La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica acaba de revelar, con nitidez, cuál era su objetivo de fondo. La comisión de delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri, integrada por secretarios generales de seccionales opositoras al conductor desplazado Abel Furlán, firmó acuerdos salariales para las ramas metalmecánica y siderúrgica que se ubican muy por detrás de la inflación proyectada. Sin mediar conflicto previo, sin mandato de las bases y sin representación legítima, la intervención entregó la paritaria.

Una maniobra judicial con antecedentes en dictaduras

El origen de la intervención está en la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, cuyo presidente es el juez Víctor Pesino. El tribunal desconoció el Congreso que reeligió a Furlán como secretario general de la UOM, tras impugnar las elecciones de la seccional Campana. Como el estatuto del gremio exige que el secretario general nacional sea uno de los 53 líderes seccionales, la anulación de ese comicio imposibilitó su asunción.

El propio juez Pesino reconoció que la medida solo encuentra antecedentes en períodos dictatoriales. La maniobra, que fuentes sindicales atribuyen a la presión de la patronal Techint-Siderca, consistió en el armado de una lista opositora en la seccional Campana y el enrarecimiento intencional del proceso electoral para judicializarlo. Con ese pretexto, el tribunal impugnó el Colegio Electoral y designó a Biglieri.

La intervención no se limitó a la conducción gremial. En una maniobra que excede lo que la Ley de Asociaciones Profesionales habilita, la comisión designada por Biglieri tomó el control de la obra social Osuomra, para ponerla en manos del Grupo Olmos, y conformó una mesa paritaria paralela sin convocatoria a elecciones internas. La causa espera una definición de la Corte Suprema, a donde la conducción histórica llevó su recurso extraordinario.

23 puntos de caída salarial en siderurgia, 12 en metalmecánica

Los acuerdos firmados por la comisión interventora abarcan las ramas 17 (metalmecánica) y 21 (siderurgia), con vigencia hasta marzo y enero de 2027 respectivamente. En ambos casos, los incrementos pactados se ubican por debajo de las proyecciones de inflación que elabora el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central.

Para la rama metalmecánica, el acuerdo quedará 12,4 puntos porcentuales por detrás del IPC proyectado. Para la siderurgia, el desfasaje es aún más pronunciado: 23 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada. La consecuencia directa es una pérdida del poder adquisitivo superior al 11% para los trabajadores de ambas ramas.

En siderurgia, el acuerdo involucra a unos 15.000 trabajadores bajo convenio y otro tanto bajo la forma de contratistas. La paritaria tomó como base las subas concedidas a cuenta por las empresas Ternium y Tenaris hasta julio de 2026, le sumó dos cuotas adicionales del 6% en agosto y octubre, y una compensación de 1,6 millones de pesos. En términos acumulados desde julio de 2024, el incremento llegaría a poco más del 60%, cuando la inflación proyectada alcanzará el 83%.

El secretario general de la seccional Villa Constitución, Pablo «Piparra» González, se retiró de la mesa de siderurgia sin avalar el acuerdo. «Con este acuerdo los trabajadores de Acindar podrían perder hasta 800 mil pesos», señaló. González también cruzó a la conducción histórica: «Acá hay complicidades. No le voy a echar la culpa solo al interventor. Furlán también es responsable. Siempre fui opositor y lo padecí». Para el dirigente, la comisión paritaria debería haber sido designada por los propios secretarios generales y no por el interventor.

Rechazo en Córdoba, plan de lucha y expectativa en la Corte

La resistencia al acuerdo no quedó circunscripta a Villa Constitución. El secretario general de la seccional Córdoba, Rubén Urbano, anunció el rechazo explícito al acuerdo. «Vamos a rechazar el acuerdo explícitamente por dos razones. Más allá de los porcentajes que van a la baja, estos paritarios no han sido elegidos ni por los trabajadores ni por el Consejo Directivo, son del interventor», afirmó. Urbano adelantó que se busca convocar un Consejo Directivo sin interferencia de la intervención y confirmó un plan de lucha con cortes de ruta y manifestaciones en Córdoba.

Desde el entorno de Furlán indicaron que el dirigente desplazado mantiene expectativas en un fallo favorable de la Corte Suprema. Fuentes cercanas a su conducción anticiparon que «se está preparando una acción autoconvocada de las seccionales» y advirtieron que «si no las mismas bases se van a levantar».

La puerta abierta a la revisión de convenios

El trasfondo político del episodio excede la disputa salarial. Si la maniobra prospera, la comisión paritaria designada por la intervención podría arrogarse el derecho de revisar los convenios colectivos vigentes, en los términos que habilita la denominada ley de modernización laboral. Eso transformaría la intervención judicial en una herramienta de desguace de derechos conquistados por el movimiento obrero, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de los metalúrgicos.

La CGT, que marcha el jueves 20 de agosto al Palacio de Hacienda para reclamar por el endeudamiento de las familias trabajadoras, tiene en el caso UOM una prueba concreta de hacia dónde apunta el proyecto del Gobierno: un sindicalismo intervenido, paritarias a la baja y convenios en revisión, mientras la deuda de los hogares crece y el salario real se deteriora.

Puntos clave

• La comisión paritaria designada por el interventor Biglieri firmó acuerdos 23 puntos por debajo de la inflación proyectada en siderurgia y 12 puntos en metalmecánica.
• Los trabajadores de la rama siderúrgica perderán más del 11% de su poder adquisitivo como resultado del acuerdo.
• El dirigente Pablo «Piparra» González se retiró de la mesa sin firmar y calculó pérdidas de hasta 800 mil pesos por trabajador en Acindar.
• Seccionales como Córdoba anunciaron rechazo y plan de lucha; el entorno de Furlán aguarda un fallo de la Corte Suprema.
• La intervención abre la puerta a una revisión de convenios colectivos bajo la ley de modernización laboral, con impacto potencial en todo el movimiento obrero.