Libertad de prensa
Milei le declaró la guerra a la prensa: prohibió el ingreso a todos los periodistas a Casa Rosada
El Poder Ejecutivo revocó las huellas dactilares de los periodistas acreditados en Balcarce 50 como medida «preventiva» ante la denuncia penal contra dos cronistas de TN por presunto espionaje ilegal. La decisión escala una ofensiva sistemática contra la prensa crítica que ya lleva semanas.
El Gobierno prohibió el ingreso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada
★ El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida se comunicó a través de un mensaje de difusión escueto: «Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal». La decisión se tomó un día después de que la Casa Militar presentara una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN) por presunto espionaje al grabar pasillos e interiores del palacio de gobierno.
La denuncia que desencadenó el veto masivo
La denuncia judicial fue firmada por el jefe de la Casa Militar, el general de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, y apunta contra la conductora Luciana Geuna y el periodista acreditado Ignacio Salerno, del programa «¿Y mañana qué?», emitido el domingo 19 de abril. En ese programa se exhibió un informe con recorridos por pasillos y despachos del palacio de gobierno, presuntamente realizados con dispositivos ocultos, sin autorización oficial. La acusación señala posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por obtención o revelación de secretos políticos o militares. La presentación también incluyó a productores y directivos del canal. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py.
El Gobierno calificó el trabajo periodístico como una «intromisión ilegítima» y afirmó que la difusión del material en televisión y redes sociales representó una «amenaza para la seguridad de la Nación», según el texto de la denuncia.
Un patrón que se repite y se agrava
La medida de este jueves no es un hecho aislado: es el eslabón más reciente de una cadena de restricciones a la prensa que el gobierno de La Libertad Avanza viene ejecutando desde principios de abril. Como informó este medio en aquella oportunidad, el 6 de abril el Poder Ejecutivo revocó las acreditaciones de periodistas de siete medios de comunicación, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, FM La Patriada y Tiempo Argentino, bajo el pretexto de su presunta vinculación con una supuesta campaña de espionaje ruso coordinada por el grupo «La Compañía». Esa medida también se extendió a la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Martín Menem, mientras que el Senado, a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, se negó a replicarla.
La diferencia con aquel episodio es que ahora el veto ya no se limita a medios seleccionados: abarca a todos los periodistas acreditados en Balcarce 50, sin distinción. La Casa Rosada condicionó la continuidad de los permisos al avance de la causa judicial contra los periodistas de TN.
Milei, en Israel, insultó a los periodistas en redes
El presidente Javier Milei, que se encontraba de viaje en Israel cuando se publicó el material de TN, se hizo eco del caso a través de sus redes sociales con un mensaje que calificó a los periodistas como «basuras repugnantes» y «delincuentes». La expresión presidencial, lejos de cualquier encuadre institucional, reflejó el tono con el que la administración libertaria gestiona su relación con la prensa crítica: no como un derecho a garantizar, sino como un problema a controlar.
El contexto político que rodea la medida
La escalada contra la prensa se produce en un momento de particular fragilidad para el Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa $LIBRA salpica al presidente Milei, quien fue indagado. El Banco Nación otorgó créditos millonarios a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza, en una operatoria que concentra sospechas de irregularidades. En ese marco, la restricción al periodismo acreditado en la sede del poder ejecutivo adquiere una dimensión que excede la seguridad: opera como un mecanismo de control de la información en un momento en que la información resulta políticamente costosa para el oficialismo.
Puntos clave
- El Gobierno revocó las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada como medida «preventiva».
- La decisión se tomó tras la denuncia penal de la Casa Militar contra periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, por presunto espionaje al grabar los pasillos del palacio de gobierno el 19 de abril.
- La causa judicial recayó en el juez federal Ariel Lijo y se encuadra en los artículos 222 y 223 del Código Penal, con penas de hasta seis años de prisión.
- El episodio se inscribe en una ofensiva sostenida contra la prensa crítica que en abril ya había vedado el acceso a cronistas de siete medios bajo el pretexto de la supuesta «trama rusa».
- El presidente Milei calificó desde Israel a los periodistas de TN como «basuras repugnantes» y «delincuentes» en sus redes sociales.
Libertad de prensa
Milei derogó el Estatuto del Periodista y ahora el Senado debatirá su rescate
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión se reunirá este martes para iniciar el debate del proyecto impulsado por la senadora Carolina Moisés, con el aval de los sindicatos de prensa. El telón de fondo es devastador: siete de cada diez periodistas se endeudan para cubrir necesidades básicas y el 65% cobra por debajo de la línea de pobreza.
Sin estatuto y con salarios de pobreza: el periodismo argentino pelea por sus derechos en el Senado
La Cámara de Senadores iniciará este martes 9 de junio el debate para la elaboración de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional, meses después de que la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei derogara la normativa histórica del sector. La reunión se realizará a las 15 horas en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta, con la presencia de representantes sindicales de prensa de todo el país.
La convocatoria llegó apenas dos días después del Día del Periodista, en un contexto en que el propio gremio expuso con números contundentes la gravedad de su situación: el 65,6% de los trabajadores de prensa cobra por debajo de la línea de pobreza, según la Encuesta Integral 2026 del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), elaborada sobre la base de 1.014 respuestas de periodistas del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La derogación y la ventana que se cierra
El Estatuto del Periodista Profesional, reglamentado en la Ley 12.908 y promulgado en 1946 por el primer gobierno de Juan Domingo Perón, fue derogado en el Título XXVI de la Ley de Modernización Laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. La norma liquidó de un plumazo ocho décadas de regulación laboral específica para el sector.
Sin embargo, la presión sindical obligó a una negociación parcial: se acordó mantener la vigencia del estatuto hasta el 31 de diciembre de este año, lo que dejó abierta una ventana para que el Parlamento apruebe una norma de reemplazo antes de que los derechos de los trabajadores de prensa queden al desamparo de la ley general de contrato de trabajo.
«Este año, Milei avanzó con la reforma laboral y sancionó la derogación del Estatuto del Periodista desde el 1 de enero de 2027, que garantizaba un piso de derechos y mayor estabilidad laboral. Además, continuó con el ajuste en los medios públicos», señaló la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, una de las expositoras invitadas a la sesión de este martes.
El proyecto de Moisés y el apoyo sindical
El proyecto de ley para crear el nuevo estatuto será presentado por la titular de la comisión, la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal, Jujuy), con el acompañamiento de sus colegas de bancada, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza. Se trata de una iniciativa que, según informó el equipo de prensa de la legisladora, va bastante más allá de una simple actualización de la norma anterior.
«Además de preservar la libertad de expresión, la iniciativa regula los nuevos derechos asociados al uso de plataformas, el teletrabajo, el rol de la inteligencia artificial, los derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la tarea en las coberturas periodísticas, entre otros aspectos», precisó el comunicado oficial.
La propuesta articula dos frentes: el legislativo, encabezado por Moisés, y el sindical, donde SiPreBA y FATPREN llevan meses empujando la iniciativa junto a organizaciones gremiales de todo el interior del país. La lista de expositores convocados para el debate de este martes refleja esa federalización del reclamo: además de Gaudensi, participarán María Ana Mandakovick, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN); Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes; Pablo Jiménez, de la Asociación de Prensa de Santa Fe; y representantes de SiPreBA.
La fotografía del sector: pobreza, deuda y pluriempleo
La encuesta del SiPreBA presentada en el marco del Día del Periodista del 7 de junio desnudó una situación que contrasta con la narrativa de «normalización» que pregona el oficialismo. El 65,6% de los periodistas del AMBA cobra por debajo de la Canasta Básica Total del INDEC, que en abril de 2026 se ubicó en 1.469.768 pesos. El salario neto mediano en el principal empleo en prensa fue de 1.200.000 pesos, un 18,4% por debajo de esa línea.
El endeudamiento se consolidó como la estrategia de supervivencia del sector: el 67,8% de los encuestados recurrió durante el último mes a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas como alimentos, servicios o alquiler. Y entre quienes tienen deudas, el 77,7% destina al menos el 30% de sus ingresos a pagarlas, umbral considerado internacionalmente como sobreendeudamiento. El 39,5% reconoció que directamente no llega a fin de mes.
Para compensar la caída salarial, el 54,4% de los periodistas mantiene dos o más empleos remunerados, y el 86,4% de ese grupo afirma que lo hace porque el salario no alcanza. La situación se extiende incluso a los jubilados del gremio: el 68,8% de quienes están en edad de retiro sigue trabajando, y casi el 40% tiene más de un empleo.
Sobre la libertad de expresión, el informe también es categórico: el 86,8% de los encuestados consideró que este indicador empeoró bajo la gestión libertaria. Y el 91,6% se manifestó en contra de la derogación del Estatuto del Periodista.
«No podemos quedarnos en la resignación: necesitamos organizarnos y pelear de conjunto para lograr una actualización del Estatuto, mejorar los salarios y conseguir nuevas conquistas», sostuvo Gaudensi.
Derechos en suspenso hasta fin de año
La urgencia del debate legislativo no es retórica. El plazo de cobertura acordado durante la negociación de la Ley de Modernización Laboral vence el 31 de diciembre de 2026. Si el Congreso no aprueba un nuevo estatuto antes de esa fecha, los periodistas quedarán comprendidos únicamente en el régimen general del contrato de trabajo, con la pérdida de las protecciones específicas que la norma de 1946 consagró durante décadas, entre ellas la estabilidad laboral reforzada, la cláusula de conciencia y el secreto de la fuente como derecho laboral explícito.
El debate que arranca este martes en el Senado es, en ese sentido, una carrera contra el reloj que enfrenta la lógica del desguace laboral con la resistencia organizada de quienes hacen las noticias desde abajo.
Puntos clave
- El Senado inicia este martes 9 de junio el debate del nuevo Estatuto del Periodista Profesional, con presencia de sindicatos de prensa de todo el país.
- El estatuto histórico (Ley 12.908, 1946) fue derogado en marzo de 2026 por la Ley de Modernización Laboral del Gobierno de Milei, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
- El proyecto legislativo es impulsado por la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) e incorpora regulación sobre IA, teletrabajo, plataformas y coberturas periodísticas.
- Según la Encuesta Integral 2026 del SiPreBA, el 65,6% de los periodistas del AMBA cobra por debajo de la línea de pobreza y el 67,8% se endeudó para cubrir necesidades básicas.
- El 86,8% de los periodistas encuestados evaluó que la libertad de expresión empeoró bajo la gestión de Javier Milei.
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