Elecciones
Sánchez adelanta las elecciones al #29N: España elige entre el Estado social y la ola ultraderechista
El presidente del Gobierno español convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre tras la caída de sus decretos de vivienda en el Congreso, derrotados por la alianza de PP, Vox y Junts. Sánchez enmarcó el llamado a las urnas como un plebiscito entre el avance progresista y la «ola ultraderechista» que avanza en Europa.
El PP, Vox y Junts volvieron a unir votos el viernes pasado para tumbar en el Congreso dos decretos clave de política de vivienda impulsados por el Gobierno de coalición: la prórroga de contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, y la moratoria antidesahucios para familias vulnerables. Fue la estocada final a una legislatura que ya venía fracturándose legislatura a legislatura bajo el peso de una minoría parlamentaria sin posibilidades de expansión.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió este lunes desde las escalinatas del Palacio de la Moncloa con un anuncio de alto voltaje político: la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026. La decisión, tomada tras informar al Rey Felipe VI, se formalizará mediante un Consejo de Ministros extraordinario convocado para la mañana del mismo lunes. La convocatoria electoral se publicará al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado.
Un discurso de campaña desde la sede del Ejecutivo
En lo que fue, sin eufemismos, el primer acto de campaña del PSOE, Sánchez defendió el balance de la legislatura e invitó a los ciudadanos españoles a tomar partido ante lo que describió como una encrucijada histórica. «Los españoles y españolas deben decidir si se quieren sumar a la ola ultraderechista o desean que España continúe siendo un baluarte de justicia social», afirmó el presidente desde La Moncloa. El marco que eligió para su discurso no fue neutro: las escalinatas del palacio presidencial, reservadas para los anuncios de máximo calado institucional, y un tono que combinó la autocrítica con la reivindicación de gestión y el ataque explícito a la oposición.
Sánchez reconoció que la legislatura no fue sencilla. «Hemos tenido que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren seguir controlando nuestro país», señaló. El presidente también admitió que no logró todo lo que se había propuesto y que, para acometer las reformas pendientes, necesita «una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites y conquistar nuevos avances sociales».
En otro pasaje de su declaración, evocó el contexto geopolítico en que gobernó: «Hemos gestionado emergencias inéditas, el regreso de las guerras en Europa y Oriente Medio. Hemos trabajado con un Congreso muy bronco». Y fue más allá al colocar a su gobierno como actor global: «Nos hemos esforzado por construir un mejor mundo, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando genocidas, combatiendo tecnoligarcas».
La crisis de vivienda como detonante del adelanto
El detonante inmediato del adelanto electoral fue la caída de los dos reales decretos de vivienda en el Congreso, votados en contra por la alianza de PP, Vox y Junts, que ya en los meses previos habían tumbado otras iniciativas similares del Ejecutivo de coalición. Esa misma alianza había rechazado en febrero la moratoria antidesahucios, y en abril había derogado una prórroga anterior de alquileres impulsada por Sumar, el socio minoritario del Gobierno.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había advertido que los votantes de PP y Vox también eran afectados por la crisis habitacional, y que el rechazo parlamentario tendría un costo político alto. La advertencia no fue suficiente para cambiar ningún voto. Según el colectivo Stop Desahucios, la derogación de las medidas de alquiler expone a unas 60.000 familias a procesos de desahucio en los próximos meses, sobre un universo de 600.000 contratos que vencen durante 2026.
El 29-N como plebiscito ideológico
Sánchez planteó las elecciones como una decisión de fondo sobre el modelo de país, no como una simple renovación de mandato. El eje de su discurso fue la confrontación entre dos proyectos: uno que, según el presidente, «trabaja por la mayoría social» y otro que, bajo el rótulo de «coalición ultraderechista», «no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es recortar los derechos y las libertades para beneficiar a los de siempre». El eje PP-Vox, que desde 2023 gobierna la mayoría de las comunidades autónomas, se convierte así en el blanco explícito de la campaña socialista.
La apelación a la «ola ultraderechista» no es un recurso retórico nuevo en el repertorio de Sánchez, pero adquiere una dimensión diferente con las urnas ya convocadas. El presidente colocó a España en el mapa internacional de esa marea: frente a gobiernos de ultraderecha en Italia, Francia, Hungría y la presión de esa corriente en toda Europa, el 29 de noviembre español se perfila como una prueba de resistencia para el campo progresista en el continente.
Contexto: una legislatura de bloqueos y fragilidad parlamentaria
Las elecciones del 23 de julio de 2023 devolvieron a Sánchez a la Moncloa al frente de un gobierno de coalición con Sumar, pero con una minoría parlamentaria que requería negociaciones permanentes y que mostró su límite con nitidez durante toda la legislatura. España lleva tres años sin presupuesto aprobado, y el Ejecutivo debió recursar decreto a decreto para sostener medidas sociales y de política económica que la alianza PP-Vox-Junts bloqueaba sistemáticamente en el Congreso. La crisis habitacional, que acumula años sin solución estructural, terminó siendo el punto de quiebre definitivo.
Sánchez gobernó también en un contexto de creciente tensión por denuncias de corrupción, investigaciones judiciales y un escándalo en torno a un departamento de lujo cuya polémica marcó los últimos meses de la legislatura. La oposición, encabezada por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, pidió desde hace meses elecciones anticipadas. La convocatoria del 29 de noviembre les da la disputa electoral que reclamaban, aunque en un terreno donde el sanchismo intentará instalar el debate en clave de derechos versus ajuste.
Lo que tenés que saber:
- Pedro Sánchez anunció este lunes la disolución de las Cortes y llamó a elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026, tras informar al Rey Felipe VI.
- El detonante fue la derogación en el Congreso de dos decretos de vivienda, rechazados por la alianza de PP, Vox y Junts, que afectan a miles de contratos de alquiler y la moratoria antidesahucios.
- Sánchez encuadró el llamado electoral como un plebiscito entre el progresismo social y la «ola ultraderechista» que avanza en Europa.
- El presidente reconoció errores y limitaciones de su gestión, pero pidió una «mayoría mucho más amplia» para acometer las reformas pendientes, especialmente en materia de desigualdad y vivienda.
- La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y formaliza el fin anticipado de una legislatura que arrancó en julio de 2023.
Elecciones
El PL reconoció el triunfo de Lula pero Bolsonaro quiere anular la elección que perdió por más de 4 millones de votos
El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, aceptó el resultado oficial, pero pidió explicaciones por las impugnaciones del senador. Lula ganó con el 51,79% y Flávio Bolsonaro anticipa que pedirá anular los comicios, en línea con el historial de su padre, condenado a 27 años por intento de golpe.
El propio partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva, pero el senador sigue sin aceptar una derrota que las urnas dejaron sin discusión. La carta del Partido Liberal (PL) deja a la ultraderecha brasileña atrapada entre la aceptación institucional del resultado y el libreto de fraude que repite desde hace años.
Valdemar Costa Neto, presidente del PL, difundió este lunes una carta pública en sus redes sociales en la que sostuvo que el partido «reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral». Lula resultó reelecto en el balotaje del domingo con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, tras una remontada de más de cuatro millones de votos respecto de la primera vuelta del 4 de octubre, en la que el senador había terminado primero.
Un reconocimiento con letra chica
El texto del PL no cierra el conflicto: el partido pidió explicaciones formales sobre las impugnaciones que presentó Flávio Bolsonaro y denunció que el aumento del gasto público y de los beneficios sociales previo a la elección alteró la equidad de la contienda. Según la carta, en la segunda vuelta el resultado fue distinto en un escenario de «medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social».
Flávio Bolsonaro, por su parte, rechazó la derrota y anticipó que pedirá la anulación de los comicios. Su reclamo se apoya en la decisión del máximo tribunal de extender a último momento el horario de votación, a raíz de una solicitud del oficialismo. En un video difundido en sus redes, el senador prometió «organizar a la oposición» para convertir al Congreso en una «fortaleza contra la barbarie» durante los «cuatro años más de Lula», y denunció un «complejo industrial de noticias falsas» y «abusos de poder político y económico sin precedentes». Es decir, cuestiona el mismo sistema electoral que lo había ubicado primero en la primera vuelta.
El PL, además, destacó su crecimiento parlamentario: logró 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernaciones. Una fuerza con ese peso en las instituciones intenta, al mismo tiempo, deslegitimar la elección que acaba de perder.
El libreto de la ultraderecha brasileña
La desconfianza hacia las urnas no nació este domingo. En 2022, Jair Bolsonaro pasó meses cuestionando la seguridad del sistema electrónico de votación, con acusaciones sin pruebas que ya habían sido refutadas, y tras perder ante Lula en el balotaje guardó silencio sin admitir la derrota. Durante meses se había negado a responder si aceptaría el resultado, y repitió que solo reconocería elecciones que considerara limpias.
Ese desconocimiento del voto popular terminó en violencia. El 8 de enero de 2023, miles de simpatizantes de Bolsonaro tomaron por la fuerza las sedes del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y del Palacio del Planalto en Brasilia, con el objetivo de desconocer el triunfo de Lula. La Justicia brasileña concluyó que aquel asalto fue parte de un plan golpista más amplio.
El 11 de septiembre de 2025, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, por cuatro votos contra uno, por intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y liderazgo de una organización criminal armada, entre otros delitos. Fue la primera vez que un expresidente brasileño recibió una condena por golpismo. El tribunal rechazó luego por unanimidad sus últimos recursos y la pena quedó firme. Además, el Tribunal Superior Electoral lo había declarado inelegible hasta 2030. Hoy cumple arresto domiciliario.
Su hijo hereda la estrategia en un momento delicado: este lunes, además, Flávio denunció que la Justicia le exigió entregar su pasaporte y le prohibió salir del país, en una medida que aún no tuvo confirmación oficial inmediata.
Trump y la sombra de Washington
El conflicto tiene también un capítulo internacional. En 2025, el gobierno de Donald Trump impuso aranceles punitivos a Brasil en represalia por el juicio a Jair Bolsonaro. Antes de las elecciones, Trump recibió a Flávio en la Casa Blanca y lo elogió en su red Truth Social como «un joven inteligente que ama mucho a su país». Lula, por su parte, le había pedido al mandatario estadounidense que no se meta en las elecciones de Brasil, que son un asunto exclusivo del país.
Tras el balotaje, Trump aseguró que los comicios brasileños estuvieron «amañados», aunque advirtió: «Yo no tomé partido». La denuncia de fraude, según se informó, no estuvo acompañada de pruebas. Lula, en tanto, celebró su triunfo en el búnker del PT en San Pablo con una advertencia: «La gente no permitió que el fascismo gane».
En la región, el presidente argentino Javier Milei, que había respaldado a Flávio Bolsonaro en las redes durante la campaña, fue según se informó el único mandatario sudamericano que no reconoció la reelección de Lula. Mientras el resto de la región acepta el veredicto de las urnas, el bolsonarismo y sus aliados siguen sin hacerlo.
Lo que tenés que saber:
- El Partido Liberal reconoció el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral, aunque exigió explicaciones sobre las impugnaciones de Flávio Bolsonaro.
- Lula fue reelecto con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro.
- Flávio rechazó la derrota y pedirá la anulación de los comicios por la extensión del horario de votación.
- Jair Bolsonaro cumple una condena firme de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado, tras el asalto del 8 de enero de 2023.
- Trump dijo que las elecciones estuvieron amañadas, mientras Milei, según se informó, no reconoció la reelección de Lula.
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