Lo que tenés que saber

• La audiencia se realizó en la Universidad de Miami con participación de organizaciones, sindicatos y periodistas.
• El Gobierno negó retrocesos y defendió el accionar de las fuerzas de seguridad.
• La CIDH cuestionó el planteo oficial y señaló que los episodios descriptos no son hechos aislados.
• El organismo expresó interés en una visita in loco para evaluar la situación.
• Las organizaciones pidieron frenar acciones judiciales intimidatorias y revisar normas que limitan el acceso a la información.

Una audiencia que expuso tensiones sobre la libertad de prensa

En la Universidad de Miami, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reunió este jueves a organizaciones, especialistas y periodistas para examinar el estado de la libertad de prensa en la Argentina. La presentación incluyó aportes del CELS, FOPEA, Amnistía Internacional, SiPreBA, FATPREN y otros espacios que describieron un escenario de hostilidad hacia la prensa desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Durante la audiencia se mencionaron casos de agresiones, criminalización y limitaciones en medios públicos. Entre los testimonios figuraron los de Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta, quienes dieron cuenta de un “deterioro veloz” en las condiciones de trabajo. FOPEA aportó cifras que indican que “los ataques se han multiplicado” en un contexto marcado por discursos oficiales confrontativos.

Posición del Gobierno en la audiencia

La representación estatal fue encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños. El funcionario rechazó que existan “medidas regresivas” y sostuvo que la violencia registrada en marchas responde a “situaciones aisladas”. Baños defendió los “protocolos de uso de la fuerza” y cuestionó que se ampliara el debate hacia otros derechos vulnerados.

Su intervención generó sorpresa entre comisionados que evaluaron el tono y las respuestas oficiales.

La respuesta firme de la CIDH

El organismo interamericano expresó preocupación por la información presentada. Tania Reneaum Panszi señaló que los hechos descriptos “no son hechos singulares” y advirtió sobre amenazas, criminalización y campañas de estigmatización.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que “la palabra de un gobernante no es una voz cualquiera” y subrayó que las autoridades deben evitar generar riesgos adicionales para periodistas.

Propuesta de visita y pedidos de las organizaciones

El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, manifestó interés en una visita in loco a la Argentina para revisar el ejercicio de la libertad de expresión, la situación de la protesta social y otros puntos señalados en la audiencia. Afirmó que Argentina, por su trayectoria en el sistema interamericano, debe someterse a observación cuando surgen denuncias persistentes de retrocesos.

Las entidades que participaron reclamaron frenar acciones judiciales con impacto intimidatorio, revisar normas que restringen el acceso a la información y establecer protocolos de seguridad para coberturas periodísticas.

Comunicado ampliado de la CIDH

La Comisión y la Relatoría Especial divulgaron un documento donde expresan “su profunda preocupación por el deterioro sostenido y alarmante de la libertad de expresión y de prensa en la República Argentina”. Señalan que recibieron información sobre “agresiones físicas durante protestas y manifestaciones sociales, uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias, campañas de odio y desinformación impulsadas o amplificadas desde cuentas oficiales y por altas autoridades del Estado”.

También mencionan datos que indican un “incremento sustancial de los ataques a la prensa” y medidas que “habrían debilitado la institucionalidad democrática de la comunicación pública”. El comunicado destaca que el discurso crítico sobre asuntos de interés público goza de especial protección y que las autoridades deben evitar expresiones que generen riesgos adicionales.

La CIDH recordó que la protesta social requiere garantías para el trabajo de periodistas y reporteros gráficos, y que toda fuerza utilizada debe cumplir legalidad, necesidad y proporcionalidad. El texto advierte que el derecho penal no debe funcionar como mecanismo para silenciar críticas y que cualquier reforma que limite el acceso a la información pública es incompatible con obligaciones internacionales.

El organismo llamó al Estado argentino a abstenerse de declaraciones estigmatizantes, a investigar agresiones, a revisar normas restrictivas y a asegurar protocolos adecuados para coberturas en protestas. Finalmente, reiteró su disposición a visitar el país y destacó el rol histórico de Argentina en el sistema interamericano.