DDHH
Denuncian «operaciones de inteligencia» e «infiltrados» entre manifestantes de Jujuy
La reforma de la Constitución provincial derivó en una extendida represión policial con más de 70 heridos, al menos 30 detenidos y procedimientos ilegales.
Dirigentes de la Intergremial de Jujuy denunciaron esta tarde «operaciones de inteligencia» e «infiltrados» del Gobierno jujeño en la protesta contra la reforma de la Constitución provincial que derivó en una extendida represión policial con más de 70 heridos y al menos 30 detenidos.
«Ni los trabajadores, ni los miembros de organizaciones, ni las comunidades originarias somos delincuentes. Tratar la conflictividad social de esta manera no tiene nombre. Vemos camionetas sin identificación que van, vienen y alzan gente, no puede ser que suceda esto, la gente está atemorizada, tiene miedo de regresar a su casa y ser aprehendida», expresó Mercedes Sosa, del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems).
«Se supone que ante una situación de conflicto la policía está instruida para operar con técnicas de disuasión, pero no de ataque. Esto lo están tratando como si fuera una guerra. Llamamos a la pacificación de esta situación», agregó.
Al mostrar preocupación respecto de que no «están garantizados los derechos elementales» en la provincia, también rechazó el ver como se tiran balas de goma «a mansalva» y «videos en los que se ven allanamientos sin orden judicial». Existe incluso «información de que los gremios serían intervenidos», acotó.
En torno a personas infiltradas generando violencia, la dirigente expresó que observaron «jóvenes que intentaron destruir cosas», pero que ellos mismos avanzaron en decirles que se vayan. «Nuestras marchas han tenido siempre un tenor pacífico», remarcó al defender que no se desvirtúe su protesta, bajo la consigna: «arriba los salarios, abajo la reforma».
«Jujuy está siendo vidriera de cómo se están violando los derechos humanos», completó al mencionar que, de momento, la principal demanda al Gobierno de Gerardo Morales es que informe sobre la situación de los detenidos, que no los encaucen; y el contar con la garantía de atención de todos los manifestantes heridos.
En ese sentido, sobre las personas que sufrieron algún tipo de lesión, entre las que se cuentan más de 70, Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), dio detalles sobre un trabajador que forma parte del espacio y que fue herido de gravedad, quien «perdió un ojo y corre peligro de perder el otro».
López acusó la existencia de «distintas operaciones de inteligencia que hace el Gobierno, con mensajes, con videos».
«Incluso en la misma plaza hemos detectado gente de la Brigada arengando a que ataquen», puntualizó.
Santiago Seillant -también del Seom- acotó que «hubo un arengamiento de una agresión a un periodista, y quien lo hacía era un policía».
«Era un infiltrado al que cuando le preguntamos: ¿de qué escuela sos?, no pudo responder. Era un oficial de la Brigada y se tuvo que retirar, no lo agredimos», relató, mientras también comentó que en las represiones a las distintas protestas se «bloquean las señales» de celulares y no se puede trasmitir en vivo.
Además se refirió a las acusaciones del Gobierno jujeño sobre los hechos de violencia: «No es como dice el gobernador que hay grupos políticos nacionales, que se deje de embromar. Hay gremios, organizaciones sociales, pueblos originarios, gauchos. Lo que predomina es el pueblo, dejen de poner excusa y siéntense a escucharlo», demandó al recordar que la reforma se votó restando 60 días de debate, en los que podría haberse llamado al pueblo.
«Que el gobernador deje de pensar en su campaña nacional, es un irresponsable. Que solucione los problemas de Jujuy y deje de pensar en sus internas con la vicepresidenta y los ministros del Gobierno nacional», concluyó.
Para mañana los distintos espacios que integran la Intergremial definieron continuar de paro y con expresiones de protestas en las calles, en suma a los distintos cortes de rutas que se mantienen en las últimas jornadas.
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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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