó que la central no acompañará ninguna ley del Gobierno de Milei.
  • La CGT acumula cuatro paros generales desde diciembre de 2023; el quinto no está descartado.
  • El plan de lucha acordado entre las tres centrales se extenderá hasta noviembre, con la próxima fecha el 7 de agosto en San Cayetano.
  • El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y el FIT adhirieron a la convocatoria, sumando volumen político a la protesta.
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