DDHH
Bombazo: La CIDH prepara visita a la Argentina por libertad de prensa
Organismos regionales recibieron testimonios directos y documentación sobre agresiones, vaciamiento institucional y conflictos entre Gobierno y periodistas.
Lo que tenés que saber
- La audiencia se realizó en la Universidad de Miami con participación de organizaciones, sindicatos y periodistas.
- El Gobierno negó retrocesos y defendió el accionar de las fuerzas de seguridad.
- La CIDH cuestionó el planteo oficial y señaló que los episodios descriptos no son hechos aislados.
- El organismo expresó interés en una visita in loco para evaluar la situación.
- Las organizaciones pidieron frenar acciones judiciales intimidatorias y revisar normas que limitan el acceso a la información.
Una audiencia que expuso tensiones sobre la libertad de prensa
En la Universidad de Miami, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reunió este jueves a organizaciones, especialistas y periodistas para examinar el estado de la libertad de prensa en la Argentina. La presentación incluyó aportes del CELS, FOPEA, Amnistía Internacional, SiPreBA, FATPREN y otros espacios que describieron un escenario de hostilidad hacia la prensa desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Durante la audiencia se mencionaron casos de agresiones, criminalización y limitaciones en medios públicos. Entre los testimonios figuraron los de Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta, quienes dieron cuenta de un “deterioro veloz” en las condiciones de trabajo. FOPEA aportó cifras que indican que “los ataques se han multiplicado” en un contexto marcado por discursos oficiales confrontativos.
Posición del Gobierno en la audiencia
La representación estatal fue encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños. El funcionario rechazó que existan “medidas regresivas” y sostuvo que la violencia registrada en marchas responde a “situaciones aisladas”. Baños defendió los “protocolos de uso de la fuerza” y cuestionó que se ampliara el debate hacia otros derechos vulnerados.
Su intervención generó sorpresa entre comisionados que evaluaron el tono y las respuestas oficiales.
La respuesta firme de la CIDH
El organismo interamericano expresó preocupación por la información presentada. Tania Reneaum Panszi señaló que los hechos descriptos “no son hechos singulares” y advirtió sobre amenazas, criminalización y campañas de estigmatización.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que “la palabra de un gobernante no es una voz cualquiera” y subrayó que las autoridades deben evitar generar riesgos adicionales para periodistas.
Propuesta de visita y pedidos de las organizaciones
El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, manifestó interés en una visita in loco a la Argentina para revisar el ejercicio de la libertad de expresión, la situación de la protesta social y otros puntos señalados en la audiencia. Afirmó que Argentina, por su trayectoria en el sistema interamericano, debe someterse a observación cuando surgen denuncias persistentes de retrocesos.
Las entidades que participaron reclamaron frenar acciones judiciales con impacto intimidatorio, revisar normas que restringen el acceso a la información y establecer protocolos de seguridad para coberturas periodísticas.
Comunicado ampliado de la CIDH
La Comisión y la Relatoría Especial divulgaron un documento donde expresan “su profunda preocupación por el deterioro sostenido y alarmante de la libertad de expresión y de prensa en la República Argentina”. Señalan que recibieron información sobre “agresiones físicas durante protestas y manifestaciones sociales, uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias, campañas de odio y desinformación impulsadas o amplificadas desde cuentas oficiales y por altas autoridades del Estado”.
También mencionan datos que indican un “incremento sustancial de los ataques a la prensa” y medidas que “habrían debilitado la institucionalidad democrática de la comunicación pública”. El comunicado destaca que el discurso crítico sobre asuntos de interés público goza de especial protección y que las autoridades deben evitar expresiones que generen riesgos adicionales.
La CIDH recordó que la protesta social requiere garantías para el trabajo de periodistas y reporteros gráficos, y que toda fuerza utilizada debe cumplir legalidad, necesidad y proporcionalidad. El texto advierte que el derecho penal no debe funcionar como mecanismo para silenciar críticas y que cualquier reforma que limite el acceso a la información pública es incompatible con obligaciones internacionales.
El organismo llamó al Estado argentino a abstenerse de declaraciones estigmatizantes, a investigar agresiones, a revisar normas restrictivas y a asegurar protocolos adecuados para coberturas en protestas. Finalmente, reiteró su disposición a visitar el país y destacó el rol histórico de Argentina en el sistema interamericano.
Buenos Aires
A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta
El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.
Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».
El testigo que incomodaba al poder
La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.
Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.
La desaparición en democracia
El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.
Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.
Veinte años, cero respuestas
La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.
Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.
Lo que tenés que saber
- El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
- Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
- Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
- La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
- A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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