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Islas Malvinas

Polémica por el RIGI: denuncian que una petrolera sancionada por operar en Malvinas recibió beneficios

El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la participación de Harbour Energy en Southern Energy, un proyecto gasífero de Río Negro aprobado por el Gobierno. La compañía británica posee el 15% de la iniciativa, según la denuncia.

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El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que la petrolera británica Harbour Energy participa de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pese a sus antecedentes vinculados con operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

Según planteó el legislador, la empresa posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa destinada al desarrollo de actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro.

El proyecto fue aprobado por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025.

Ferraro vinculó a Harbour Energy con una empresa sancionada

Uno de los principales puntos de la denuncia apunta a la identidad societaria de Harbour Energy.

Ferraro sostuvo que la compañía es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil PLC, nombre que fue modificado en 2021.

Según la denuncia del diputado, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 a través de una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

Las operaciones cuestionadas se desarrollaban en cercanías de las Islas Malvinas.

¿Qué es el RIGI?

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema creado por el Gobierno argentino para promover inversiones de gran escala mediante un conjunto de beneficios y condiciones especiales.

En este caso, la controversia planteada por Ferraro se centra en que una empresa británica que, según su denuncia, mantiene un vínculo societario con una compañía previamente sancionada por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona de Malvinas forme parte de un proyecto alcanzado por ese régimen.

El planteo apunta específicamente a la participación de Harbour Energy en Southern Energy.

La denuncia se conoció en medio de una nueva ofensiva por Malvinas

El cuestionamiento de Ferraro trascendió después de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

En ese contexto, el diputado puso bajo la lupa la situación de Harbour Energy y su participación en el proyecto gasífero de Río Negro.

La denuncia instala así un debate sobre la aplicación del régimen de inversiones y los antecedentes de empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas.

Qué cuestiona el diputado Ferraro

El planteo de Ferraro se concentra en la participación accionaria de Harbour Energy en Southern Energy y en el vínculo que establece entre la actual compañía y la antigua Premier Oil.

Según su denuncia, Premier Oil fue sancionada por actividades de exploración realizadas sin autorización argentina y posteriormente cambió su denominación a Harbour Energy.

El legislador cuestiona que, pese a ese antecedente, la compañía participe actualmente de una iniciativa alcanzada por los beneficios del RIGI.

La denuncia se suma a la discusión política sobre las empresas que intervienen en actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas y sobre las condiciones bajo las cuales pueden participar de proyectos en territorio argentino.

Geopolítica 🌎

Milei denunció a petroleras que operan en Malvinas y ordenó sumar una Base Naval al Presupuesto 2027

El Gobierno presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic por explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte con licencias británicas, violando la Ley 26.659. En simultáneo, Milei instruyó a Caputo para que el proyecto de Presupuesto 2027, que debe llegar al Congreso el 15 de septiembre, priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
La soberanía que llegó tarde: Milei denuncia a cinco petroleras en Malvinas cuando la Ley 26.659 cumple más de una década sin aplicarse.

Cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas fueron denunciadas penalmente por el Estado argentino. La presentación judicial apunta a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., todas ellas con actuación en la Cuenca Malvinas Norte bajo licencias otorgadas por el Reino Unido, en abierta violación de la legislación argentina vigente.

La acción fue impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, según informó la Oficina del Presidente. La denuncia alcanza también a los directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en los hechos investigados.

La denuncia y la Ley 26.659

Según precisó el Ejecutivo, Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno consideró que esas actividades violan las disposiciones de la Ley 26.659, que prohíbe a cualquier persona física o jurídica la realización de actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.

La denuncia se extiende también a los accionistas de esas firmas, Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., como parte de una estrategia judicial que busca abarcar toda la cadena de responsabilidades corporativas involucradas en las actividades denunciadas.

«La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes», señaló la Oficina del Presidente. El Ejecutivo afirmó que continuará con las investigaciones y las acciones que considere necesarias ante actos que, según su posición, vulneren los derechos soberanos del país.

El Presupuesto 2027 y la Base Naval Integrada

En paralelo con la denuncia judicial, el presidente Javier Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que en la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 se priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos destinados a la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos.

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre. El Gobierno presentó ambas medidas como parte de una política destinada a fortalecer las capacidades del Estado para la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses estratégicos del país, aunque el anuncio se produce en un contexto donde el ajuste presupuestario sobre las fuerzas armadas y la infraestructura de defensa ha sido una constante de la gestión libertaria desde diciembre de 2023.

El respaldo inesperado de Israel y la lectura política

Un giro geopolítico sorpresivo acompañó los anuncios del Ejecutivo. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu «reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas» e «imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa», según publicó en su cuenta de X.

«Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino», sostuvo Ben Gvir. El funcionario israelí añadió que «los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino».

El respaldo de Ben Gvir, figura de la ultraderecha israelí con fuerte alineamiento ideológico al gobierno de Milei, suma una voz internacional al reclamo soberano argentino, aunque la posición oficial del Estado de Israel no ha cambiado ni Netanyahu respondió públicamente al pedido de su ministro.

En la arena local, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, reaccionó en X con un escueto «Prepárense», en alusión a la declaración del ministro israelí.

Una jugada soberana en año electoral

La acumulación de gestos soberanistas en un mismo día no es casual. Con el proyecto de presupuesto a días de su presentación ante el Congreso y el calendario electoral de 2027 ya condicionando la agenda del Ejecutivo, la denuncia judicial y la instrucción sobre la Base Naval le permiten al Gobierno construir un relato de firmeza frente al Reino Unido. Sin embargo, la decisión de avanzar por esta vía recién ahora, cuando la Ley 26.659 lleva más de quince años vigente, abre interrogantes sobre los criterios que guiaron la política exterior argentina con las Islas durante los primeros años de la gestión libertaria, marcados más por el alineamiento con potencias occidentales que por cualquier confrontación con Londres.

Puntos clave

  • El Gobierno denunció penalmente a cinco empresas, entre ellas Navitas Petroleum y Eco Atlantic, por explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte con licencias británicas.
  • La denuncia fue presentada por el canciller Pablo Quirno con patrocinio del procurador Sebastián Amerio y se ampara en la Ley 26.659.
  • Milei instruyó al ministro Caputo para priorizar la Base Naval Integrada en el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá enviarse al Congreso el 15 de septiembre.
  • El ministro israelí Itamar Ben Gvir pidió públicamente a Netanyahu reconocer la soberanía argentina sobre Malvinas e imponer sanciones al Reino Unido.
  • La acumulación de gestos soberanistas se produce con el calendario electoral de 2027 ya gravitando sobre la agenda del Ejecutivo.
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