Libertad de expresión
La reforma laboral de Milei esconde el golpe mortal al cine argentino y los medios públicos
El proyecto incluye dos artículos que desfinanciarán al INCAA, a la TV Pública y a Radio Nacional, aunque no tienen relación con la legislación laboral. El artículo 210 y 211 eliminan recursos clave de esa entidades, aunque otros sectores culturales los seguirán percibiendo.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El proyecto de ley de «Modernización laboral» que impulsa el Gobierno nacional incluye dos artículos que desfinanciarían al INCAA, TV Pública y Radio Nacional. El Espacio Audiovisual Nacional convocó para este miércoles a una conferencia de prensa en el Congreso para exigir el rechazo de los artículos 210 y 211, que consideran ajenos al espíritu de una reforma laboral.
Artículos que no tienen nada que ver con lo laboral
Los artículos 210 y 211 del proyecto que obtuvo dictamen de las Comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda esconden una amenaza letal contra la industria audiovisual argentina. El Espacio Audiovisual Nacional (EAN), que reúne a las principales organizaciones del sector, denunció que estos articulados nada tienen que ver con el objeto de la ley, por lo que resulta evidente su inclusión con el objetivo de dañar de manera solapada a la producción cultural nacional.
El artículo 210 ataca directamente institutos fundamentales de la Ley de Cine 17.741, desfinanciando el Fondo de Fomento Cinematográfico que actualmente se nutre del 10% sobre el valor de cada entrada de cine y del 25% del canon que abonan los licenciatarios de televisión por la explotación del espacio radioeléctrico nacional.
«La eliminación de esos recursos hará que el INCAA pierda su autonomía financiera, quedando sujeto a los recursos que discrecionalmente le asigne cada gobierno a través de las Leyes de Presupuesto de cada año. Dado que, por lo general, la producción de una obra audiovisual requiere una planificación financiera de varios años, sería imposible el desarrollo de esta industria sin tener una previsión a largo plazo de los fondos de fomento, quedando expuestos a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo de turno», explicó el EAN.
Discriminación contra el cine y los medios públicos
El artículo 211 del proyecto propone derogar los incisos a) y c) del artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que establecen la asignación específica al INCAA y a Radio y Televisión Argentina (TV Pública y Radio Nacional) de una parte de los recursos que provienen del gravamen que pagan los canales de TV al ENACOM por el uso del espacio radioeléctrico nacional.
El EAN denunció el carácter discriminatorio de esta medida, ya que no se elimina el impuesto en cuestión, sino solo su asignación al INCAA y RTA, aunque sí se mantiene para otras entidades.
«Curiosamente, mantiene intacta la vigencia de los otros incisos del mismo artículo, que disponen la asignación específica del mismo impuesto al Instituto Nacional del Teatro (INT), al Instituto Nacional de la Música (INAMU), y al FOMECA (radios y medios comunitarios). Esta contradicción deja en evidencia que el objetivo de la norma no es ni siquiera fiscal, sino desfinanciar al INCAA, a la TV Pública y a Radio Nacional. En efecto, no se elimina el impuesto, ni siquiera se eliminan todas las asignaciones específicas de ese impuesto; sólo se desfinancia al INCAA y a la TV Pública y Radio Nacional», señalaron desde el EAN.
Consecuencias para la industria cultural
En el documento que se entregará a legisladores y legisladoras de las diferentes fuerzas políticas, el EAN detalló las consecuencias concretas que la aprobación de estos dos artículos tendrá en la industria cultural argentina:
Pérdida masiva del empleo registrado: cientos de miles de puestos de trabajo anuales podrían desaparecer en toda la cadena de valor, incluyendo trabajadores del sector audiovisual y proveedores de bienes y servicios.
Retroceso federal: la falta de complementación de las políticas públicas audiovisuales de las provincias con el INCAA las hará inviables, lo que redundará en menos producción local y una afectación al desarrollo turístico que los contenidos audiovisuales promueven.
Pérdida de mercados internacionales: no habrá presencia de nuevas películas argentinas en los festivales internacionales, que impulsan la apertura de mercados internacionales para las producciones nacionales.
Dependencia: la producción audiovisual nacional quedaría exclusivamente en manos del financiamiento de las grandes plataformas de streaming extranjeras.
Daños económicos: según estudios del propio INCAA, por cada peso que se deja de invertir en el Fondo de Fomento, la economía argentina pierde $5,4 en Valor Bruto de Producción.
El fomento como inversión estratégica
«El fomento del Cine Nacional no es un gasto; es una inversión que genera riqueza, trabajo e identidad: multiplica entre 1,7 y 2,4 veces la inversión inicial; genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos; dinamiza sectores como hotelería, gastronomía, transporte y turismo; y exporta servicios y atrae divisas», afirmaron desde el EAN.
«La eliminación de las fuentes de financiamiento del INCAA representa, en los hechos, la desaparición del sistema de fomento al cine y al audiovisual argentino, con consecuencias irreversibles para la producción cultural, el trabajo de miles de profesionales del sector y la soberanía audiovisual del país. Para el conjunto de las entidades del sector, esta medida significa la muerte del cine nacional tal como lo conocemos», concluyeron.
Por ello, el Espacio Audiovisual Nacional solicitó formalmente que se retiren del proyecto de ley los artículos 210 y 211, argumentando que nada tienen que ver con la legislación laboral que el proyecto propone modernizar.
Puntos destacados:
- El proyecto de reforma laboral incluye dos artículos que desfinanciarían al INCAA, TV Pública y Radio Nacional, aunque no tienen relación con la legislación laboral.
- El artículo 210 elimina recursos equivalentes al 10% del valor de cada entrada de cine y al 25% del canon de licenciatarios de TV.
- El artículo 211 discrimina al INCAA y medios públicos, manteniendo el mismo impuesto para otras entidades culturales.
- La aprobación podría generar la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo en la cadena audiovisual.
- Según el INCAA, cada peso invertido en fomento genera $5,4 en Valor Bruto de Producción. ★
Judiciales ⚖️
Reclaman que Monteoliva explique la represión contra manifestantes y periodistas
El legislador socialista presentó un proyecto de resolución para que la ministra de Seguridad rinda cuentas ante la Cámara Baja por el violento operativo del 6 de agosto frente al Congreso, donde una fotógrafa sufrió fractura de cráneo tras recibir un palazo policial durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó este viernes un proyecto de resolución exigiendo que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, concurra a la Cámara de Diputados a dar explicaciones sobre el violento operativo desplegado por Gendarmería y la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante el debate del Senado sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El pedido se formuló el mismo día en que trascendió que una fotógrafa sufrió una fractura de cráneo como consecuencia directa de un palazo policial recibido durante la represión del pasado jueves
El proyecto: cuatro preguntas que el Gobierno no quiere responder
«Monteoliva tiene que dar la cara. La represión de fuerzas de seguridad nacionales durante la sesión de inviolabilidad de propiedad privada no tiene ninguna justificación. La Ministra debe concurrir a Diputados a dar la cara. Hágase cargo de la violencia!«, publicó Paulón en su cuenta de X, donde también compartió el texto del proyecto presentado ante la cámara.
El documento exige que Monteoliva responda sobre cuatro ejes concretos: el operativo policial desplegado el 6 de agosto mientras el Senado debatía la controvertida ley; si existe alguna investigación interna sobre la represión que se desató durante más de dos horas contra manifestantes que, hasta ese momento, se encontraban en calma; si se procedió a la identificación de los agentes que efectuaron disparos directos contra trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes; y el motivo por el cual los camiones hidrantes continuaron actuando a más de 500 metros del palacio legislativo cuando la concentración ya se dispersaba en total tranquilidad.
Una fotógrafa con fractura de cráneo: otro símbolo de la violencia estatal y el ataque a la libertad de prensa
El caso más grave documentado durante la represión fue el de una fotógrafa de prensa que recibió un palazo policial en la intersección de Avenida de Mayo y Lima. El periodista Ariel Zak alertó en vivo: «En Avenida de Mayo y Lima, una fotógrafa herida en la cabeza, sangrando. Hirieron en la cabeza a una fotógrafa».
La trabajadora de prensa, que en ese momento cubría profesionalmente la represión, recibió atención de primera mano de la doctora Mirta Romero, quien le practicó un vendaje por politraumatismo. Luego fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich, donde se confirmó la fractura de cráneo.
El caso condensa lo que organizaciones de derechos humanos y sindicatos de prensa vienen denunciando desde la llegada del régimen libertario: el uso deliberado de la fuerza contra periodistas como mecanismo de intimidación y control de la cobertura. Una fotógrafa en ejercicio de su función resultó con el cráneo fracturado en una democracia que el oficialismo define como modelo de respeto institucional.
La respuesta de Monteoliva: impunidad con retórica democrática
Lejos de reconocer los excesos, la ministra Monteoliva salió a defender el accionar de las fuerzas en sus redes sociales. «En la Argentina se puede manifestar en paz. Lo que no vamos a permitir es que la violencia sea utilizada para condicionar el funcionamiento de las instituciones y alterar el orden democrático. La democracia se defiende haciendo cumplir la ley y el orden. El que las hace, las paga», publicó en X.
La ministra también anunció que el Ministerio presentó una denuncia penal para identificar a quienes «destruyeron bienes públicos e intentaron impedir el funcionamiento del Congreso», apuntando incluso contra quienes «promovieron, organizaron e instigaron» los hechos. La narrativa oficial, que califica de «violencia» lo que decenas de testimonios y registros audiovisuales muestran como una protesta pacífica dispersada por la fuerza, contrasta brutalmente con la imagen de la fotógrafa ensangrentada en la vía pública.
El patrón es conocido: criminalizar la protesta para encubrir la represión. Mientras el Gobierno anuncia denuncias penales contra manifestantes, ningún agente que disparó contra periodistas o cargó con bastones contra civiles desarmados fue identificado públicamente ni apartado de sus funciones.
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