Para la Justicia de Estados Unidos, que un presidente promocione una criptomoneda desde su cuenta personal no alcanza para probar un delito. Con ese criterio, el Departamento de Justicia norteamericano cerró el pedido de asistencia que la Argentina tramitaba desde abril de 2025 por el caso $LIBRA y se negó a entregar los registros de suscriptor que necesitaba la investigación penal. El portazo de Washington llegó casi en simultáneo con otro revés: el archivo, en Nueva York, de la demanda colectiva de los inversores damnificados contra el empresario Hayden Davis.

La respuesta fue emitida por la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia, en una nota firmada por la fiscal Mari Aponte y fechada el 28 de septiembre en Washington, aunque su contenido recién se conoció el 11 de octubre. La comunicación fue enviada al Ministerio de Justicia de la Nación, que debe presentarla ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del expediente en Comodoro Py junto al fiscal Eduardo Taiano. Allí, Estados Unidos concluyó que la documentación remitida desde Buenos Aires era insuficiente para acreditar un delito e informó que estaba «cerrando nuestro expediente sobre este asunto».

Un año y medio de trámite para un no

El pedido argentino ingresó al Departamento de Justicia el 8 de abril de 2025. Según la propia nota, Washington solicitó más información en dos oportunidades, el 24 de abril y el 31 de julio de 2025; la Argentina respondió ese mismo 31 de julio y envió nuevos datos el 7 de mayo de 2026. No se informó qué elementos incluyó esa última presentación.

En su fundamentación, el organismo norteamericano sostuvo como pauta general que quienes compran criptomonedas asumen los riesgos de operar con activos nuevos, especulativos y sin regulación, y afirmó que las campañas agresivas en redes o la publicación viral de un político no bastan, por sí solas, para demostrar que los inversores fueron inducidos a una trampa mediante engaños. Es exactamente el mismo razonamiento con el que la Justicia argentina ya había expulsado a los damnificados de la causa.

El fallo de Nueva York: un archivo que no absuelve

La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó en una resolución de 81 carillas, conocida el 1° de octubre, la demanda colectiva presentada por inversores afectados por el desplome de $LIBRA y dispuso el cierre del expediente en primera instancia. La magistrada admitió los pedidos de desestimación de Davis y de su empresa Kelsier Ventures, de Benjamin «Ben» Chow, ex CEO de Meteora, y de Dynamic Labs, y negó a los demandantes la posibilidad de volver a modificar la demanda. Los inversores todavía pueden apelar ante la Cámara de Apelaciones.

Rochon consideró que no se habían acreditado jurídicamente las acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violación de la ley federal RICO, y entendió que, en el caso de Davis y Kelsier, tampoco se había demostrado jurisdicción de los tribunales neoyorquinos. Sin embargo, la jueza aclaró que su decisión no determina si los hechos denunciados por los inversores ocurrieron o no, ni declara que $LIBRA haya sido un lanzamiento legítimo.

El texto del fallo menciona 18 veces a Javier Milei y consigna que Davis envió mensajes a terceros en los que afirmaba tener «control» sobre el jefe de Estado y ofrecía reuniones con el mandatario a cambio de dinero. La demanda sostenía que el esquema había comenzado a operar al menos en octubre de 2024, con el lanzamiento previo del token M3M3. El cierre se suma a otro golpe que los demandantes habían sufrido en agosto de 2025, cuando la misma jueza levantó el congelamiento de fondos vinculados a Davis.

Lo que ya encontró la investigación local

El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en X el proyecto $LIBRA y la dirección del token. El precio se disparó y luego se desplomó en cuestión de horas; las pérdidas globales se estiman entre 87 y 107 millones de dólares. Dos semanas antes, el 30 de enero de 2025, el Presidente había recibido a Davis en la Casa Rosada y luego difundió una foto junto a él, presentándolo como asesor en blockchain.

En marzo de 2026, el peritaje sobre el teléfono del lobista Mauricio Novelli, uno de los nexos entre el ecosistema cripto y la Casa Rosada, reveló un archivo redactado en inglés el 11 de febrero de 2025, tres días antes del lanzamiento, que describe un presunto acuerdo por cinco millones de dólares en tres pagos: 1,5 millones como adelanto, otros 1,5 millones si Milei anunciaba públicamente a Davis como asesor y dos millones atados a la firma de un contrato de asesoría tecnológica con el Gobierno. El documento también menciona una revisión del acuerdo con Javier y Karina Milei. Mientras en Comodoro Py aparece un papel que pone precio al posteo presidencial, en Washington y en Nueva York la causa se cierra por falta de pruebas.

La nueva Cámara y los querellantes afuera

El frente interno tampoco es alentador para los damnificados. El 3 de julio de 2026, Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo de la defensa de Novelli y apartó del rol de querellantes a cinco inversores: Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo. El 4 de septiembre, en su primer día con la nueva conformación dispuesta por el Gobierno, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con las firmas de Pablo Bertuzzi, recientemente ratificado por Milei, y Mariano Llorens, confirmó esa exclusión al sostener que los compradores «asumieron voluntariamente los riesgos» del token.

El 10 de septiembre, el juez rechazó también como querellantes a los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Los inversores, representados por los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, recurrieron a la Cámara Federal de Casación Penal, pero el 28 de septiembre Bertuzzi y Pablo Yadarola declararon inadmisibles los recursos de cuatro de ellos. La única vía que les queda es una queja directa ante Casación.

Una causa cada vez más estrecha

La investigación penal sigue abierta en Comodoro Py, pero con menos actores y menos herramientas. Sin querellantes que empujen el expediente, todo el impulso queda en manos del fiscal Taiano, y sin los registros de Estados Unidos se complica reconstruir la ruta del dinero que salió del token en las horas posteriores al posteo presidencial. La coincidencia de criterios entre la Cámara Federal recompuesta por el Gobierno y el Departamento de Justicia norteamericano instala una lectura que favorece la versión oficial: la pérdida es responsabilidad de quien compró, no de quien promocionó.

Queda abierta una pregunta que ninguno de los fallos respondió: qué hizo el Presidente de la Nación, con su cuenta y su investidura, en la operación que dejó millones de dólares en pocas manos. Que los tribunales no hayan encontrado aún el delito no significa que el escándalo político haya terminado.

Lo que tenés que saber:

• El Departamento de Justicia de EE.UU. cerró el pedido de asistencia argentino por el caso $LIBRA y no entregará los registros solicitados; la nota está fechada el 28 de septiembre y se conoció el 11 de octubre.
• La jueza Jennifer Rochon archivó en Nueva York la demanda colectiva contra Hayden Davis, aunque aclaró que no determinó si los hechos denunciados ocurrieron.
• Un documento hallado en el teléfono de Mauricio Novelli describe un presunto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado a la promoción de Milei.
• La Cámara Federal, con su nueva conformación, confirmó la exclusión de cinco inversores como querellantes y luego rechazó los recursos de cuatro de ellos.
• La causa penal sigue en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano.