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Judiciales ⚖️

Desde la cárcel Cositorto quiere ser diputado y denuncia “persecución y tortura”

Insiste en su proyecto político pese a su prontuario y busca instalar su figura como opositor al sistema judicial y penitenciario.

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Leonardo Cositorto, el autodenominado coach espiritual y líder de Generación Zoe, reapareció públicamente con un mensaje insistente: quiere ser parte activa de la política argentina, a pesar de las condenas que pesan sobre él. Desde la Unidad Penal N.º 6 de San Cayetano, donde se encuentra detenido, afirmó que “no lo dejaron” participar políticamente y denunció condiciones inhumanas de reclusión, especialmente durante su paso por Salta.

“Me trajeron 67 días y me tuvieron encerrado en una celda incomunicado. Te ponen música todo el día. Es una tortura”, expresó. “Todos usan un mismo baño, tres personas duermen en un colchón en el piso. Es todo un negociado”, agregó en una entrevista con este medio.

Condenado a 12 años de prisión en Corrientes y a 11 años en Salta por asociación ilícita y estafas continuadas, Cositorto atraviesa uno de los procesos judiciales más complejos de los últimos años, tras haber encabezado una estructura piramidal que prometía rentabilidades imposibles mediante criptomonedas, cursos de liderazgo y supuestas inversiones globales.

Reclamos por “tortura” y falta de garantías

El fundador de Zoe no sólo apuntó contra el sistema penitenciario, sino también contra el judicial. En relación con su juicio en Salta, lo calificó como “una prisión de tortura y con una persecución y una doble condena ridícula sobre la misma causa”. Según su versión, no le permitieron presentar testigos ni pruebas de descargo: “Está todo armado”, denunció.

Dijo además que el pasado jueves se reunió con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quienes les trasladó lo que calificó como una “situación desgastante” vivida durante sus 40 meses de detención. “Espiritualmente estoy fortalecido, físicamente me han torturado, pero no perdemos la visión ni el propósito”, afirmó, en tono desafiante.

Las causas abiertas en Córdoba y Buenos Aires

Cositorto también habló de los procesos que aún tiene pendientes en otras provincias. En Córdoba, donde se investiga la causa madre de Generación Zoe, recibió una excarcelación en mayo debido a que había vencido el plazo de prisión preventiva sin juicio. Sin embargo, sigue imputado y la fiscal Juliana Companys enfrenta cuestionamientos por su desempeño en la causa. “Todo está estancado y sin avances”, sostuvo.

En Buenos Aires, en tanto, se espera que en los próximos días comiencen las declaraciones indagatorias. “Es una causa que avanzó más por la vía civil y comercial”, apuntó.

Cositorto, Milei y la política como salvación

A pesar de su historial judicial y del desprestigio de Generación Zoe, Cositorto sostiene que quiere involucrarse en la política. Ya había manifestado su deseo de postularse como diputado por la provincia de Buenos Aires, y volvió a insistir en ese objetivo: “Sí, me gustaría, pero no me han dejado porque estuve totalmente incomunicado”.

El condenado empresario incluso aludió a cifras sobre el sistema penitenciario: “Cada preso le cuesta a la Argentina $82 mil por día, pero esos no son espacios de reinserción como dicen”, afirmó, aunque sin citar fuentes oficiales para sostener el dato. Y agregó: “Si el presidente Javier Milei y todos nosotros dejamos pasar de largo todas estas barbaridades, el país no tiene salida”.

Antes de cerrar la entrevista, disparó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Estuvo todo el proceso afuera y se pudo presentar para vicepresidenta”, en un intento de denunciar un doble estándar judicial.

Lejos de mostrarse derrotado, Cositorto prometió seguir activo. “Quiero entrar en la política. Es claro que no les gusta que yo hable y que cuente, pero la verdad es que miedo ya no tengo”.

Policiales 🚨

Rosario: internaron a un nene con cocaína en sangre y detuvieron a sus progenitores

El chico, que sufrió convulsiones, fue asistido en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela el 8 de septiembre. La fiscalía imputó a sus padres por homicidio en grado de tentativa y suministro de estupefacientes a un menor.

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Fachada de un hospital de niños de Rosario

La Justicia de Santa Fe investiga cómo un nene de Rosario terminó con cocaína en el organismo. El chico ingresó al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con un cuadro de convulsiones y, tras estabilizarlo, los estudios que le practicaron detectaron la presencia de la sustancia. El hecho ocurrió el 8 de septiembre, pero recién se conoció en las últimas horas, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) apretó el cerco y detuvo a los padres.

Los apresados son Pablo B. y Valeria C., ambos de 47 años y vecinos de Rosario. El hombre fue interceptado en la vía pública, en inmediaciones de San Martín y pasaje Pino; la mujer, en la zona de Italia al 2800. Las detenciones las dispuso la fiscal Vega, a cargo del expediente, y se concretaron este jueves. La acusación formal es «tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso ideal con el suministro gratuito de material estupefaciente, agravado por tratarse de un menor de edad», según informó la fiscalía.

Del hospital a la fiscalía

El punto de partida fue el propio centro de salud. Después de asistir al nene, las autoridades del Vilela dieron aviso y se abrió una pesquisa para establecer en qué circunstancias el chico habría entrado en contacto con la cocaína y determinar las eventuales responsabilidades. Tomó intervención el Departamento Operativo de Investigaciones y la Brigada Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), ambos de la PDI. En el marco de los procedimientos, los investigadores secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes e incorporado al expediente, una medida orientada a reconstruir los días previos a la internación.

El rigor obliga a separar el terreno de las certezas del de las presunciones. Que el nene tenga cocaína en el organismo es un dato comprobado por los análisis médicos y respaldado por el parte del hospital. Que sus padres sean los responsables es, por ahora, una hipótesis judicial en construcción: la calificación legal es provisoria, puede modificarse con el avance de las pericias y ninguno de los dos está condenado. Rige para ellos, como para cualquier imputado, la presunción de inocencia. Resta precisar, además, si el contacto con la sustancia fue directo, accidental o producto de otras circunstancias que expusieron la salud del chico.

Una escena que se repite y un Estado que llega tarde

Los casos de chicos intoxicados con cocaína no son una rareza estadística. En el servicio de Toxicología del hospital Pediátrico de Córdoba, entre 2013 y 2016 se atendieron 46 pacientes con síntomas de intoxicación por drogas y el 46 por ciento tenía menos de 3 años, según registró La Voz. «Nos llamó la atención que empezamos a tener en guardia nenes con síndromes de intoxicación por drogas, bebés pequeños, de 2 meses hasta los 3 años. Muchos de ellos, sobre todo los menores de 1 año, eran lactantes», explicó entonces Silvana Mercado, médica toxicóloga del establecimiento. En varios de esos cuadros, la sustancia llegaba por la leche materna o quedaba al alcance del bebé en ambientes donde los adultos consumían.

Rosario ya había vivido una escena parecida en abril de este año, cuando un nene de dos años fue internado en el Hospital de Niños Zona Norte con un análisis de orina positivo para cocaína. La madre apuntó contra el padre por haberle dado la droga para calmarlo. El patrón se repite y deja al descubierto lo que ninguna estadística alcanza a medir: la vulnerabilidad extrema de los más chicos en los hogares atravesados por el consumo problemático, donde la falta de trabajo, de vivienda y de acceso a la salud empuja a las familias al borde.

Ahí es donde el Estado tendría que estar antes de que un nene llegue a la guardia con convulsiones. No alcanza con la respuesta penal, que llega en diferido y solo cuando el daño ya está hecho. La prevención en consumos, el acompañamiento a las familias más golpeadas y el refuerzo de los equipos de niñez son la parte que se desfinancia primero cuando el ajuste aprieta, y después se paga con chicos intoxicados en un hospital público. Un pibe con cocaína en sangre no es solo un caso policial: es el fracaso de las políticas que debían protegerlo. La detención de los padres cierra una parte de la historia. La otra, la que pregunta qué hizo y qué dejó de hacer el aparato público para evitar que ese nene terminara así, sigue abierta.

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