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Libertad de expresión

La reforma laboral de Milei esconde el golpe mortal al cine argentino y los medios públicos

El proyecto incluye dos artículos que desfinanciarán al INCAA, a la TV Pública y a Radio Nacional, aunque no tienen relación con la legislación laboral. El artículo 210 y 211 eliminan recursos clave de esa entidades, aunque otros sectores culturales los seguirán percibiendo.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger-Manuel Adorni.

— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El proyecto de ley de «Modernización laboral» que impulsa el Gobierno nacional incluye dos artículos que desfinanciarían al INCAA, TV Pública y Radio Nacional. El Espacio Audiovisual Nacional convocó para este miércoles a una conferencia de prensa en el Congreso para exigir el rechazo de los artículos 210 y 211, que consideran ajenos al espíritu de una reforma laboral.

Artículos que no tienen nada que ver con lo laboral

Los artículos 210 y 211 del proyecto que obtuvo dictamen de las Comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda esconden una amenaza letal contra la industria audiovisual argentina. El Espacio Audiovisual Nacional (EAN), que reúne a las principales organizaciones del sector, denunció que estos articulados nada tienen que ver con el objeto de la ley, por lo que resulta evidente su inclusión con el objetivo de dañar de manera solapada a la producción cultural nacional.

El artículo 210 ataca directamente institutos fundamentales de la Ley de Cine 17.741, desfinanciando el Fondo de Fomento Cinematográfico que actualmente se nutre del 10% sobre el valor de cada entrada de cine y del 25% del canon que abonan los licenciatarios de televisión por la explotación del espacio radioeléctrico nacional.

«La eliminación de esos recursos hará que el INCAA pierda su autonomía financiera, quedando sujeto a los recursos que discrecionalmente le asigne cada gobierno a través de las Leyes de Presupuesto de cada año. Dado que, por lo general, la producción de una obra audiovisual requiere una planificación financiera de varios años, sería imposible el desarrollo de esta industria sin tener una previsión a largo plazo de los fondos de fomento, quedando expuestos a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo de turno», explicó el EAN.

Discriminación contra el cine y los medios públicos

El artículo 211 del proyecto propone derogar los incisos a) y c) del artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que establecen la asignación específica al INCAA y a Radio y Televisión Argentina (TV Pública y Radio Nacional) de una parte de los recursos que provienen del gravamen que pagan los canales de TV al ENACOM por el uso del espacio radioeléctrico nacional.

El EAN denunció el carácter discriminatorio de esta medida, ya que no se elimina el impuesto en cuestión, sino solo su asignación al INCAA y RTA, aunque sí se mantiene para otras entidades.

«Curiosamente, mantiene intacta la vigencia de los otros incisos del mismo artículo, que disponen la asignación específica del mismo impuesto al Instituto Nacional del Teatro (INT), al Instituto Nacional de la Música (INAMU), y al FOMECA (radios y medios comunitarios). Esta contradicción deja en evidencia que el objetivo de la norma no es ni siquiera fiscal, sino desfinanciar al INCAA, a la TV Pública y a Radio Nacional. En efecto, no se elimina el impuesto, ni siquiera se eliminan todas las asignaciones específicas de ese impuesto; sólo se desfinancia al INCAA y a la TV Pública y Radio Nacional», señalaron desde el EAN.

Consecuencias para la industria cultural

En el documento que se entregará a legisladores y legisladoras de las diferentes fuerzas políticas, el EAN detalló las consecuencias concretas que la aprobación de estos dos artículos tendrá en la industria cultural argentina:

Pérdida masiva del empleo registrado: cientos de miles de puestos de trabajo anuales podrían desaparecer en toda la cadena de valor, incluyendo trabajadores del sector audiovisual y proveedores de bienes y servicios.

Retroceso federal: la falta de complementación de las políticas públicas audiovisuales de las provincias con el INCAA las hará inviables, lo que redundará en menos producción local y una afectación al desarrollo turístico que los contenidos audiovisuales promueven.

Pérdida de mercados internacionales: no habrá presencia de nuevas películas argentinas en los festivales internacionales, que impulsan la apertura de mercados internacionales para las producciones nacionales.

Dependencia: la producción audiovisual nacional quedaría exclusivamente en manos del financiamiento de las grandes plataformas de streaming extranjeras.

Daños económicos: según estudios del propio INCAA, por cada peso que se deja de invertir en el Fondo de Fomento, la economía argentina pierde $5,4 en Valor Bruto de Producción.

El fomento como inversión estratégica

«El fomento del Cine Nacional no es un gasto; es una inversión que genera riqueza, trabajo e identidad: multiplica entre 1,7 y 2,4 veces la inversión inicial; genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos; dinamiza sectores como hotelería, gastronomía, transporte y turismo; y exporta servicios y atrae divisas», afirmaron desde el EAN.

«La eliminación de las fuentes de financiamiento del INCAA representa, en los hechos, la desaparición del sistema de fomento al cine y al audiovisual argentino, con consecuencias irreversibles para la producción cultural, el trabajo de miles de profesionales del sector y la soberanía audiovisual del país. Para el conjunto de las entidades del sector, esta medida significa la muerte del cine nacional tal como lo conocemos», concluyeron.

Por ello, el Espacio Audiovisual Nacional solicitó formalmente que se retiren del proyecto de ley los artículos 210 y 211, argumentando que nada tienen que ver con la legislación laboral que el proyecto propone modernizar.

Puntos destacados:

  • El proyecto de reforma laboral incluye dos artículos que desfinanciarían al INCAA, TV Pública y Radio Nacional, aunque no tienen relación con la legislación laboral.
  • El artículo 210 elimina recursos equivalentes al 10% del valor de cada entrada de cine y al 25% del canon de licenciatarios de TV.
  • El artículo 211 discrimina al INCAA y medios públicos, manteniendo el mismo impuesto para otras entidades culturales.
  • La aprobación podría generar la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo en la cadena audiovisual.
  • Según el INCAA, cada peso invertido en fomento genera $5,4 en Valor Bruto de Producción. ★

Libertad de expresión

La nueva ley de medios libertaria: desregulación total y censura por saturación

El proyecto propone una desregulación total del sistema mediático, con multiplicación de señales, radios y plataformas digitales. Esta saturación de voces afines puede funcionar como mecanismo de control más eficaz que la censura directa. Además, en el marco de una reforma, analizan exigir declaraciones juradas patrimoniales a periodistas.

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El Argentino Diario-Javier Milei Ventrílocuo.

Antes te censuraban apagando el micrófono; ahora te ahogan en ruido

★ El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma del sistema de medios que promete libertad irrestricta, pero que podría convertirse en un mecanismo de control más sofisticado que cualquier ley de medios anterior: no apagando voces, sino multiplicando las propias hasta hacer ininteligible el debate público.

El discurso que se come a sí mismo

Durante años, Javier Milei construyó su identidad política sobre un eje: el Estado como instrumento de control, persecución y disciplinamiento. La «casta» usando organismos públicos para asfixiar empresarios, opositores y periodistas. Ese fue el relato que lo llevó a la Casa Rosada.

Por eso resulta políticamente significativo que su gobierno esté discutiendo declaraciones juradas patrimoniales para periodistas en el marco de una reforma vinculada a medios. La contradicción que emerge es de fondo: ¿desde cuándo un periodista tiene más obligación de transparentarse que un funcionario que administra miles de millones de pesos públicos?

La pregunta no es menor. El periodista no maneja la AFIP, los ministerios, la SIDE, las fuerzas de seguridad, las empresas públicas, las regulaciones ni los fondos de los contribuyentes. El funcionario sí, y esa diferencia no es un detalle, es toda la diferencia.

La reforma que suena liberal pero puede operar diferente

El proyecto en circulación no replica el modelo kirchnerista de intervención directa sobre licencias y concentración mediática. Lo que propone es, en apariencia, lo opuesto: más radios, más señales, más plataformas, más streaming, menos barreras, menos intervención estatal.

En teoría, suena profundamente liberal. En la práctica, advierte el análisis de Agencia NA, puede producir el efecto contrario. Cuando todo el mundo habla al mismo tiempo, el resultado no es necesariamente más debate. Puede ser, sencillamente, más ruido.

El mecanismo recuerda a las viejas leyes de lemas que aún sobreviven en algunas provincias argentinas: veinte listas, treinta candidatos, competencia aparente, pero varios de ellos orbitando alrededor del mismo caudillo que maneja la estructura y la caja. En medios, el esquema podría replicarse sin necesidad de cerrar canales. Basta con inundar la cancha de micrófonos afines: cien streams, doscientas radios, quinientos canales, miles de influencers aparentemente independientes bajando más o menos la misma línea de quien tiene recursos, pauta y poder político.

La censura moderna, en ese esquema, no consiste en callar periodistas. Consiste en llenar el espacio público de parlantes hasta que nadie entienda nada.

La contradicción cripto que nadie del oficialismo quiere responder

El episodio más revelador de las inconsistencias del relato oficial involucra al propio Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete. Antes de asumir el cargo, Adorni explicaba públicamente cómo las criptomonedas funcionan como sistemas extremadamente difíciles de rastrear para los Estados. Ese archivo existe y está grabado.

Hoy, en ejercicio de la función pública, Adorni enfrenta una investigación judicial en la que la Justicia detectó movimientos vinculados a criptomonedas asociados a su persona, según informó Agencia NA. La ironía es puntual: el mismo funcionario que promueve una mayor exigencia de transparencia hacia los periodistas protagoniza una causa donde el dinero presuntamente circuló por los canales más opacos que él mismo describió como herramientas para eludir controles estatales.

Que el gobierno más desregulador de la historia argentina muestre escaso entusiasmo regulatorio frente a las billeteras digitales capaces de mover dinero sin trazabilidad mientras exige declaraciones juradas a periodistas configura una asimetría que no admite explicación técnica. Solo política.

Cuando el que denunció el aparato empieza a necesitarlo

La democracia puede sobrevivir perfectamente a periodistas malos, mediocres o ensobrados. Lo que históricamente le resulta más difícil de resistir es un poder político que empieza a convencerse de que necesita decidir qué voces pesan, cuáles se diluyen y cuáles deben ser vigiladas.

Las señales acumuladas son claras: restricciones al acceso de periodistas críticos, hostigamiento digital coordinado, señalamiento público de voces incómodas y oficinas creadas para «desmentir operaciones». Todo eso, en un gobierno que llegó al poder denunciando exactamente esas prácticas.

La libertad de expresión también puede morir ahogada en ruido. Una sociedad puede perderla por prohibición directa, pero también cuando el ruido se vuelve tan gigantesco que distinguir información de propaganda resulta imposible. Cuando el poder logra que todo sea ruido, la verdad no necesita ser prohibida. Le alcanza con quedar tapada.

Puntos clave:

  • El Gobierno analiza exigir declaraciones juradas patrimoniales a periodistas en el marco de una reforma de medios.
  • El proyecto propone una desregulación total del sistema mediático, con multiplicación de señales, radios y plataformas digitales.
  • El análisis advierte que la saturación de voces afines puede funcionar como mecanismo de control más eficaz que la censura directa.
  • Manuel Adorni, que públicamente explicó el carácter no rastreable de las criptomonedas, enfrenta investigaciones judiciales por movimientos en ese tipo de activos.
  • Críticos señalan que exigir transparencia a periodistas mientras se omite regular las billeteras cripto configura una asimetría política, no técnica.
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