Antes te censuraban apagando el micrófono; ahora te ahogan en ruido

★ El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma del sistema de medios que promete libertad irrestricta, pero que podría convertirse en un mecanismo de control más sofisticado que cualquier ley de medios anterior: no apagando voces, sino multiplicando las propias hasta hacer ininteligible el debate público.

El discurso que se come a sí mismo

Durante años, Javier Milei construyó su identidad política sobre un eje: el Estado como instrumento de control, persecución y disciplinamiento. La «casta» usando organismos públicos para asfixiar empresarios, opositores y periodistas. Ese fue el relato que lo llevó a la Casa Rosada.

Por eso resulta políticamente significativo que su gobierno esté discutiendo declaraciones juradas patrimoniales para periodistas en el marco de una reforma vinculada a medios. La contradicción que emerge es de fondo: ¿desde cuándo un periodista tiene más obligación de transparentarse que un funcionario que administra miles de millones de pesos públicos?

La pregunta no es menor. El periodista no maneja la AFIP, los ministerios, la SIDE, las fuerzas de seguridad, las empresas públicas, las regulaciones ni los fondos de los contribuyentes. El funcionario sí, y esa diferencia no es un detalle, es toda la diferencia.

La reforma que suena liberal pero puede operar diferente

El proyecto en circulación no replica el modelo kirchnerista de intervención directa sobre licencias y concentración mediática. Lo que propone es, en apariencia, lo opuesto: más radios, más señales, más plataformas, más streaming, menos barreras, menos intervención estatal.

En teoría, suena profundamente liberal. En la práctica, advierte el análisis de Agencia NA, puede producir el efecto contrario. Cuando todo el mundo habla al mismo tiempo, el resultado no es necesariamente más debate. Puede ser, sencillamente, más ruido.

El mecanismo recuerda a las viejas leyes de lemas que aún sobreviven en algunas provincias argentinas: veinte listas, treinta candidatos, competencia aparente, pero varios de ellos orbitando alrededor del mismo caudillo que maneja la estructura y la caja. En medios, el esquema podría replicarse sin necesidad de cerrar canales. Basta con inundar la cancha de micrófonos afines: cien streams, doscientas radios, quinientos canales, miles de influencers aparentemente independientes bajando más o menos la misma línea de quien tiene recursos, pauta y poder político.

La censura moderna, en ese esquema, no consiste en callar periodistas. Consiste en llenar el espacio público de parlantes hasta que nadie entienda nada.

La contradicción cripto que nadie del oficialismo quiere responder

El episodio más revelador de las inconsistencias del relato oficial involucra al propio Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete. Antes de asumir el cargo, Adorni explicaba públicamente cómo las criptomonedas funcionan como sistemas extremadamente difíciles de rastrear para los Estados. Ese archivo existe y está grabado.

Hoy, en ejercicio de la función pública, Adorni enfrenta una investigación judicial en la que la Justicia detectó movimientos vinculados a criptomonedas asociados a su persona, según informó Agencia NA. La ironía es puntual: el mismo funcionario que promueve una mayor exigencia de transparencia hacia los periodistas protagoniza una causa donde el dinero presuntamente circuló por los canales más opacos que él mismo describió como herramientas para eludir controles estatales.

Que el gobierno más desregulador de la historia argentina muestre escaso entusiasmo regulatorio frente a las billeteras digitales capaces de mover dinero sin trazabilidad mientras exige declaraciones juradas a periodistas configura una asimetría que no admite explicación técnica. Solo política.

Cuando el que denunció el aparato empieza a necesitarlo

La democracia puede sobrevivir perfectamente a periodistas malos, mediocres o ensobrados. Lo que históricamente le resulta más difícil de resistir es un poder político que empieza a convencerse de que necesita decidir qué voces pesan, cuáles se diluyen y cuáles deben ser vigiladas.

Las señales acumuladas son claras: restricciones al acceso de periodistas críticos, hostigamiento digital coordinado, señalamiento público de voces incómodas y oficinas creadas para «desmentir operaciones». Todo eso, en un gobierno que llegó al poder denunciando exactamente esas prácticas.

La libertad de expresión también puede morir ahogada en ruido. Una sociedad puede perderla por prohibición directa, pero también cuando el ruido se vuelve tan gigantesco que distinguir información de propaganda resulta imposible. Cuando el poder logra que todo sea ruido, la verdad no necesita ser prohibida. Le alcanza con quedar tapada.

Puntos clave:

• El Gobierno analiza exigir declaraciones juradas patrimoniales a periodistas en el marco de una reforma de medios.
• El proyecto propone una desregulación total del sistema mediático, con multiplicación de señales, radios y plataformas digitales.
• El análisis advierte que la saturación de voces afines puede funcionar como mecanismo de control más eficaz que la censura directa.
• Manuel Adorni, que públicamente explicó el carácter no rastreable de las criptomonedas, enfrenta investigaciones judiciales por movimientos en ese tipo de activos.
• Críticos señalan que exigir transparencia a periodistas mientras se omite regular las billeteras cripto configura una asimetría política, no técnica.