Islas Malvinas
Polémica por el RIGI: denuncian que una petrolera sancionada por operar en Malvinas recibió beneficios
El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la participación de Harbour Energy en Southern Energy, un proyecto gasífero de Río Negro aprobado por el Gobierno. La compañía británica posee el 15% de la iniciativa, según la denuncia.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que la petrolera británica Harbour Energy participa de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pese a sus antecedentes vinculados con operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
Según planteó el legislador, la empresa posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa destinada al desarrollo de actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro.
El proyecto fue aprobado por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025.
Ferraro vinculó a Harbour Energy con una empresa sancionada
Uno de los principales puntos de la denuncia apunta a la identidad societaria de Harbour Energy.
Ferraro sostuvo que la compañía es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil PLC, nombre que fue modificado en 2021.
Según la denuncia del diputado, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 a través de una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
Las operaciones cuestionadas se desarrollaban en cercanías de las Islas Malvinas.
¿Qué es el RIGI?
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema creado por el Gobierno argentino para promover inversiones de gran escala mediante un conjunto de beneficios y condiciones especiales.
En este caso, la controversia planteada por Ferraro se centra en que una empresa británica que, según su denuncia, mantiene un vínculo societario con una compañía previamente sancionada por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona de Malvinas forme parte de un proyecto alcanzado por ese régimen.
El planteo apunta específicamente a la participación de Harbour Energy en Southern Energy.
La denuncia se conoció en medio de una nueva ofensiva por Malvinas
El cuestionamiento de Ferraro trascendió después de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
En ese contexto, el diputado puso bajo la lupa la situación de Harbour Energy y su participación en el proyecto gasífero de Río Negro.
La denuncia instala así un debate sobre la aplicación del régimen de inversiones y los antecedentes de empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas.
Qué cuestiona el diputado Ferraro
El planteo de Ferraro se concentra en la participación accionaria de Harbour Energy en Southern Energy y en el vínculo que establece entre la actual compañía y la antigua Premier Oil.
Según su denuncia, Premier Oil fue sancionada por actividades de exploración realizadas sin autorización argentina y posteriormente cambió su denominación a Harbour Energy.
El legislador cuestiona que, pese a ese antecedente, la compañía participe actualmente de una iniciativa alcanzada por los beneficios del RIGI.
La denuncia se suma a la discusión política sobre las empresas que intervienen en actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas y sobre las condiciones bajo las cuales pueden participar de proyectos en territorio argentino.
Islas Malvinas
Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar el petróleo en Malvinas: no se puede restituir
Argentina pidió al Tribunal del Mar, en Hamburgo, medidas provisionales para frenar el proyecto Sea Lion en Malvinas. No hay fallo: el Tribunal aún no se pronunció. Oyarzábal dijo que lo que está en juego no puede restituirse. El Reino Unido niega urgencia y apunta a 2027 y 2028.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebró este martes en Hamburgo la primera audiencia sobre el pedido argentino de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas. Este miércoles se realiza la segunda y última ronda de exposiciones. El Tribunal no dictó un fallo sobre el fondo ni se pronunció todavía sobre las medidas: solo escucha a las partes.
El consejero legal de Cancillería, Mario Javier Agustín Oyarzábal, que actúa como agente ante el Tribunal, centró el planteo en el proyecto Sea Lion, que desarrollan las licenciatarias Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. En la audiencia de la mañana del martes, según la versión taquigráfica oficial del propio Tribunal, afirmó: “Señor Presidente, lo que está en juego no puede ser restituido”.
Qué se discute, y qué no se decide aún
El caso, caratulado como el Asunto 37, se limita en esta etapa a las medidas provisionales previstas en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina notificó el 28 de septiembre un arbitraje bajo el Anexo VII de esa Convención y, el 13 de octubre, pidió al Tribunal de Hamburgo que ordene medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral. Una orden del 20 de octubre fijó las audiencias de los días 10 y 11 de noviembre. No hay, al cierre de esta edición, una decisión sobre ese pedido.
Oyarzábal pidió detener el proyecto mientras tramita el arbitraje. El Reino Unido sostiene que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y que no habrá extracción de hidrocarburos antes de marzo de 2028. El agente argentino replicó que, aun en esa fecha, “los trabajos preparatorios ya estarían en marcha y el tribunal arbitral no estaría en condiciones de brindar a la Argentina una protección efectiva”.
Recursos que no vuelven y una disputa de soberanía
El Gobierno argentino cuestionó que el Reino Unido autorizó de manera unilateral la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que rodea a las islas. Oyarzábal advirtió que se trata de un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización sigue pendiente, un diferendo que las Naciones Unidas reconocen como tal. Desde el restablecimiento de la democracia, sostuvo, cada gobierno argentino buscó un arreglo pacífico, y el Reino Unido se niega a negociar una solución.
Según el proyecto, Sea Lion contempla 35 años de explotación, con la posibilidad de perforar 23 pozos de producción desde una unidad móvil anclada al lecho, y nuevas etapas de desarrollo. “Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, dijo Oyarzábal. Completó el argumento, siempre según el acta oficial: “La perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marinos: los pozos pueden ser tapados, pero no pueden deshacerse. Una vez extraído, el petróleo no puede devolverse. Ninguna compensación podría restaurar el statu quo ante”.
La Argentina invoca, además, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales: esos recursos, afirmó su agente, no pueden disponerse de manera unilateral mientras la disputa permanece pendiente. El Tribunal, en esta instancia, no resuelve la soberanía de las islas: solo evalúa si caben medidas provisionales para preservar derechos que la Argentina reclama en el arbitraje.
La posición del Reino Unido
En la sesión de la tarde del martes, el Reino Unido, con su fiscal general Ellie Reeves y su agente Sally Langrish entre los expositores, rechazó el pedido. Sostuvo que la controversia que plantea la Argentina es, en los hechos, un reclamo de soberanía sobre el territorio, y que el Tribunal no debe expedirse sobre esa materia. Afirmó que no hay urgencia, porque, según su versión, nada está a punto de ocurrir antes de las fechas de 2027 y 2028, y que las medidas pedidas tendrían, en sus términos, consecuencias gravísimas para los habitantes de las islas, a quienes atribuye el derecho a la autodeterminación. La Argentina no comparte esa lectura: mantiene el reclamo soberano sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Además de Oyarzábal, integran la comisión argentina María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como coagente; y los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, con el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
Lo que tenés que saber:
- Argentina pidió en Hamburgo medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas. No hay fallo: el Tribunal todavía no se pronunció.
- Oyarzábal sostuvo, en el acta oficial, que lo que está en juego no puede ser restituido y que ninguna compensación restaura el estado anterior.
- El Reino Unido autorizó el proyecto de forma unilateral, en un territorio en disputa de soberanía cuya descolonización, según la Argentina y las Naciones Unidas, sigue pendiente.
- Londres sostiene que no hay urgencia porque la perforación no comenzaría antes del 21 de marzo de 2027 ni la extracción antes de marzo de 2028, y rechaza que el Tribunal se expida sobre la soberanía.
- Este miércoles se celebra la segunda y última ronda de exposiciones.
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