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Javier Milei tiene previsto designar a Bryan José Mayer como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH), pese a que cinco relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) objetaron recientemente su nombramiento como funcionario del área por falta de idoneidad y por publicaciones en redes sociales donde relativiza los crímenes de la última dictadura.

Desde agosto pasado, Mayer ocupa el cargo de director de Capacidades Institucionales del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos (CIPDH), organismo del que dependen el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Museo Sitio ESMA. En ese rol, funciona como mano derecha de la directora del CIPDH, Ana Mármora, abogada conocida por su activismo contra el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo.

Un historial que inquietó a la ONU

Mayer es egresado de un liceo militar y se presenta como periodista y vocero oficioso de las Fuerzas Armadas. Incursionó en política durante el macrismo como secretario del bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante de Rafaela, provincia de Santa Fe. La experiencia fue breve: organismos de derechos humanos locales advirtieron que había publicado un posteo celebrando el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. «¿Por qué vivimos en democracia hoy? Porque hace 41 años las Fuerzas Armadas se encargaron de asegurar tal condición contra quienes desde hacía años intentaron implementar el comunismo y la izquierda sangrienta en nuestro país. ¡Viva la Patria!», escribió.

Su momento de mayor visibilidad llegó en octubre de 2023, cuando tuiteó indignado contra la exhibición de Argentina, 1985 en el Colegio Militar de la Nación y calificó a la película como «pro terrorista». Victoria Villarruel ayudó a viralizar su mensaje.

La carta de los relatores

Estos antecedentes motivaron que cinco relatores de la ONU enviaran el 6 de noviembre pasado una nota al Gobierno nacional expresando su preocupación. La comunicación llevó las firmas de Bernard Duhaime (Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición), Alexandra Xanthaki (Derechos Culturales), Gabriella Citroni (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias) y Morris Tidball-Binz (Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias).

«Según la información existente, el Sr. Mayer no tiene formación en materia de derechos humanos. La designación del Sr. Mayer ha suscitado gran preocupación en vistas de su falta de capacitación y experiencia en derechos humanos, así como por sus declaraciones públicas que minimizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura y la responsabilidad de los perpetradores por dichos crímenes», señaló la comunicación.

Para los relatores, que Mayer haya calificado como «pro terrorista» a la película que retrata la labor de la fiscalía en el Juicio a las Juntas constituye una forma de desacreditar «públicamente el proceso de rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad». Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), en Argentina hay 1.208 condenados por estos delitos.

Los cuestionamientos alcanzaron tanto a Mayer como a Mármora. «Expresamos preocupación por la designación de autoridades del CIPDH que no contarían con la imparcialidad y legitimidad requeridas para desempeñar funciones en una institución promotora de los derechos humanos, la democracia y los pilares de la justicia transicional, por cuanto han minimizado la labor de promoción de los derechos humanos y de memoria de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar», remarcaron.

Los relatores también recordaron a la Casa Rosada que se trataba de la sexta comunicación cursada en 17 meses por retrocesos en materia de justicia transicional.

La respuesta libertaria

El 23 de diciembre pasado, el gobierno de Milei envió su respuesta formal. En lo sustancial, las autoridades libertarias justificaron los dichos de Mayer y Mármora en el ejercicio de la libertad de expresión. «Se señala enfáticamente que cualquier manifestación que puedan realizar los funcionarios públicos se encuentra amparada por la amplitud del referido derecho», argumentaron.

En su respuesta, sostuvieron además que habían decidido colocar al ANM y al Museo Sitio ESMA bajo la órbita del CIPDH —un organismo creado mediante un acuerdo con la UNESCO— porque ello «brinda una mayor independencia de la administración central que la que tenían cuando ambos funcionaban como órganos desconcentrados» de la SDH. «Están particularmente protegidos de los vaivenes de la disputa político-partidaria», afirmaron.

Los funcionarios argentinos omitieron mencionar que Mármora y Mayer están enrolados en Las Fuerzas del Cielo, el espacio que se referencia en el asesor presidencial Santiago Caputo, y que suelen participar de los actos de campaña del Presidente.

Si bien aún no fue oficializado, Mayer hace días que se presenta como el jefe de gabinete de Joaquín Mogaburu, el recientemente designado titular de la SDH, y hasta agradece felicitaciones en redes sociales.

Puntos clave:

• Cinco relatores de la ONU cuestionaron a Bryan Mayer por falta de formación en derechos humanos y por relativizar crímenes de la dictadura
• Mayer publicó mensajes celebrando el golpe de 1976 y calificó de «pro terrorista» a la película Argentina, 1985
• El Gobierno respondió a la ONU justificando los dichos de Mayer en la «libertad de expresión»
• Se trata de la sexta comunicación de relatores de la ONU en 17 meses por retrocesos en justicia transicional
• Mayer y Mármora están enrolados en Las Fuerzas del Cielo, el espacio de Santiago Caputo