DDHH
Denuncian «operaciones de inteligencia» e «infiltrados» entre manifestantes de Jujuy
La reforma de la Constitución provincial derivó en una extendida represión policial con más de 70 heridos, al menos 30 detenidos y procedimientos ilegales.
Dirigentes de la Intergremial de Jujuy denunciaron esta tarde «operaciones de inteligencia» e «infiltrados» del Gobierno jujeño en la protesta contra la reforma de la Constitución provincial que derivó en una extendida represión policial con más de 70 heridos y al menos 30 detenidos.
«Ni los trabajadores, ni los miembros de organizaciones, ni las comunidades originarias somos delincuentes. Tratar la conflictividad social de esta manera no tiene nombre. Vemos camionetas sin identificación que van, vienen y alzan gente, no puede ser que suceda esto, la gente está atemorizada, tiene miedo de regresar a su casa y ser aprehendida», expresó Mercedes Sosa, del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems).
«Se supone que ante una situación de conflicto la policía está instruida para operar con técnicas de disuasión, pero no de ataque. Esto lo están tratando como si fuera una guerra. Llamamos a la pacificación de esta situación», agregó.
Al mostrar preocupación respecto de que no «están garantizados los derechos elementales» en la provincia, también rechazó el ver como se tiran balas de goma «a mansalva» y «videos en los que se ven allanamientos sin orden judicial». Existe incluso «información de que los gremios serían intervenidos», acotó.
En torno a personas infiltradas generando violencia, la dirigente expresó que observaron «jóvenes que intentaron destruir cosas», pero que ellos mismos avanzaron en decirles que se vayan. «Nuestras marchas han tenido siempre un tenor pacífico», remarcó al defender que no se desvirtúe su protesta, bajo la consigna: «arriba los salarios, abajo la reforma».
«Jujuy está siendo vidriera de cómo se están violando los derechos humanos», completó al mencionar que, de momento, la principal demanda al Gobierno de Gerardo Morales es que informe sobre la situación de los detenidos, que no los encaucen; y el contar con la garantía de atención de todos los manifestantes heridos.
En ese sentido, sobre las personas que sufrieron algún tipo de lesión, entre las que se cuentan más de 70, Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), dio detalles sobre un trabajador que forma parte del espacio y que fue herido de gravedad, quien «perdió un ojo y corre peligro de perder el otro».
López acusó la existencia de «distintas operaciones de inteligencia que hace el Gobierno, con mensajes, con videos».
«Incluso en la misma plaza hemos detectado gente de la Brigada arengando a que ataquen», puntualizó.
Santiago Seillant -también del Seom- acotó que «hubo un arengamiento de una agresión a un periodista, y quien lo hacía era un policía».
«Era un infiltrado al que cuando le preguntamos: ¿de qué escuela sos?, no pudo responder. Era un oficial de la Brigada y se tuvo que retirar, no lo agredimos», relató, mientras también comentó que en las represiones a las distintas protestas se «bloquean las señales» de celulares y no se puede trasmitir en vivo.
Además se refirió a las acusaciones del Gobierno jujeño sobre los hechos de violencia: «No es como dice el gobernador que hay grupos políticos nacionales, que se deje de embromar. Hay gremios, organizaciones sociales, pueblos originarios, gauchos. Lo que predomina es el pueblo, dejen de poner excusa y siéntense a escucharlo», demandó al recordar que la reforma se votó restando 60 días de debate, en los que podría haberse llamado al pueblo.
«Que el gobernador deje de pensar en su campaña nacional, es un irresponsable. Que solucione los problemas de Jujuy y deje de pensar en sus internas con la vicepresidenta y los ministros del Gobierno nacional», concluyó.
Para mañana los distintos espacios que integran la Intergremial definieron continuar de paro y con expresiones de protestas en las calles, en suma a los distintos cortes de rutas que se mantienen en las últimas jornadas.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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